La OEA agregará una Carta Social a los compromisos que ha suscrito desde su creación en 1948, si los países miembro logran acordar un contenido de principios sobre los derechos de los pueblos y la lucha contra la pobreza que asedia al continente.
Un comité designado por la reunión de embajadores y delegados ante la OEA (Organización de Estados Americanos) realizada en Caracas comenzará a trabajar desde este jueves en la sede del foro en Washington, con la aspiración de tener el borrador pronto para su aprobación en la reunión de la próxima asamblea general de julio de 2006 en República Dominicana.
La llamada Carta Social fue propuesta por el gobierno venezolano de Hugo Chávez como complemento de la Carta Democrática que se aprobó en Lima el 11 de septiembre de 2001, el mismo día de los atentados terroristas en Nueva York y Washington.
Con la intención de recoger opiniones sobre el borrador de esa Carta presentado por Venezuela se convocó a una reunión de dos días en Caracas, inaugurada por el propio Chávez y que finalizó en la víspera con la presencia de funcionarios y embajadores de los 34 países miembros activos de la OEA, todos los del continente a excepción de la suspendida Cuba desde 1962.
La Carta "no será una nueva convención que castigue a los Estados que incumplan o un programa de gobierno hemisférico, sino un compromiso principista con consideraciones sobre la justicia social", puntualizó a IPS Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la OEA.
Los promotores buscan que la Carta "se acompañe de un plan de acción, con tareas concertadas, convergentes y cooperativas para enfrentar la pobreza, cuyo combate es un denominador común en los programas de los gobiernos de la región", indicó Valero.
La cita de Caracas "ha sido como un precalentamiento, hemos intercambiado opiniones, pero no ha comenzado todavía la negociación de la Carta", advirtió el embajador de Chile ante la organización hemisférica, Esteban Tomic.
En Caracas, el propio secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, apoyó la adopción de la Carta Social como una extensión de la de Lima, "que señala la íntima ligazón entre democracia, desarrollo y derechos sociales".
"No es casual que las crisis políticas golpeen con mayor intensidad y frecuencia a los países más pobres", argumentó.
Tampoco "es posible la libertad en la pobreza. En América Latina y el Caribe hablamos de eso desde hace tiempo, pero 43 por ciento de los latinoamericanos son pobres y, de ellos, unos 100 millones viven en la miseria", precisó Insulza.
Agregó que "si cumpliéramos mínimamente los Objetivos del Milenio de (la Organización de) las Naciones Unidas (ONU), deberíamos sacar de la pobreza a más de 100 millones de personas en 10 años, una meta imponente, y todavía más de 100 millones seguirían siendo pobres". La población de la región ya supera las 590 millones de personas, según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Los ocho Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio contemplan reducir a la mitad la cantidad de personas en pobreza extrema y con hambre para 2015, así como lograr la enseñanza primaria universal y promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.
A ellos se agregan combatir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida), el paludismo y otros males, garantizar la sostenibilidad del ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Casi todas esas metas deben cumplirse antes de 2015 y tienen como referencia a 1990.
Para el presidente Chávez, "esas metas del milenio son modestísimas, porque tenemos en América Latina más pobreza y exclusión que hace 15 años, lo que indica que no vamos por buen camino".
"¿Queremos en verdad solucionar el problema de la pobreza? Cambiemos el modelo, salgamos del capitalismo y transitemos un socialismo de nuevo tipo", postuló Chávez en la sesión inaugural.
La propuesta venezolana de Carta es una larga enumeración, con 129 artículos distribuidos en 16 capítulos, de derechos de los pueblos y obligaciones de los países, que se inicia reconociendo el derecho a la vida como inalienable y desalienta "todo método que atente contra la vida como estrategia para resolver los problemas derivados de la pobreza".
Se declara a la vida como patrimonio colectivo "y nadie podrá patentar el genoma de los seres vivos, ni utilizarlo con fines discriminatorios, ni se permitirá el uso de seres humanos como objetos de experimentación biológica ni prácticas científicas".
Los estados, según el borrador, se comprometen a dispensar salud a sus pueblos, desde la atención médica primaria hasta proveer terapias y medicamentos a los portadores de enfermedades crónicas de alto costo, como el virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida.
Se reconoce el derecho de todos a la educación, al trabajo, a la vivienda, y a la protección social prioritaria de las personas vulnerables, como las de la tercera edad, con discapacidad, en orfandad, desempleo, víctimas del hambre o desplazados por la violencia.
Igualmente los derechos de las familias, al suelo como patrimonio colectivo, a la organización y participación política, a la identidad cultural, al acceso a la ciencia y a la tecnología, al esparcimiento y al ambiente sano. También hay 14 artículos en los que se consagran los derechos de los pueblos indígenas.
En la redacción de muchos artículos, el borrador de Venezuela traslada al ámbito hemisférico postulados y normas de la misma Constitución de Venezuela, aprobada en 1999 a impulso del gobierno de Chávez, y de leyes del mismo origen, que contrastan con las políticas económicas, comerciales y de libertades públicas que defienden países como Estados Unidos.
Por ejemplo, se dispone en el texto propuesto que las empresas deberán destinar cinco por ciento de sus ingresos a planes de formación de sus trabajadores, se apoya la autogestión obrera en las firmas, y se establece que los estados deberán regular los medios de comunicación para garantizar su responsabilidad social y su compromiso con los valores democráticos.
Estados Unidos, cuyo gobierno de George W. Bush mantiene una sorda pugna política y diplomática con el venezolano, acudió a la cita de Caracas con un muy bajo perfil al hacerse representar por un funcionario de segundo nivel de su embajada en Venezuela.
"Vaya problema que tendrán los redactores de la Carta, pues en el norte de América hay una elite que está tan alejada de América Latina como el más distante de los planetas", comentó Chávez durante su intervención ante los delegados de la OEA.
El representante de Canadá en la OEA, Paul Durand, pidió a sus homólogos que la Carta explore las potencialidades del libre mercado y del Área de Libre Comercio de las Américas, que impulsa Washington, para enmarcar los programas contra la pobreza.
Por su parte, el delegado de Colombia, Álvaro Tirado, adelantó que su país defenderá que la Carta "sea producto de un consenso sólido y recoja el común denominador de los programas sociales que desarrollan los estados del hemisferio, para aumentar progresivamente el bienestar de la región".
Valero subrayó a IPS que "la Carta deberá adoptarse por consenso, y lo que queremos es que se debatan nuestras propuestas hasta llegar a acuerdos".
Insulza, a su vez, comentó que "lo más interesante de la Carta es cómo se ejecutará".
Para el ministro venezolano de Educación, Aristóbulo Istúriz, "la Carta ya es insoslayable, y lo que queremos es que no la discutan solamente las elites políticas y los gobiernos, sino los movimientos y organizaciones sociales de los pueblos".
