La Unión Europea (UE) debe rechazar el proceso de desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), advirtieron 155 organizaciones de derechos humanos, entre ellas 75 europeas y 68 colombianas.
La denominada Ley de Justicia y Paz, aprobada en junio como marco legal de la entrega de armas de estos grupos ultraderechistas, y dos decretos que la complementan no son garantía de justicia para las víctimas de ataques, y los autores no tendrán que pagar por sus crímenes, dicen las organizaciones no gubernamentales en Carta Abierta a la UE.
La UE deberá decidir el martes 6 de septiembre si apoya el proceso de retorno a la vida civil de las AUC. Los firmantes señalan que "Europa no puede contribuir a la legalización de la injusticia".
El llamado fue suscrito el miércoles por organizaciones civiles, sociales y religiosas de Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda, Italia, Portugal y Suiza, ocho sudamericanas y cuatro internacionales, como la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Mundial contra la Tortura.
El gobierno colombiano obtiene apoyo financiero y político de Estados Unidos para la desmovilización.
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La UE definió en diciembre que respaldaría dicho proceso, iniciado formalmente en julio de 2004 por el gobierno colombiano, a condición de que se llevara a cabo en un marco legal acorde con el derecho internacional, y los paramilitares respetaran el cese de hostilidades.
Ninguno de los dos criterios ha sido cumplido, según la Carta Abierta.
Las negociaciones de Bogotá con las AUC se destinaron a desmovilizar a uno de los actores armados de la guerra civil que lleva más de cuatro décadas y que se inició con el alzamiento de guerrillas rurales izquierdistas aún en armas.
Poco antes de que se aprobara la ley, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que el Estado colombiano tenía obligaciones "frente a los derechos fundamentales de las víctimas de los 'delitos graves conforme al derecho internacional' (que han sido) consumados en su territorio".
La Ley de Justicia y Paz falla en garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, condiciones esenciales para una futura reconciliación entre los colombianos, consideró la Oficina de la Alta Comisionada.
La ley reglamenta la desmovilización, reconoce estatus político a los paramilitares, establece un plazo máximo de 60 días para que 20 fiscales especiales investiguen los crímenes cometidos por éstos y alivia las penas. También determina condiciones para la reparación de las víctimas.
"La paz y la reconciliación no pueden estar fundadas ni en el olvido de los crímenes, ni en la indulgencia hacia los criminales, ni en el menosprecio por las víctimas", dijo la oficina de la Organización de las Naciones Unidas.
Con motivo del Día Internacional de los Desaparecidos el 30 de agosto, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias clasificó esta ley como una "amnistía implícita" e "impunidad".
Además, manifestó alarma porque "la ausencia de reportes (denuncias sobre los crímenes) en la mayoría de los casos, a nivel nacional e internacional, se debe al temor por represalias de los grupos armados paramilitares".
Un informe de Amnistía Internacional (AI), que analizó el jueves las debilidades y consecuencias de la ley, concluyó que a los escuadrones de la muerte desmovilizados les esperaban notables reducciones de penas.
"Esta ley no conduce ni a la justicia ni a la paz", dijo Jörg Lehnert, experto de AI para Colombia.
Hasta ahora, unos 10.000 paramilitares son alcanzados por la ley, pero esa cantidad podría duplicarse pues las AUC han seguido reclutando efectivos mientras negociaban su entrega con el gobierno.
La ONU ha atribuido a estas bandas hasta 80 por ciento de crímenes cometidos en el conflicto, y la ley no prevé mecanismos efectivos para probarlos.
En una encuesta realizada en junio por más de 50 estudiantes de universidades privadas de Bogotá con desmovilizados de las AUC, un entrevistado afirmó que "en todos los operativos coordinábamos con el Ejército o la policía, a veces ellos salían y nosotros llegábamos, otras veces ellos nos brindaban protección para la retirada y, casi siempre, nos entregaban informes de inteligencia".
La orden de arrasar "depende del jefe, si él quería le dábamos 'chumbimba' (plomo) a todo el mundo, pero si él estaba de buenas pulgas, sólo sacábamos a los que estaban en la lista, es decir, guerrilleros de civil, y los matábamos delante de la familia", afirma otro testimonio.
Otras declaraciones en dicha encuesta se encuentran en un artículo titulado "Módulo Cero", publicado en el sitio de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (http://www.codhes.org.co).
Organizaciones humanitarias colombianas responsabilizan a las AUC de más de 2.000 asesinatos y desapariciones y de al menos 570.000 desplazados durante el cese de hostilidades dispuesto por los propios paramilitares en diciembre de 2002.
Las AUC han reconocido que 70 por ciento de sus ingresos provienen del narcotráfico. La prensa colombiana está revelando que varios de los jefes de las AUC que encabezaron la negociación con el gobierno son en realidad capos de la droga.
Tanto Estados Unidos como la UE mantienen a las AUC en su listado de organizaciones terroristas.
Según expertos, a través de acciones paramilitares 4,5 millones de hectáreas de las mejores tierras de Colombia han cambiado de manos violentamente, mientras tres millones de desplazados viven en la miseria en las ciudades.
Esta semana, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, prestó apoyo público a la desmovilización. El organismo hemisférico mantiene una misión de control del proceso que ha despertado muchas críticas en Colombia.
En privado, ante las ONG colombianas, Insulza reconoció necesario "replantear la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP-OEA) y revisar su mandato, para que haya una verificación efectiva del cese al fuego", así como una "efectiva desmovilización, de tal manera que no se desmovilicen por un lado y se movilicen por otro".
También consideró necesaria la "presencia de un sustantivo grupo de verificación en derechos humanos".
El director de la MAPP-OEA, Sergio Caramagna, justifica en la falta de recursos su silencio ante las violaciones del cese al fuego.
Los paramilitares ingresaron a filas por un sueldo, "porque 'no había más nada que hacer' en las zonas rurales o urbanas en donde fueron reclutados", se lee en "Módulo Cero".
Los desmovilizados esperan que el gobierno cumpla con el trato de pagarles durante dos años 156 dólares mensuales (poco menos que el salario mínimo), y una donación de 3.500 dólares para montar una actividad productiva.
Si el gobierno no cumple, no descartan dedicarse al narcotráfico o volver a la guerra, "porque todavía hay cositas que hacer". Algunos han sido invitados a reintegrar grupos para operar sobre todo en la frontera con Venezuela. "Es que se están rearmando en el Catatumbo y necesitan gente con experiencia", afirma uno de los encuestados.
A pedido del presidente Álvaro Uribe, las empresas de seguridad se mostraron dispuestas a contratar desmovilizados para trabajar como guardias. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció su intención de imponer la contratación de estas empresas a todos los edificios del país, inclusive viviendas familiares.
La mayoría de estas compañías pertenecen a militares retirados.
En estas condiciones, las ONG firmantes de la carta abierta temen que la UE se decida el martes a apoyar financieramente la desmovilización paramilitar.
* Con aportes de Kirsten Prestin (Bonn).
