DERECHOS HUMANOS-HAITÍ: La ONU en la delgada línea roja

”Prefiero mil veces ser acusado de prudente y no de asesino de mujeres y niños”, se defiende el general brasileño Augusto Heleno Ribeiro ante presiones para que la fuerza militar de la ONU que comanda en el convulsionado Haití adopte una actitud más agresiva.

Es que el contingente de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por sus siglas en francés) actúa muchas veces en función policial contra grupos fuertemente armados, mimetizados entre miles de inocentes que se apilan en las estrechas callejuelas y casuchas de Puerto Príncipe y otras ciudades del país.

La delgada línea divisoria entre la imposición de la paz y la represión indiscriminada corre continuo riesgo de desaparecer en los barrios capitalinos de Bel-Air, Cité Soleil y Carrefour o en la septentrional ciudad de Gonaives, las zonas más calientes de este país caribeño.

En la capital y en el norte de Haití se han dado situaciones extremas donde el empleo de la fuerza se ha hecho sin demasiados miramientos, señalaron a IPS oficiales de la Minustah. Allí el trato entre los efectivos y la población es muy rudo, admiten.

Empero, el general Heleno Ribeiro afirma que se mantiene la prudencia a pesar del caos que debe afrontar la misión de paz de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), compuesta por 6.700 militares de 12 países.
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”Yo fui acusado de falta de agresividad y ahora concretamente se me dice que soy tímido. No sé si lo soy, pero prudente sí gracias a Dios, porque la imprudencia termina en un tribunal penal”, dijo el militar brasileño a la delegación de periodistas de Uruguay, entre ellos IPS, de visita en Haití invitados por el batallón de ese país en la Minustah, estacionado en el sudoeste.

”Mucha gente me pide acciones más violentas contra los pandilleros, dentro de Bel-Air o Cité Soleil, pero eso no me preocupa porque no voy a salir de mi línea de conducta, pues yo tengo la experiencia de toda mi vida de ver que esas cosas luego se pagan muy caro”, puntualizó.

El propio primer ministro interino de Haití, Gerard Latortue, insinuó en rueda de prensa con la delegación uruguaya la necesidad de mayor contundencia de la fuerza de paz de la ONU, pero se cuidó de expresarlo abiertamente y sólo señaló que pediría al Consejo de Seguridad redistribuir o aumentar los efectivos en las áreas más violentas de su país.

El jefe militar de la Minustah reconoció que la fuerza a su mando realiza operaciones en lugares ”donde los pandilleros utilizan métodos vejatorios, usando niños o mujeres como escudo para atacar”. Pero aseguró que el mandato de ONU de respeto a los derechos humanos es muy claro y se cumple a rajatabla.

A propósito de ello, rechazó con énfasis el informe conjunto de la organización no gubernamental brasileña Justicia Global y la estadounidense Universidad de Harvard, divulgado en marzo, que denuncia supuestas violaciones a los derechos humanos por omisión e incluso acción de parte de efectivos de la Minustah.

”Cada vez que yo escucho acusaciones contra las tropas (de ONU) sobre abusos, por ejemplo, las rechazo de plano. Sólo hubo el informe al respecto de unas personas que estuvieron aquí, que dijeron eran de la Universidad de Harvard”, respondió ante la pregunta expresa de IPS.

Heleno Ribeiro consideró que ese informe carece de fundamento y que la investigación fue mal intencionada. ”Jamás pueden acusarnos de violaciones a los derechos humanos”, pues ”todo nuestro contingente tiene en la cabeza como prioridad el respeto de las libertades básicas”, dijo.

La proliferación de grupos armados, elementos políticos y mafias, con intereses y acciones muchas veces entremezclados, complica de modo extremo el cumplimiento de la tarea encomendada por el foro mundial de requisar armas, controlar y estabilizar la paz.

En Haití no aparecen fuerzas definidas en pugna con las que se pueda negociar, a diferencia de otros países en conflicto interno, explican veteranos de otras misiones de la ONU.

Cada gobernante que ocupó la llamada Casa Blanca de Haití, entre frágiles democracias y golpes de Estado desde la sangrienta dictadura de la dinastía Duvalier (1957-1986), dejó a la deriva a sus grupos de paramilitares, que se suman a las bandas de narcotraficantes y a los dispersos miembros de las fuerzas armadas desmovilizadas en 1994.

Ese cóctel de violencia perenne tuvo su punto culminante el 29 de febrero de 2004, cuando fuera derrocado el presidente Jean Bertrand Aristide, hoy exiliado en Sudáfrica.

La casi ausencia del Estado en Haití se nota especialmente en la menguada policía, compuesta por unos 5.000 efectivos mal armados, cuando según expertos deberían ser por lo menos 100.000 para los 8,5 millones de habitantes del país, la mitad de ellos hacinados en Puerto Príncipe.

”Nosotros terminamos haciendo el papel de policía ante las carencias que tiene esa fuerza local, una función para la cual no fuimos formados”, aclara Heleno Ribeiro.

La extrema debilidad de la policía, que además carga con un nefasto prontuario de crueldad por décadas, y un poder judicial nada confiable, llevaron a fuerzas militares de la ONU a intervenir para evitar linchamientos, una práctica a la que recurren los haitianos con asiduidad, comentaron oficiales uruguayos que pasaron por esa experiencia límite.

Precisamente, oficiales del Batallón Uruguay de la base de Jeremie, en el sudoeste, pudieron rescatar de las manos de un grupo de vecinos exaltados y poner a disposición de la justicia a un policía que le había quebrado las piernas con su bastón a un detenido. Las piedras que recibieron los efectivos fueron al otro día cambiadas por disculpas de arrepentimiento, contaron.

La Minustah, además de los militares, se compone de personal civil con delegados del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, asesores electorales para preparar los comicios de octubre y noviembre, y 1.622 policías procedentes de 17 países bajo el rótulo de Civpol.

La función es reestructurar, organizar y supervisar a la Policía Nacional Haitiana, para que adopte las normas internacionales y se transforme en eficaz auxiliar de la justicia, con un mandato que pone énfasis en enseñar el respeto de los derechos humanos y las libertades de la población civil, como explicó un comisario uruguayo destinado a Puerto Príncipe.

Hasta ahora, los enviados de ONU sólo lograron convocar a unos 600 nuevos funcionarios, entre ellos 200 ex militares, a la academia policial distribuida por las comisarías, muchas de ellas en estado calamitoso y nauseabundo, como pudo comprobar IPS en Les Cayes, la principal ciudad del sudoeste del país.

En ese marco de promoción de los derechos humanos, la Civpol es asistida por expertos que buscan fortalecer la legislación haitiana, con muchas falencias en la materia, para evitar que ”se tomen acciones que puedan ir en contra de la población” como ha ocurrido hasta ahora, precisó a IPS el colombiano Juan Miguel Osorio.

Pero la formación y profesionalización de esta fuerza para terminar, por ejemplo, con la práctica de justicia por mano propia, choca con la falta de recursos locales, señaló este experto responsable de la tarea en Jeremie, un departamento que cuenta con 161 policías, un automóvil, dos motos y siete bicicletas para atender 30.000 habitantes distribuidos en territorio montañoso.

Por eso, entre otras cosas, Heleno Ribeiro cree que este ”país en estado de coma”, donde 80 por ciento de sus habitantes son pobres y la expectativa de vida apenas pasa los 50 años, sólo podrá sobrevivir si llega la asistencia financiera externa prometida para impulsar la economía y crear puestos de trabajo auténticos.

Ochenta por ciento de los haitianos no tienen empleo regular ni seguro. Muchos de ellos, en especial las mujeres, están en el comercio informal callejero, pero eso no es un empleo sino una manera de sobrevivencia. Setenta por ciento comen una vez al día.

”Esa es una tarea para los organismos multilaterales. Y si quieren, lo pueden hacer”, remarcó sin rodeos.

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