La hoja de coca, de uso ancestral en la zona de la cordillera de los Andes, además de ser motivo de continuos conflictos externos, abona ahora fuertes disputas políticas en Perú en particular, debido a ordenanzas emitidas por cuatro gobiernos regionales.
La guerra de nervios estalló cuando el gobierno de la central región del Cusco declaró a la coca Patrimonio Regional Natural-Biológico-Cultural-Histórico de la zona, donde existen al menos tres valles en los que se cultiva la planta, conocida aquí como la hoja sagrada de los Incas.
Son zonas de producción tradicional de carácter legal de la planta de la hoja de coca los valles de La Convención y Yanatile, en la provincia de Calca, y de Qosñipata, en la provincia de Paucartambo, señala la ordenanza 031-2005 con fecha 12 de junio. En esos lugares actúa el narcotráfico, según el gobierno nacional de Alejandro Toledo.
En Cusco, una de las 26 regiones en que está dividido administrativamente Perú, se producen unas 18.000 toneladas de hoja de coca y sólo la mitad sería legal, señaló a IPS Fernando Hurtado, gerente general de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, el organismo gubernamental antidrogas más conocido como Devida.
Pero Hugo Cabieses, un economista coautor del libro Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú. Escritos urgentes, duda de la cifra manejada por Hurtado y sostiene que la ordenanza cusqueña no es necesariamente un peligro sino que responde a cálculos políticos tanto nacionales como regionales.
Lo racional hubiera sido aprovechar la legalidad que proclaman esas ordenanzas para proceder a un empadronamiento de los cocaleros (cultivadores) y concertar una política entre el Estado y las regiones. Nadie está hablando de coca ilegal, explicó Cabieses a IPS.
Pero esto no se produjo y, por el contrario, cundió lo que el gobierno de Toledo llamó mal ejemplo de la región cusqueña. El 13 de julio le siguió la vecina Puno, más al sur del país, cuyo gobierno dictó una ordenanza similar en la que también reconoce como zonas de producción tradicional legal a dos cuencas cocaleras.
La región de Huánuco, ubicada entre los andes y la selva central, hizo lo propio siete días después, refrendando una ordenanza que ya había emitido un año antes y en la que se declaraba la hoja de coca como patrimonio cultural y de seguridad alimentaria.
De ese modo tres regiones siguieron el mismo camino que en realidad había inaugurado el 9 de junio Ayacucho, en la sierra central, cuya disposición había pasado en un principio casi desapercibida pero que al igual que las demás reconoce como zona de producción tradicional de la hoja de coca a dos valles de tradición en este tipo de cultivo.
Con estas cuatro ordenanzas en vigor, el gobierno nacional interpuso el 23 de julio una demanda de inconstitucionalidad a través de la Procuraduría Pública, en principio contra la ordenanza cusqueña, por haber vulnerado el marco jurídico nacional al legalizar determinadas zonas del país para el libre cultivo de la hoja de coca.
La querella está ya en el Tribunal Constitucional, la instancia final que resuelve estos casos, pero eso no ha bajado los decibeles de la discusión, que está sumamente ligada a la antigüedad de la legislación sobre el cultivo de coca en Perú.
En rigor, la norma que rige en estos momentos la producción cocalera es el decreto ley 22095 de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, que data de 1978, cuando el país estaba bajo la dictadura del general Francisco Morales Bermúdez.
El propio nombre de la norma evidencia, según los analistas consultados por IPS, un punto de vista muy cerrado. Uno de sus artículos dice además que queda terminantemente prohibido el cultivo de coca y almácigos en nuevas áreas del territorio nacional, algo que, como señala Cabieses, a todas luces no ha ocurrido.
Esa norma también otorgaba a la estatal Empresa Nacional de la Coca (Enaco) el monopolio de la compra y comercialización de la hoja en el Perú, facultad que hoy está prohibida por la Constitución de 1993.
Ricardo Soberón, otro autor del libro Amazonía, coca y narcotráfico en el Perú…, declaró a IPS que esta ley es obsoleta y absurda, porque pone el énfasis en la represión y no trata el asunto como un problema también agrario y económico, teniendo en cuenta que se trata de un cultivo ancestral.
Las cifras de la producción de coca en Perú se contradicen según quien las maneje. Hurtado indicó que existen en Perú más de 50.000 hectáreas de cultivos de coca, que en 2004 produjeron 110.000 toneladas de hojas. Apenas 9.000 de esas toneladas son legales, aseguró.
Sin embargo, Enaco sólo logra comprar 3.000 toneladas, que luego vende en los mercados locales. Las otras 6.000 circulan informalmente en mercados más pequeños, donde son compradas para el chaccheo (masticación tradicional de la hoja) de los campesinos.
El resto de la producción ilegal peruana de hoja de coca se destina a la maceración para elaborar la pasta base de cocaína, práctica que hace disparar los precios.
Así, de tres o cuatro dólares por kilogramo de hoja de coca se pasa a 800 dólares por kilogramo de clorhidrato de cocaína.
Soberón coincide con estos precios, pero afirma que la cantidad de producción podría estar inflada y que lo más probable es que no se pase de las 50.000 toneladas de hojas por año.
El narcotráfico, según Soberón, es una actividad que hoy mueve 320.000 millones de dólares al año en el mundo y la región andina es uno de los principales centros de producción con al menos 250.000 hectáreas de plantaciones de coca, la mayoría de las cuales son ilícitas.
En el centro del debate se sitúa la presunta dependencia de Perú de la asistencia contenida en la política externa antidrogas de Estados Unidos, centrada en la reducción de la oferta de coca y en los programas de desarrollo alternativo
Para este experto, esa política ha demostrado su ineficacia, pero además trae de contrabando el dominio geopolítico. Desde hace varios años la guerra contra las drogas se utiliza como una manera de dominar determinadas regiones, apuntó.
Hurtado rechaza esa presunción, explicando que Devida también trabaja con la Unión Europea, pero las fuentes a las que tuvo acceso IPS confirman que sólo tres por ciento del presupuesto de Devida proviene de las arcas del estado peruano y el resto se constituye de aportes estadounidenses y de otros países.
El desarrollo de cultivos alternativos tampoco ha sido exitoso. El mismo Hurtado reconoció que, si el kilogramo de hoja de coca se cotiza a tres o cuatro dólares y el de café llega apenas a 1,20 o 1.50 dólares es difícil avanzar.
El Estado debería reprimir al narcotráfico y no al productor, sostuvo Soberón. Con ello coincidió Elsa Malpartida, dirigente de los cultivadores de coca del valle del Alto Huallaga (Huánuco) en breve conversación con IPS.
Estamos de acuerdo con la fiscalización, con la legalidad, no somos narcotraficantes, dijo. Pero mientras se espera el desenlace de la demanda interpuesta contra la ordenanza cusqueña, el Estado no parece caminar hacia otra política antidrogas, que al menos distinga los eslabones de este enorme problema. (
