La Unión Americana de Libertades Civiles recibe miles de páginas de informes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre el abuso de prisioneros en la base naval estadounidense de Guantánamo, Cuba.
Documentos de la Agencia de Protección Ambiental revelan que, casi cuatro años después del derrumbe de las torres gemelas de Nueva York por un atentado terrorista, la llamada zona cero todavía está contaminada con amianto.
Y cuando un avión comercial se estrelló en los Everglades, del nororiental estado de Florida, matando a 110 personas, el diario The Plain Dealer, de Cleveland, Ohio, obtuvo documentos que demostraban que el gobierno conocía los problemas de seguridad de la aerolínea.
Todas estas revelaciones, y miles más, fueron posibles gracias a la Ley de Libertad de Información, que cumple su 39 aniversario este lunes 4 de julio.
Durante la segunda guerra mundial, el gobierno de Estados Unidos brindaba escasa información a la prensa y al público. Después del conflicto, el gobierno continuó con muchas de sus prácticas restrictivas de la información.
La presidencia del republicano Dwight Eisenhower (1953-1961) fue un período de secretismo gubernamental sin precedentes que llevó a un enfrentamiento entre los periodistas y el Departamento de Defensa.
El Congreso legislativo creó una comisión investigadora que halló pruebas de secretismo gubernamental flagrante y arbitrario.
El apoyo legislativo a una mayor transparencia oficial poco a poco cobró fuerza y, para 1956, logró incorporar la libertad de información a la plataforma del Partido Demócrata.
La medida rompió la cortina de papel, pero en sus primeras acciones hacia la libertad de información, el Congreso sólo exigía a los organismos federales poco más que una divulgación voluntaria.
Pero la prensa quería más y reclamó leyes que obligaran al gobierno a ser más sistemático y abierto en el acceso a la información. Como resultado, el Congreso modificó leyes más antiguas utilizadas por el gobierno para justificar la retención de información, pero no llegó a crear una nueva ley que garantizara la divulgación sistemática.
Al menos, no hasta 1966, cuando se aprobó la Ley sobre Libertad de Información. El 4 de julio de ese año, el entonces presidente Lyndon Johnson promulgó la norma, pese a sus propias objeciones.
Johnson firmó la ley en su hacienda de Texas, lejos de la capital, las conferencias de prensa y las cámaras de televisión. No estuvo presente ninguno de los legisladores, abogados y periodistas que lucharon por la aprobación de esa norma, aprobada apenas un día antes de fenecer por abandono presidencial, bajo la forma de veto de bolsillo.
Fue un comienzo poco auspicioso para una ley que dio lugar a normas similares en los 50 estados del país y sirvió como modelo para muchas otras democracias del mundo. Sólo la Ley de Libertad de Información de Suecia es más antigua que la estadounidense.
Sin embargo, la ley de 1966 fue poco más que un gesto simbólico en dirección a la transparencia gubernamental, dado que no estableció plazos para la atención de las solicitudes, penas por incumplimiento ni ninguna agencia supervisora.
Estos defectos se subsanaron con las enmiendas de 1974 y 1976, como resultado del activismo de Ralph Nader y la reacción pública al escándalo de Watergate.
Hoy en día, el respaldo a la Ley de Libertad de Información es casi unánime, como un mecanismo de control esencial al poder del gobierno.
Jack Behrman, ex profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de Carolina del Norte y subsecretario de Comercio bajo el gobierno de John Kennedy (1961-1963) resumió así el valor de la norma: La ley abre puertas para que el público vea hechos, políticas y negociaciones del gobierno lo antes posible.
Los controladores necesitan controladores, y el mejor árbitro final es la ciudadanía, dijo a IPS.
Los esfuerzos por fortalecer la Ley de Libertad de Información continúan hoy mediante una rara asociación entre uno de los miembros más liberales y uno de los más conservadores del Senado.
La extraña pareja está formada por el senador John Cornyn, un republicano conservador del estado de Texas, y el senador Patrick Leahy, un demócrata liberal de Maine. En respuesta a las quejas sobre dificultades para obtener información de agencias federales, ambos presentaron dos proyectos.
Una de las iniciativas tiende a crear una comisión a fin de identificar métodos para evitar demoras en el procesamiento de las solicitudes de información. La segunda permitiría a los solicitantes controlar el estado de sus pedidos por Internet y crearía un ombudsman para mediar en disputas entre organismos y solicitantes.
Mark Dow, autor del libro American Gulag, que describe el sistema de detención de inmigrantes en Estados Unidos, ha utilizado ampliamente la Ley de Libertad de Información y apoya la idea del ombudsman.
Tener un ombudsman para resolver disputas es una muy buena idea. De otra forma, el sistema es inherentemente sesgado, dijo a IPS.
