Dos desconocidos asesinaron a balazos al periodista Mauro Marcano el 1 de septiembre, cuando salía de su residencia en la ciudad de Maturín, oriente de Venezuela, y ocho meses después las autoridades no han dado con los culpables del crimen.
El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, consideró entonces que ese crimen tenía un carácter emblemático, pues por primera vez carteles del narcotráfico asesinaban a un periodista en Venezuela, recordó este martes el Informe anual Situación del Derecho a la Libertad de Expresión e Información.
Marcano conducía un programa de radio en Maturín, De frente con el pueblo, era columnista de la prensa regional y, además, a la cabeza de una organización política local, se desempeñaba como concejal en el ayuntamiento de la ciudad. En todas esas tribunas fustigaba los nexos entre grupos de narcotraficantes y policías.
Sin embargo, su muerte es un caso excepcional en Venezuela, de acuerdo con el Informe realizado por la no gubernamental Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad, con sede en Lima, con apoyo de la fundación democristiana alemana Konrad Adenauer, y divulgado en el Día Mundial de la Libertad de Prensa.
La contabilidad de 2004 registró 141 casos en los que resultó afectado el derecho a la libertad de expresión e información, 22 por ciento más que los 110 casos registrados en 2003, dijo Andrés Cañizález, uno de los redactores del Informe que desde hace tres años hace un inventario de las agresiones a esas libertades básicas.
Si el crimen de Marcano fue la más grave violación, la cotidianidad estuvo marcada por agresiones físicas y verbales contra reporteros (131 afectados) y ataques a equipos o sedes de prensa, así como amenazas, intimidación, censura —a distintos medios se les privó de acceso a fuentes informativas— y también hubo hostigamiento judicial, afirma el Informe.
Agentes del Estado fueron los agresores en decenas de casos, aunque también particulares, integrantes de grupos que simpatizan con el presidente Hugo Chávez, de organizaciones de identidad desconocida y de la oposición política, sostiene el documento.
El informe destaca la correspondencia entre el aumento de la conflictividad política —en este país que entre 2001 y 2004 vivió una aguda polarización— con las agresiones sufridas por periodistas y medios de prensa, radio y TV.
El año pasado los ataques se incrementaron durante una semana de febrero y marzo en que la oposición, principalmente en Caracas, levantó e incendió barricadas y dirigió disturbios en urbanizaciones de clase media, enfrentándose a la fuerza pública.
Varios reporteros y camarógrafos fueron heridos de bala o sufrieron otras lesiones en el marco de esas refriegas. Las agresiones a los trabajadores de la prensa repuntaron en vísperas del referendo sobre el mandato de Chávez, el 15 de agosto, en el que se impuso el gobernante con un holgado 59 por ciento de sufragios.
El entonces ministro de Información y militar retirado Jesse Chacón dijo en una entrevista que no hay país en América donde exista el nivel de libertad de expresión que hay en Venezuela. Los medios hacen lo que quieren, son actores políticos, y eso no ha significado el cierre de ninguna empresa.
Al cerrar su campaña para el referendo, Chávez pidió que los medios dejen de ser oposición y hacer oposición. Perdieron todo el respeto de la colectividad y es bueno que reflexionen, pues esa alianza mediática que aquí constituyeron los canales de televisión privados, los grandes periódicos y centenares de emisoras de radio con el fin de salir de Chávez, fracasó.
Según Carlos Correa, otro redactor del Informe presentado este martes, en Venezuela hay limitaciones para buscar y acceder a la información en las fuentes públicas, y, por otra parte hay libertad de opinión, hasta el exceso a veces, pero la respuesta debe ser si (esta libertad) tiene consecuencias o no.
Una reforma del Código Penal a fines del año pasado elevó la penalidad por los llamados delitos de desacato o vilipendio contra funcionarios públicos. Son figuras (penales) premodernas, de la época del imperio de la realeza, que limitan las posibilidades de escrutinio ciudadano de la gestión pública, señaló Correa.
Las leyes de desacato, también conocidas como leyes mordaza, rigen en muchos países de América Latina.
El Informe deploró que se aprobase una ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, pues establece sanciones muy duras contra emisoras que infrinjan las normas y porque el organismo sancionador, con mayoría de representantes del Estado, no es suficientemente independiente.
En cambio, José Ángel Manrique, presidente de la Red Venezolana de Medios Comunitarios, estimó que éste es el momento con mayor libertad de expresión para todos los venezolanos. Comunidades enteras no tenían, hasta hace muy pocos años, posibilidad alguna de expresarse y hacerse sentir en los medios.
Independientemente de lo que afirmen entidades que se identifican con los discursos de los propietarios de grandes medios, la verdad es que nunca como ahora se había sentido tanto la palabra de quienes antes no la tuvieron, dijo Manrique a IPS.
El gobierno de Chávez ha impulsado y apoyado con fondos y equipos a decenas de emisoras de radio y televisión comunitarias.
La organización internacional Reporteros Sin Fronteras sumó sus críticas a las nuevas leyes venezolanas que aumentan las condenas para los delitos de prensa, cuando las instancias internacionales competentes recomiendan su despenalización.
El gobierno dispone de un amplio arsenal legislativo, capaz de obligar a los medios a autocensurarse, y que permite sancionar a los más recalcitrantes, según RSF.
Al margen de ese debate, la hermana del periodista asesinado en Maturín, Niurka Marcano, y otros familiares volvieron a reclamar a la Fiscalía que investigara a los grupos de narcotraficantes que cometieron el crimen de septiembre con apoyo de algunas autoridades, y que siguen actuando en la impunidad, según dijeron.
