El gobierno argentino de Néstor Kirchner devolverá totalmente a la Corte Suprema de Justicia la credibilidad perdida en los años 90 si renuncia a cubrir las dos últimas vacantes para completar su integración de nueve miembros, según grupos de la sociedad civil.
Kirchner, poco después de asumir la presidencia en 2003, impuso cambios para hacer más transparente la forma de nominar a los candidatos a integrar el más alto tribunal. También desde entonces asumieron como nuevos miembros de ese cuerpo los magistrados Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton y Ricardo Lorenzatti.
El constitucionalista Alejandro Carrió, presidente de la no gubernamental Asociación por los Derechos Civiles, manifestó a IPS su preocupación por la posibilidad de que un mismo presidente pueda nombrar a seis magistrados en poco más de dos años, y recomendó al Poder Ejecutivo "autolimitarse" y dejar la Corte Suprema de Justicia con sólo siete integrantes.
Por su parte, la abogada Andrea Pochak, del humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales, opinó para IPS que, si este gobierno ya designó a cuatro jueces, "lo aconsejable es abstenerse" de proponer nuevos nombres, en beneficio de seguir en la línea que transitó hasta ahora de devolver a la Corte la credibilidad perdida en la década del 90.
Como una luz amarilla de advertencia, las recomendaciones llegan un día después de la destitución del juez Antonio Boggiano, el último sobreviviente de la llamada "mayoría automática" elegida por el entonces presidente Carlos Menem (1989-1990) y que favorecía los designios de ese gobierno.
Ahora, Kirchner podría elegir un nuevo candidato después de las elecciones legislativas del 23 de octubre para que el Senado resuelva sobre su designación, como establece la Constitución, o presentar una iniciativa en el Congreso para reducir la cantidad de integrantes de la Corte Suprema.
Por el momento se desconoce cuál será su decisión, aunque sí trascendió en la prensa que hubo sondeos para la presentación de un nuevo candidato.
Boggiano fue destituido como consecuencia del juicio político realizado en el Senado, que lo condenó por mal desempeño y lo declaró inhabilitado para ocupar cargos públicos.
La principal imputación en su contra fue haber votado en 2002, sin pruebas que avalaran esa decisión, en contra de una apelación que hizo el Estado para evitar pagar una indemnización de 400 millones de dólares exigida por una empresa.
Por esa misma causa y otras irregularidades también fue destituido de la Corte a fines de 2004 Eduardo Moliné O'Connor. En cambio, sus colegas Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López, también acusados de una variada gama de ilegalidades cometidas en su función durante la misma época, prefirieron adelantarse al juicio político y renunciaron.
Menem había nombrado a esos cinco magistrados tras un criticado procedimiento por el que amplió de cinco a nueve el número de miembros del máximo tribunal en 1990. De esa manera, se aseguró la "mayoría automática", que votaba siempre de acuerdo a los intereses del Poder Ejecutivo.
Para Pochak, esa Corte de los años 90 fue la que contribuyó al mayor desprestigio de las instituciones democráticas argentinas.
Sólo 10 días después de asumir el gobierno el 25 de mayo de 2003, Kirchner reclamó al Congreso legislativo avanzar en el proceso contra Nazareno, el entonces presidente de la Corte, que intentaba extorsionarlo, según denunció entonces el mandatario.
Esa intención de enjuiciar a Nazareno, amigo y ex socio en un estudio jurídico de Menem y de su hermano, el senador Eduardo Menem, había fracasado varias veces por falta de apoyo en el parlamento. Cuando finalmente prosperó el proceso fue que renunció, con lo cual pudo acceder a una cuantiosa jubilación.
Al mismo tiempo, el presidente Kirchner aceptó una recomendación de las organizaciones de la sociedad civil para modificar el método de selección de los candidatos a integrar la Corte Suprema. Hasta entonces, el Poder Ejecutivo proponía un nombre al Senado y ese cuerpo lo aprobaba en un trámite rápido y a libro cerrado, que significaba casi una formalidad.
De ahí que los jueces designados muchas veces podían carecer de los méritos y capacidades requeridas para ese alto cargo. Tampoco estaban ausentes las serias sospechas de corrupción.
El gobierno centroizquierdista de Kirchner, del mismo Partido Justicialista que Menem pero en sus antípodas ideológicas, tomó las propuestas de cambio de la sociedad civil respecto de la nominación de candidaturas para la Corte Suprema de Justicia.
A partir de entonces se propone el nombre de un candidato con antelación suficiente como para que sus antecedentes sean sometidos al escrutinio de las organizaciones sociales y del propio parlamento mediante audiencias públicas, en las que es posible inclusive impugnar la designación presidencial.
Por ese método ingresaron al alto tribunal cuatro magistrados de prestigio nacional e internacional, incluido dos mujeres. Los nuevos integrantes son Zaffaroni, Argibay, Highton y Lorenzatti.
Así, con la destitución de Boggiano y la renuncia del juez Augusto Belluscio, quien integraba la corte desde la década del 80, el Poder Ejecutivo tendría la posibilidad de hacer otros dos nombramientos. Las organizaciones civiles le recomiendan a Kirchner, una vez más, que se autolimite y deje ese tribunal con siete integrantes.
"La Corte de los años 90 fue mala, daba permanentes señales de falta de independencia, pero yo creo que también es riesgoso que un presidente haga tantos nombramientos", advirtió Carrió. Por eso, aún cuando admitió que el proceso de selección es ahora "transparente", recomendó reducir el número de miembros.
"Los nuevos jueces designados son idóneos y no califican para una 'mayoría automática' —como se identificó al grupo de jueces adictos a Menem— pero si el gran problema de aquella Corte fue la caída de la credibilidad, deberíamos seguir avanzando en ese camino", pidió el constitucionalista.
Del mismo modo, Pochak reconoció que hay "un antes y un después" en la Corte Suprema a partir de la nueva forma de designación de los jueces incorporada por Kirchner. Pero apuntó que es "prematuro" suponer que ya existe un tribunal "legítimamente creíble". "Hay que hacer cambios más graduales", aconsejó.
Para la abogada, Kirchner debería "abstenerse" de designar nuevos candidatos dejando a la Corte en siete miembros. "No es por los jueces que ya nombró, que hasta ahora fueron todos idóneos, sino para dar un mensaje a la sociedad de que se busca mantener la credibilidad en esa institución", añadió.
Pochak agregó que también el Poder Legislativo podría contribuir en esa política si discutiera alguno de los proyectos de ley para reducir el número de miembros de la Corte.
"Si el Congreso no avanza, el presidente tiene un argumento legal para negarse, pero el Ejecutivo también puede influir si el presidente anuncia su voluntad de cerrar aquí el proceso de cambios en el máximo tribunal", desafió la experta. (
