Tras seis meses de idas y vueltas, el Consejo de Seguridad de la ONU tomó el primer paso para proteger a niños en conflictos armados, pero sin disponer castigos a países y organizaciones insurgentes que los reclutan y abusan de ellos.
Se trata de una resolución que incluye una serie de medidas a cargo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) dirigidas a poner fin al suplicio que sufren en el mundo un cuarto de millón de niños y a causa del cual murieron unos dos millones en el último decenio en todo el mundo.
El Consejo aprobó este martes una serie de medidas, incluido el establecimiento de un mecanismo de control, destinadas a impedir el reclutamiento y el secuestro de niños, los ataques contra escuelas y hospitales y la negación de acceso a ayuda humanitaria a los menores.
Estamos desilusionados porque el Consejo no impuso medidas como el embargo de armas contra gobiernos y grupos bien conocidos por reclutar niños, advirtó Jo Becker, directora de la División de Derechos de la Infancia de la organización humanitaria Human Rights Watch.
De todos modos, confiamos en que el nuevo grupo de trabajo creado por el Consejo tome en serio las continuas violaciones y recomiende medidas fuertes contra quienes las perpetren, dijo Becker a IPS.
Entre las medidas que podría tomar el Consejo contra países y organizaciones infractoras figuran embargos de armas y restricciones de viajes a líderes gubernamentales e insurgentes que someten a los niños y niñas de la guerra.
Además de esas limitaciones, se considera prohibir la ayuda militar, restringir el flujo de recursos financieros y excluir a dirigentes insurgentes y funcionarios de gobiernos de cualquier previsión de amnistía o cargo administrativo.
Estas medidas fueron discutidas por primera vez por el Consejo durante un debate abierto en febrero de 2005.
Dada la diversidad de opiniones al respecto, en especial entre los miembros permanentes del órgano —China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Rusia—, la resolución adoptada dejó de lado la cuestión de las sanciones.
Julia Freedson, directora de la red de organizaciones no gubernamental Watchlist on Children and Armed Conflict, dijo a IPS que el trabajo del Consejo no termina con esta resolución, sino que más bien comienza aquí.
Para los cientos de miles de niños y sus familias devastados por conflictos armados de todo el mundo, la ONU debería asegurarse de que este sistema no se convierta en un ejercicio retórico de recolección de datos, sostuvo Freedson.
La fuerza motriz detrás de este esfuerzo por recopilar información debe ser, más bien, procurar justicia para los crímenes cometidos contra niños e impedir futuras atrocidades, agregó.
Una posibilidad, según Freedson, sería incluir el reclutamiento de niños dentro de los actuales regímenes de sanciones.
La resolución del Consejo es un verdadero avance histórico, según Olara Otunnu, representante especial de la ONU para Niños en Conflictos Armados, partidario de medidas concretas contra los países y organizaciones que reclutan menores.
Por primera vez, la ONU establece un régimen formal, estructurado y detallado de este tipo, dijo Otunnu a la prensa.
La resolución reúne todos los elementos clave que hemos estado desarrollando en los últimos años, aseguró.
El nuevo mecanismo implicará que grupos de trabajo conducidos por la ONU se establecerán en fases en países afectados por conflictos, en primera instancia para observar la conducta de los bandos en pugna y transmitir informes regulares a un grupo de trabajo central instalado en la sede del foro mundial en Nueva York.
A su vez, esos informes servirán para disponer sanciones, pronosticó..
El grupo de trabajo central, integrado por los 15 países del Consejo de Seguridad, considerará medidas que apunten a las partes transgresoras con avances insuficientes o inexistentes, explicó Otunnu.
Tales medidas serían las consideradas ya por el Consejo: restricción de viajes a los líderes, exclusión de estructuras de gobierno y previsiones de amnistía, prohibición de ayuda militar y restricción de flujos financieros, entre otras.
Becker dijo a IPS que todos los días niños y niños son asesinados, sometidos a violación y reclutados en circunstancias de conflicto armado. La acción del Consejo de Seguridad para establecer mecanismos de largo plazo para informar y actuar sobre estos horripilantes abusos es necesaria y bienvenida, afirmó.
También sostuvo que tanto la ONU como los gobiernos deben ejercer una presión más fuerte sobre los gobiernos y organizaciones armadas para que pongan fin a sus crímenes contra los niños.
El alcance y gravedad de estos abusos es intolerable, advirtió.
En un informe dirigido al Consejo en febrero, Otunnu indicó que unos 250.000 niños y niñas son explotados como combatientes, peones, espías y esclavos sexuales por fuerzas beligerantes en conflictos armados.
Otunnu incluyó a 54 organizaciones insurgentes y gobiernos de países integrantes del foro mundial que usan menores como soldados en 11 conflictos armados.
Entre los países donde la situación es preocupante, según el informe, figuran Birmania, Burundi, Colombia, Costa de Marfil, Filipinas, Nepal, República Democrática del Congo, Somalia, Sri Lanka, Sudán y Uganda.
Entre las organizaciones insurgentes que abusan de niños y niñas se encuentran el Ejército de Resistencia del Señor, del norte de Uganda, los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil, en el nordeste de Sri Lanka, y las fuerzas guerrilleras de Birmania, Colombia y República Democrática del Congo.
En países como Colombia, Sierra Leona y Liberia, los niños suelen enrolarse —voluntariamente o forzados— para participar en combates cuando son menores de 15 años, en contravención de las convenciones internacionales, según el informe.
El estudio indica que la situación mejoró en muchos países, como Afganistán, Liberia, Sierra Leona y Timor Oriental. Pero el secuestro y la violación de niños y niñas continúa, por ejemplo, en Burundi, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Somalia.
El estudio de la ONU también menciona a Sudán, donde las milicias árabes Janjaweed son responsables de actos calificados de genocidio por Estados Unidos. De todos modos, Colombia es el país en que la situación es peor, con más de 11.000 niños combatientes.
En el último decenio, unos dos millones de niños y niñas resultaron muertos a consecuencia de conflictos armados y seis millones sufrieron heridas o incapacidad permanente, según la ONU.
Los insurgentes que reclutan niños suelen evadir sus responsabilidades al decir que sus combatientes son todos mayores de edad.
Pero los funcionarios de la ONU y las organizaciones de derechos humanos son incapaces de verificar la edad real de los combatientes, pues no fueron registrados al nacer.
Así, no existen registros del nacimiento de seis de cada 10 niños nacidos cada año en Asia meridional, ni de 55 por ciento de los nacidos en África subsahariana.
Es imposible saber cuántos son los niños no registrados, pero estimamos que son más de 500 millones, según un informe de la organización no gubernamental Plan, divulgado en Londres.
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de la Infancia, aprobada en 1990 y ratificada por 192 países, establece que ningún menor de 15 años puede ser reclutado.
De todos modos, un protocolo opcional de la Convención, en vigor desde 2003, prohíbe la participación en combates de los menores de 18 años.
El artículo 7 de la Convención establece que los niños deben ser registrados inmediatamente después de nacer. Pero algunos países que ratificaron la norma no implementaron aún esa disposición.
