Adolescentes explotadas sexualmente a pocos metros de las sedes de los ministerios de Salud y del Trabajo, de tribunales y del parlamento venezolano, reciben atención en una casa hogar sostenida con recursos de la cooperación internacional.
Antes me la pasaba en la calle, con mi hijo, contó una delgada madre de 16 años con un niño de 20 meses, de nombre ficticio Joanna. Pero hace unos meses encontré una mano amiga, una guardería para mi bebé y una oportunidad maravillosa de volver a sentarme en un salón de clase, indicó.
Es una de las 26 alumnas de cursos de computación, peluquería, enfermería, manualidades, autoestima, crecimiento personal y salud sexual y reproductiva que acuden desde hace tres meses a la casa hogar sostenida por la organización no gubernamental (ONG) Ambar en el populoso oeste de Caracas.
Las participantes han ingresado voluntariamente. Son muchachas de 10 a 17 años, unas cuantas de ellas con hijos, que son atendidos junto a decenas de niños de la comunidad —la barriada obrera de Propatria— y de mujeres adultas víctimas de explotación sexual en una guardería anexa, dijo a IPS Nury Pernía, quien creó Ambar (Asociación de Mujeres por el Bienestar y la Asistencia Recíproca) 10 años atrás.
Llegué porque una amiga me dio el dato. Mi hijo está muy bien atendido, es lo más importante, y yo he aprendido peluquería y computación y mi siguiente paso será hacer pasantías laborales, dijo Joselín, otra de las beneficiarias.
Las jóvenes se disponían a instalar un bazar con piezas de cerámica pintadas por ellas y lencerías que tiñeron o bordaron, para que consigan recursos propios y comprueben que pueden hacer dinero sin que sus cuerpos sen explotados, apuntó Pernía.
El proyecto de casa hogar es sostenido con apoyo técnico de la organización italiana Cesvi (Cooperazione e Sviluppo, Cooperación y Desarrollo), con financiación de la Comisión Europea, que aporta 116.000 dólares en 18 meses, con un alcance previsto de hasta 300 personas asistidas.
La iniciativa surgió en Ambar, que trabajaba con mujeres adultas, después de que en 2001 hizo un estudio de 104 casos de explotación sexual infantil en siete calles, bulevares o plazas de Caracas.
De esas pequeñas, 96 están vivas y ocho perecieron: dos de sida y el resto por violencia callejera, lamentó Pernía.
Según el estudio, 57 por ciento de las adolescentes no utilizaban protección anticonceptiva alguna, 58 muchachas dijeron que eran obligadas a prostituirse, en tanto 46 aseguraron que lo hacían de modo voluntario, y en 74 por ciento de los casos una amiga fue quien las indujo a la prostitución.
¿De qué tamaño es el problema? En Venezuela (país de más de 23 millones de habitantes) puede haber 45.000 niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual, porque sólo un pequeño porcentaje de casos se visibiliza, dijo a IPS otro conductor de Ambar, Luis Torres, con base en estudios como el de su ONG y de la Organización Mundial de la Salud.
Pero en los casos que nos han ocupado, la visibilidad es tan obvia que está prácticamente a las puertas de los poderes públicos de Venezuela, dijo Pernía.
Una plaza donde puede verse a estas niñas está prácticamente al frente, a menos de 100 metros, de los ministerios del Trabajo y de Salud y Desarrollo Social, junto a un módulo (cuartelillo) de la Policía Metropolitana, sostuvo la activista.
Unos 100 metros más allá, está la sede de los tribunales, entre ellos los de protección de menores, y de la Asamblea Nacional (parlamento), y apenas un poco más distante las alcaldías, el Ministerio de Educación y el Palacio de Gobierno, describió.
Según Ambar, en materia de atención a quienes soportan la explotación sexual infantil los organismos públicos no han desarrollado acciones prácticas y se han limitado a la legislación que declara a la infancia como prioridad, a reuniones, y no han pasado de la fase de discusión y articulación.
Las ONG podemos tomar iniciativas o desarrollar programas-piloto, pero una política de atención que por ejemplo permita reproducir estas casas hogar por todo el país sólo es posible si el Estado asume esta tarea, postuló Pernía.
Según la activista, mientras pasa el tiempo funcionan y se reproducen redes de prostitución que facilitan el tráfico de personas. Venezuela es un país puente para que puedan viajar a Europa y América del Norte mujeres en situación de explotación sexual que llegan desde países andinos, del Caribe y de Brasil, aseveró.
El 3 de junio, el gobierno de Estados Unidos incluyó a Venezuela en una lista de países que no hacen lo necesario para combatir el tráfico de personas. Otros descalificados por Washington fueron Arabia Saudita, Bolivia, Birmania, Camboya, Corea del Norte, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Jamaica, Kuwait, Qatar, Sudán y Togo.
Venezuela rechazó esa descalificación y la inscribió en el contexto de la confrontación política que sostiene con Estados Unidos, el único país del mundo con cuyo gobierno tenemos problemas, según destacó el canciller Alí Rodríguez. (
