IRAQ: El motor democrático no arranca

La comisión parlamentaria a cargo de redactar la nueva constitución de Iraq es lo más parecido a un cuerpo representativo de la población que se haya visto en este país, ahora que se incorporaron miembros de la minoría árabe sunita.

En los dos meses en que la comisión debe producir un texto definitivo y someterlo a referéndum en octubre, quedará claro si la representatividad de sus integrantes es elemento suficiente para abrir un camino que estabilice el país y reduzca la violencia.

Hoy resulta una perogrullada para muchos que la comunidad religiosa sunitas, cuyos representantes gobernaron el país durante siglos hasta que la caída en 2003 del presidente Saddam Hussein, son los principales responsables de la insurgencia iraquí.

Muchos dirigentes de la mayoría chiita afirman que los sunitas están enfadados por haber perdido el poder, y por ende su poder económico, y, por lo tanto, luchan para restaurar su dominio o para alcanzar una mejor posición política.

En los próximos meses, esa perogrullada será puesta a prueba. Los primeros signos no son alentadores.
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Miembros de organizaciones políticas, sociales y religiosas sunitas negociaron su integración en la comisión parlamentaria con el argumento de que su presencia afianzaría las posibilidades de paz y estabilidad, pero el influyente Comité de Académicos Musulmanes Sunitas rechazó el convenio.

”Nunca aceptaremos ningún proceso orquestado detrás de bambalinas por la ocupación”, dijo el jeque Abdel Salam al-Kubaisi, uno de los integrantes del Comité.

Estos pronunciamientos deberían ser tomados en serio, pues otros similares fueron en el pasado un claro indicativo del estado de ánimo de los insurgentes.

También reflejan la idea predominante entre los dirigentes más cercanos a la posición de los rebeldes: cualquier acuerdo con las estructuras armadas en el país tras la invasión estadounidense debe ser rechazado.

La única solución, según los combatientes de línea dura, es la restauración del gobierno anterior a la ocupación o la constitución de uno dominado por ellos mismos.

Los sunitas lograron 17 escaños en la Comisión de 70 miembros, dos más que los kurdos pero 10 menos de los que originalmente demandaban.

La mayoría de los 26 millones de iraquíes son chiitas (62 por ciento), la población hegemónica en el sur, mientras en el centro predominan los sunitas (35 por ciento), el grupo islámico dominante en el mundo árabe y también en el régimen del hoy prisionero ex presidente Saddam Hussein.

En cuanto a la composición étnica de la población iraquí, los árabes constituyen las tres cuartas partes, mientras los kurdos, la mayoría de los cuales profesan el Islam sunita y son mayoría en el norte del país, suman 20 por ciento.

La incorporación de los sunitas al proceso constitucional es visto como una señal de disposición a integrarse en el sistema político iraquí luego de que la mayoría de los partidos que los representan boicoteara las elecciones de enero. Apenas cuentan con 17 escaños en el parlamento de 275 integrantes.

También alienta el optimismo la evidente voluntad del gobierno del primer ministro Ibrahim al-Jaafari de ejercer un carácter inclusivo, tal vez por presión estadounidense.

Pero poderosos líderes chiitas, como el gran ayatolá Alí al-Sistani, dejaron en claro que no tolerarán ningún desafío al flamante dominio político por parte de su comunidad religiosa en el nuevo Iraq, basada sobre su predominio en la población.

El nivel de participación de los sunitas dependerá de la reacción del más radical y antiestadounidense de los líderes chiitas, Moqtada Sadr.

La constitución deberá ser aprobada por el parlamento pero después afrontará el examen de la ciudadanía, en un referéndum que se realizará en octubre. El proyecto tendrá que contar con el voto mayoritario, y prevalecer, además, en 16 de las 18 gobernaciones en que se divide Iraq.

Cuatro de esas gobernaciones tienen mayoría sunita.

Si la constitución resulta rechazada, habrá nuevas elecciones parlamentarias y el proceso volverá a comenzar. Eso servirá a los sunitas, que tienen escasísima representación en el parlamento frente a su presencia en la población.

También servirá a los insurgentes, para quienes otros comicios podría ser una nueva oportunidad de sembrar el caos. Por paradoja, esto también serviría a los intereses del gobierno de Estados Unidos, porque le daría una excusa para mantener sus tropas en Iraq.

Tras la caída del apoyo popular a la guerra entre los estadounidenses, algunos legisladores reclaman una salida del país del Golfo a comienzos del año próximo, una posibilidad que el gobierno de George W. Bush rechaza.

Aun sin esas interferencias, será difícil elaborar una constitución que reconcilie la posición de todos los grupos. Desafortunadamente, eso tiene menos que ver con legítimas demandas que con el reparto del poder.

Será difícil determinar, por ejemplo, cómo los kurdos y los sunitas resolverán sus desacuerdos sobre la administración de la septentrional ciudad de Kirkuk, reivindicada por ambas comunidades. ¿Y el sur chiita compartirá su riqueza petrolera con el resto del país?

¿La presidencia, la jefatura del gobierno y los ministerios se repartirán sobre la base de la pertenencia a una comunidad étnica o religiosa? ¿Cómo se asignarán los contratos y empleos del Estado?

La autonomía de Kurdistán está fuera de cuestión, pero ¿cuál será el rol de la ley islámica en esa zona? ¿Y en el país? Los kurdos se oponen a su implantación, los chiitas están en favor de ella y los sunitas, en general contrarios a lo que perciben como tendencias ”proiraníes” de los chiitas, se ubican en el medio.

Al fin y al cabo, Iraq podría no ser capaz de resolver estas cuestiones a través de la nueva constitución, y lo único que podría hacerse es fortalecer al ejército y las fuerzas de seguridad para que el gobierno imponga su autoridad sobre los sectores reticentes de la población.

Pero los avances en ese sentido son extremadamente lentos y desiguales. Los iraquíes que perciben la falta de poder del gobierno para poner en vigor sus propias leyes podrían inclinarse por votar en contra de una constitución que, de todos modos, carecería de posibilidades de ser implementada.

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