El cubano convicto de terrorismo Luis Posada Carriles, detenido en Miami y reclamado en extradición por la justicia de Venezuela, puede ser enviado por Estados Unidos a un tercer país, como Barbados o Trinidad y Tobago.
La opinión pública mundial y especialmente la norteamericana puede tener la seguridad de que si Washington extradita a Posada, será procesado en Venezuela y en ningún caso será enviado a Cuba, afirmó este miércoles el vicepresidente venezolano José Vicente Rangel.
En la víspera, el Departamento de Interior de Estados Unidos detuvo a Posada para estudiar su situación migratoria, pero puso en duda la posibilidad de extraditarlo a Venezuela, de cuya justicia es prófugo ese anticastrista de 77 años de edad.
Como política y por cuestiones de leyes migratorias, el ICE (siglas en inglés del departamento estadounidense de Inmigración y Aduanas) no suele enviar personas a Cuba, ni a países que cree que pueden estar actuando para Cuba, dijo esa oficina en un comunicado.
El abogado Joaquín Chafardet, que defiende a Posada en Caracas, opinó que si su cliente pone un pie en Venezuela, al día siguiente está en un avión rumbo a Cuba.
Pero Venezuela logró colocar a Estados Unidos en una situación en la que aparentemente está sometido a una prueba de fuego para determinar el alcance de su discurso antiterrorista.
Los cubanos Posada Carriles y Orlando Bosch fueron juzgados en Venezuela como organizadores del atentado con bomba contra un avión de Cubana de Aviación que explotó en pleno vuelo, sobre el espacio aéreo barbadino, el 6 de octubre de 1976, lo que causó la muerte a 73 civiles, en su mayoría jóvenes deportistas cubanos.
Como autores materiales del atentado se condenó a dos fotógrafos venezolanos, Freddy Lugo y Hernán Ricardo, que ya purgaron su pena. Enredados procesos que viajaron entre la justicia militar y la civil se detuvieron en el caso de Posada en agosto de 1985, cuando se fugó de una penitenciaría en el centro de Venezuela.
La prensa latinoamericana ha divulgado la versión de que Posada, nacionalizado venezolano en 1967 y por varios años un represor anticomunista en la policía política de esa época, fue durante cuatro décadas agente de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés).
Oculto en América Central en los años 90, en 2000 fue arrestado en Panamá, cuando preparaba un atentado contra el presidente cubano Fidel Castro en el marco de una cumbre iberoamericana, y condenado a ocho años de cárcel, pero recibió un indulto en septiembre de 2004.
Sus abogados dieron cuenta de que estaba en Miami y solicitaba asilo a Washington, pero hace dos semanas el subsecretario de Estado (vicecanciller) estadounidense para el hemisferio, Roger Noriega, fuerte crítico de Castro y del presidente venezolano Hugo Chávez, dijo ignorar el paradero de Posada.
El prófugo habló el martes con medios de comunicación en Miami y luego fue detenido por oficiales del ICE, que le mantienen en un lugar no especificado.
Chávez había dicho que Estados Unidos actuaría con cinismo si asilaba a Posada, el canciller venezolano Alí Rodríguez dijo que Washington está obligado a entregar al prófugo según un tratado de extradición vigente desde 1922, y el embajador de Venezuela en Estados Unidos, Bernardo Álvarez, dijo que espera toda la cooperación del gobierno estadounidense.
Es un caso emblemático para apreciar la posición de Estados Unidos y del presidente (George W.) Bush con respecto a su discurso antiterrorista, pues pareciera que hay un terrorismo bueno y uno malo, apuntó el vicepresidente Rangel.
El martes, el presidente cubano Fidel Castro encabezó una marcha de cientos de miles de habitantes de La Habana contra el terrorismo y en reclamo de la extradición de Posada a Venezuela.
La pena máxima en Venezuela es de 30 años de presidio y los jueces conceden liberalmente el beneficio de cumplir condena domiciliaria a los penados mayores de 70 años de edad.
Pero Washington difícilmente entregue al prófugo porque los gobiernos de Cuba y Venezuela han politizado mucho el asunto, colocando a Estados Unidos contra la pared, comentó a IPS el analista Carlos Romero, profesor de relaciones internacionales en varias universidades de Caracas.
Si no lo entrega, Washington será denunciado por tener un doble discurso sobre el terrorismo, y si lo hace, entonces La Habana y Caracas podrán presentar el hecho como una nueva victoria en su lucha contra el imperialismo, argumentó.
Estados Unidos podría entregarlo a un tercer país, e incluso intentar procesarlo por algún delito o dejarlo en una suerte de limbo jurídico, según el analista Daniel Erikson, del centro de estudios estadounidense Diálogo Interamericano.
Romero dijo que Washington podría remitirse al origen del proceso, un atentado terrorista en el espacio aéreo de Barbados, para evitar satisfacer a Venezuela y Cuba, que tienen razón en lo que argumentan acerca de que el terrorismo es uno solo, pero también es cierto que se trata de un caso viejo, alejado en el tiempo.
Según las investigaciones policiales y judiciales de la época, Ricardo y Lugo abordaron el avión atacado en Trinidad, escala del vuelo que cubría la ruta Georgetown-Puerto España-Bridgetown-La Habana.
Los fotógrafos descendieron en Bridgetown, suponiendo, según periódicos de la época en Caracas, que la bomba estallaría en el avión vacío en la terminal barbadina, pero el artefacto explotó minutos después del despegue, dando muerte a 57 cubanos, 11 guyaneses y cinco norcoreanos.
El entonces presidente venezolano Carlos Andrés Pérez gestionó la entrega de los inculpados a los tribunales de Caracas, con los argumentos de que el atentado se había planificado en Venezuela, de que intervinieron venezolanos en el hecho y de que tanto Cuba como las islas angloparlantes podrían, a diferencia de Venezuela, sancionar el crimen con la pena de muerte.
En Venezuela el caso osciló varias veces entre la justicia militar y la civil, con dictámenes contradictorios que azuzaron, en el contexto de la Guerra Fría, la oposición de entonces entre las diplomacias de Venezuela y Cuba.
Estados Unidos tiene una papa caliente en las manos, comentó Erikson, y se trata de una prueba del compromiso de Bush en la lucha contra el terrorismo, según dijo a IPS en Washington Peter Kornbluh, del no gubernamental Archivo de Seguridad Nacional.
Las autoridades estadounidenses podrían desempolvar con el caso la argumentación jurídica de hace tres décadas, pues fue muy controversial la radicación del juicio en Venezuela, y tratar de colocar a Posada en el lugar de origen del caso, Barbados, argumentó Romero.
El influyente diario estadounidense The New York Times editorializó el lunes para recomendar que se niegue asilo a Posada y se lo entregue a un tercer país.
