Organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos expresaron preocupación por la negación de libertades a medios de comunicación y grupos de la sociedad civil en Túnez, que organiza para noviembre la segunda fase de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI).
La Federación Internacional de los Derechos , el grupo Derechos y Democracia y la Organización Mundial Contra la Tortura señalaron que no están seguros de que el gobierno tunecino tenga la capacidad o la voluntad de respetar sus compromisos en el marco de la legislación internacional.
En un informe conjunto, esas organizaciones no gubernamentales (ONG) destacaron numerosas prácticas de detención arbitraria, maltrato, hostigamiento judicial contra personas y organizaciones que defienden los derechos, represión sistemática de las libertades de expresión y asociación, y censura y control de las conexiones a Internet.
Antes de elaborar ese texto, las tres organizaciones humanitarias intentaron dialogar con el gobierno de Túnez acerca del respeto por las libertades, en el marco de una visita realizada en enero por tres expertos internacionales, en la que se recogieron los datos expuestos, explicó a IPS Antoine Madelin, secretario de esa misión.
El informe abarca cuestiones de derechos que serán tratadas en la CMSI (cuya primera fase se llevó a cabo a fines de 2003 en Ginebra) y otras relacionadas con la vida cotidiana en la sociedad civil de Túnez. Ahora depende de las autoridades tunecinas hacer los esfuerzos necesarios para que la Cumbre transcurra en la atmósfera adecuada, comentó Madelin.
El gobierno de Túnez ha asegurado varias veces durante el año pasado que había levantado las restricciones al funcionamiento de los sitios independientes en la red mundial de computadoras, pero es claro que hay un ambiente represivo, y muchos sitios en Internet, tanto tunecinos como internacionales, aún son censurados. Este informe no es accesible mediante Internet en Túnez, afirmó.
Tratamos de dialogar con las autoridades, pero tenemos cierta insatisfacción por el modo en que responden a nuestros esfuerzos. Seguimos preocupados por el acceso a la CMSI de toda la sociedad civil tunecina, y tememos que algunos grupos no podrán participar, apuntó el activista.
Un abogado fue condenado la semana pasada a tres años y medio de cárcel por dar a conocer información sobre casos de tortura, y otro resultó sentenciado a cuatro meses de prisión por defender al primero, informó.
De todos modos, hay algunos avances, y no podríamos decir que ninguna de nuestras recomendaciones fue tomada en cuenta. El solo hecho de que nuestro equipo pudiera ir allí (a Túnez) y volver es una señal de progreso, opinó Madelin, quien adelantó que el grupo de tres expertos volverá a Túnez en septiembre para realizar una evaluación final de los eventuales avances.
Entre las medidas que las tres ONG pidieron a las autoridades tunecinas antes de la Cumbre están las siguientes:
-Completar el reconocimiento legal de todas las ONG defensoras de los derechos humanos, desistir de todas las acciones emprendidas contra ellas o integrantes de ellas ante el Poder Judicial, y establecer plena vigencia sobre bases permanentes de la libertad de asociación.
-Permitir la libre circulación de información, y en particular el acceso a sitios de Internet cuyo contenido se relacione con política o derechos humanos.
-Invitar en forma permanente a todos los mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y en especial permitir visitas oficiales de los relatores sobre la tortura y sobre la independencia de los jueces y abogados, y una del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para Defensores de los Derechos Humanos.
-Permitir visitas a Túnez de todas las organizaciones humanitarias interesadas en realizarlas para lleva a cabo investigaciones independientes e imparciales.
-Revisar los llamados a licitación para operar medios audiovisuales de comunicación, en cumplimiento del Código de Telecomunicaciones tunecino, y especialmente de las normas sobre garantías de transparencia en esos llamados, y permitir medios de comunicación que reflejen la diversidad política.
-Evaluar las consecuencias de la supervisión y censura de los intercambios electrónicos de información, en términos de apropiación social de tecnología de información y comunicaciones, y de desarrollo económico de servicios información.
