El Congreso legislativo de Estados Unidos decidirá en las próximas horas el destino del controvertido acuerdo de libre comercio con América Central en medio de intensas presiones.
Muchos analistas pronostican que el convenio, conocido como Cafta por sus siglas en inglés, será objeto de una votación muy reñida.
Entre los que defiende con más fuerza el acuerdo figuran el propio presidente. George W. Bush visitó la sede del Congreso este miércoles, poco antes del debate en plenario, iniciado a las 12.16 GMT y cuya finalización en general estaba previsto para las 2.16 horas de este jueves.
En un gesto poco habitual, Bush recorrió despachos de miembros de la Cámara de Representantes cuyos votos son vacilantes. Le acompañaban el vicepresidente Dick Cheney, la secretaria de Estado (canciller) Condoleezza Rice y el representante comercial Robert Portman.
El mandatario también recibió en la Casa Blanca a varios legisladores de su Partido Republicano para dialogar sobre el mismo asunto.
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El Cafta uniría a Estados Unidos con cinco países centroamericanos —Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua— y uno caribeño, aunque hispanohablante —República Dominicana— en un pacto para liberalizar el comercio y eliminar aranceles.
Legisladores republicanos informaron que uno de los argumentos de Bush consiste en que el Cafta tiene importancia estratégica para la seguridad nacional, y que el fracaso de la iniciativa enlentecería el avance de la democracia en América Central.
El mandatario exhortó a los representantes preocupados por la posible pérdida de empleos en sus distritos electorales que supondría la vigencia del acuerdo comercial a poner en la balanza el interés general de Estados Unidos.
Otros funcionarios que acompañaron al presidente en su periplo por los pasillos del Congreso fueron el consejero de Seguridad Nacional, Stephen J. Hadley, el jefe del estado mayor de la Casa Blanca, Andrew Card, y el cuestionado jefe de asesores, Karl Rove.
Altos funcionarios del gobierno dejaron entrever su disposición a negociar acuerdos al margen de la ley, en particular de proyectos especiales en distritos de diversos legisladores cuyos votos son necesarios para la aprobación del convenio comercial.
Los líderes republicanos en el Congreso también se han lanzado en una fuerte campaña por la aprobación del Cafta, ante el fuerte rechazo del Partido Demócrata.
Según la mayoría del partido opositor, el acuerdo diluirá el cumplimiento de los derechos laborales básicos en América Central más que apuntalarlos. Para poner fin a esa crítica, el gobierno prometió un aporte anual 40 millones de dólares para alentar esos principios en la región.
Legisladores que representan a estados productores de textiles y azúcar también se han opuesto al Cafta por su eventual impacto negativo sobre esos sectores, de resultar el mercado estadounidense inundado de importaciones centroamericanas.
Será una votación difícil, pero aprobaremos la ley esta noche. Y lo haremos con muy pocos demócratas, dijo este miércoles el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Tom DeLay.
El Congreso ha recibido intensas presiones contra el proyecto de una amplia gama de organizaciones sindicales, ambientalistas, de productores textiles, azucareros e industriales y de afinidad religiosa, así como de activistas centroamericanos que, en general, se oponen al acuerdo.
La oposición interna en Estados Unidos incluye a la Federación Estadounidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Sindicales (AFL-CIO, por sus siglas en inglés), principal central sindical radicalmente opuesta al tratado.
Sindicatos estadounidenses se preocupan por una posible fuga de empleos hacia América Central, donde los salarios son más bajos y los derechos laborales más restringidos.
Los críticos estadounidenses del Cafta, entre los que se cuentan activistas sociales y ambientalistas, cuestionan, además, que el acuerdo carezca de cláusulas de protección ambiental, laboral y de salud pública.
Por otra parte, consideran que el convenio, aprobado por el Senado el 30 de junio por 54 votos a 45, supondría, en esencia, la expansión del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) vigente entre Canadá, Estados Unidos y México.
Al TLCAN se le atribuye la pérdida de un millón de puestos de trabajo en Estados Unidos, la quiebra de más de 38.000 familias de agricultores y la expulsión de más de 1,5 millones de campesinos mexicanos de sus tierras.
Además, los activistas de campañas contra el sida advierten que las cláusulas del Cafta sobre propiedad intelectual impediría a los gobiernos centroamericanos suministrar a los portadores de VIH medicamentos antirretrovirales, que frenan y hasta impiden la aparición de la enfermedad.
El debate en curso ignora flagrantemente las necesidades e intereses de la gente de América Central y de República Dominicana, particularmente de los pobres, dijo Stephanie Weinberg, asesora comercial de la organización humanitaria internacional Oxfam.
A su vez, republicanos y organizaciones conservadoras calificaron a los críticos del Cafta de demagogos marxistas, y recordaron que entre ellos figuran enemigos de Washington como el centroizquierdista presidente nicaragüense Daniel Ortega y el actual mandatario de Venezuela, Hugo Chávez.
Una amplia coalición de instituciones conservadoras y empresariales comprometieron esta semana su pleno respaldo al acuerdo, entre ellas la Asociación Nacional de Manufactureros, Estadounidenses por la Reforma Fiscal, la Unión Conservadora de Estados Unidos y la Unión Nacional de Contribuyentes.
De ser aprobado por la Cámara de Representantes, el Cafta aún debe obtener el aval de los parlamentos de Costa Rica y de Nicaragua, donde ha soportado una persistente resistencia de movimientos sociales y de organizaciones de productores.
El Cafta eliminaría de inmediato las barreras comerciales a 80 por ciento de los productos estadounidenses —entre ellos, 50 por ciento de los agrícolas—, con miras a levantar el resto de manera gradual en unos pocos años.
De ese modo, según los defensores del proyecto, aumentarían las ventas en el extranjero y se propiciaría la creación de empleos, al abrir un mercado de 44 millones de consumidores.
