El gobierno colombiano solicitó al sistema de las Naciones Unidas, embajadores y agencias de cooperación presentes en este país, así como al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que se abstengan de utilizar en sus proyectos la expresión conflicto armado interno para referirse a la guerra civil que lleva más de cuatro décadas.
Según las autoridades, aceptar la existencia de un conflicto armado interno implica la negación de los canales democráticos para dirimir las diferencias.
También pidieron no aplicar a la fuerza pública las categorías sociológicas de actor armado o actor del conflicto, ni emplear el concepto actores no estatales, entre otras demandas.
Los Lineamientos para el enfoque de los proyectos de cooperación internacional, de la oficina del Alto Comisionado para la Paz Luis Carlos Restrepo, fueron distribuidos el 8 de este mes entre los diplomáticos, generando tensión.
La canciller Carolina Barco expresó que la distribución del memorando se hizo por error, ya que era un documento interno, según dijo a IPS una fuente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Pero Restrepo afirmó este martes en el diario El Tiempo que se trata de consensuar el lenguaje de la cooperación.
Es un documento técnico que define conceptos y criterios para ser usados en proyectos dentro de los cuales el gobierno es contraparte, y al que equivocadamente le han dado una interpretación política, dijo.
Está dirigido única y exclusivamente a los que adelantan proyectos de cooperación internacional, agregó el funcionario.
Son 22 puntos en cuatro páginas, sin fecha, y enfatizan que cualquier tipo de actividad que pueda implicar contacto alguno con los grupos armados ilegales es inaceptable para el gobierno nacional.
La misma directriz cobija a funcionarios e individuos, pero el documento no está relacionado con la prensa, dijo el alto comisionado.
Hoy en Colombia, la prohibición de establecer contacto con los ilegales se entiende como referida a contactar a la guerrilla izquierdista, que el derechista presidente Álvaro Uribe combate con apoyo financiero y militar de Washington.
Sus enemigos acérrimos, los ultraderechistas paramilitares, que dicen apoyar al Estado, desde julio de 2004 negocian las condiciones de su desmovilización total, prevista para finales de 2005.
Para Diego Pérez, consultor del Programa Suizo para la Promoción de la Paz en Colombia (Suippcol), en el contexto de profunda crisis humanitaria, la cooperación internacional se orienta, prioritariamente, a la protección de las víctimas y a su atención humanitaria.
Atender a las víctimas directas del conflicto, entre los que se encuentran, además de los civiles, los combatientes heridos o puestos fuera de combate, (es una labor) imposible de realizar sin entrar en contacto con las partes en contienda, agregó.
Sólo falta que (el gobierno) presione a la cooperación internacional para que no otorgue fondos a las organizaciones independientes que producimos información que no le gusta (…), no por lo que digamos, sino por lo que el gobierno quiere ocultar, expresó Jorge Rojas, de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, que lleva la estadística más respetada sobre desplazamiento forzado.
Una de las directrices recomienda apoyar con datos ciertos oficiales la formulación de los proyectos, pero Rojas afirmó que cada día se están desplazando en Colombia 700 personas, aunque el gobierno reconoce la mitad.
El lunes, Barco reconoció que la decisión sobre el envío de la directriz no fue suya y expresó a la prensa que el gobierno se ratifica en el contenido del documento, pero que sus puntos deberían haber sido compartidos en reuniones de nivel diplomático para una comprensión más efectiva.
Destacó, sin embargo, que ningún grupo de cooperación, ni los gobiernos (de otros países), deben establecer contacto con los grupos ilegales por su cuenta.
En julio de 2003, siendo canciller de Francia el actual primer ministro de ese país, Dominique de Villepin, altos funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores francés intentaron contactar en territorio selvático colombiano a Raúl Reyes, portavoz de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en misión humanitaria para negociar la liberación de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
Hay una clara intencionalidad del alto comisionado (Restrepo) de sembrar la duda sobre la posible existencia de relaciones de la cooperación internacional con grupos armados al margen de la ley. Su insistencia en el tema, en cada uno de los puntos, resulta obsesiva, apuntó Pérez en un documento enviado el lunes a IPS.
El viernes, algunos embajadores y representantes de la ONU le preguntaron al gobierno si los Lineamientos pretenden ser obligatorios, y la respuesta fue que no.
La comunidad donante a Colombia, conocida como G-24, se reúne este martes en Bogotá para discutir las implicaciones de los Lineamientos, según estableció IPS. Barco anunció que su despacho dialogará el lunes próximo con ese grupo, integrado por la ONU, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Suiza, Argentina, Brasil, México, Chile e instituciones de banca multilateral.
El CICR declaró este año que en Colombia existe un conflicto armado interno que genera una grave crisis humanitaria, y por lo tanto aplica las normas del derecho internacional humanitario correspondientes a las guerras.
El director en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michael Frühling, recordó el lunes en rueda de prensa que el término conflicto armado figura incluso en el acuerdo básico entre el gobierno de Colombia y las Naciones Unidas para esta oficina de derechos humanos.
Las relaciones entre el Sistema de Naciones Unidas y el gobierno colombiano están en un momento muy crítico, por la torpeza del gobierno colombiano frente al tema del conflicto armado y a la aplicabilidad del derecho internacional humanitario, dijo Rojas a IPS.
El experto en desplazamiento forzado cree que pronto habrá una reafirmación de que las Naciones Unidas están en Colombia en función de que hay un conflicto armado, y que es absolutamente aplicable el derecho internacional humanitario y los principios básicos humanitarios, que son neutralidad, imparcialidad y humanidad, que el gobierno quiere desconocer.
En los Lineamientos se reconoce la neutralidad profesional del CICR y la Cruz Roja Colombiana, pero se rechaza la idea de neutralidad política de los civiles frente a las instituciones legítimamente constituidas.
Según Pérez, ese documento pone en entredicho el papel de algunas agencias de la ONU, como los altos comisionados para los Derechos Humanos y para los Refugiados, y la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, así como el de agencias humanitarias especializadas de la cooperación no gubernamental.
Para una fuente diplomática europea que pidió a IPS estricto anonimato, parece que Uribe quiere prohibir cualquier proyecto que no esté apoyando al gobierno.
De acuerdo con los Lineamientos, los proyectos respaldados internacionalmente no pueden tener, dentro de sus objetivos, ninguna enunciación o actividad que pretenda comprometer la acción futura (gubernamental) en materia de acuerdos de paz.
En concepto de Pérez, eso desconoce las declaraciones de Londres (julio 2003) y Cartagena (febrero 2005) del G-24, así como las recomendaciones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos y las declaraciones del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea, al tratar el tema de la cooperación en Colombia.
La cooperación internacional ha ido concertando con el gobierno nacional una serie de principios y criterios que apuntan a generar, cada vez más, mejores condiciones para la salida política negociada del conflicto y la construcción de una paz estable, explicó el experto.
Para Ana Teresa Bernal, directora de la Red de Iniciativas para la Paz, Redepaz, que agrupa a más de 400 procesos pacifistas en todo el país, el documento está dirigido sobre todo contra las iniciativas de paz.
Los Lineamientos califican de ambiguos los términos comunidad de paz, territorio de paz, región o campo humanitario y observatorio de situación humanitaria, con los que muchas comunidades identifican sus experiencias de resistencia civil.
Con la descalificación se quiere frenar la cooperación con los procesos que están en medio de la guerra. Quieren quitarnos el oxígeno. Si nos quitan los recursos, nos quitan el 80 por ciento de las posibilidades de trabajar. Es un documento que hace parte integrante de la guerra, dijo Bernal a IPS. (
