Mangal Bahadur Gurung, de 30 años, llegó a la capital de Malasia hace dos años en la esperanza de conseguir un empleo que le permitiera enviar dinero todos los meses a su familia en Nepal.
Con pasaporte válido y permiso de trabajo, encontrar empleo le fue fácil, pero cobrar su salario fue imposible. Un mes tras otro, su patrón le daba diferentes excusas para no pagarle.
Igualmente, Gurung trabajó durante 18 meses como ayudante de cocina en un restaurante de Subang Jaya, un elegante barrio de las afueras de Kuala Lumpur, sin recibir un solo centavo a cambio.
Pero lo peor vino después, en la medianoche del pasado 6 de marzo, cuando cayó en una redada de extranjeros indocumentados.
Gurung y decenas de trabajadores extranjeros de Subang Jaya fueron arrestados, hacinados en camiones y llevados a un centro de detención. En la cárcel, el nepalí trató de explicar mediante gestos que tenía pasaporte y permiso de trabajo, pero no fue escuchado.
Su empleador, quien retenía esos documentos para asegurarse de que Gurung no dejara el trabajo, podría haberlos presentado a las autoridades y logrado la rápida liberación del ciudadano nepalí, pero no lo hizo. Era sólo un trabajador menos, y además había abundantes candidatos para llenar el puesto vacante.
Además, de esa forma el dueño del restaurante se libraba de pagarle a Gurung los 6.400 ringgits (1.684 dólares) que le debía.
Los empleadores saben que, cuando un trabajador extranjero es arrestado, desaparece en un pozo sin fondo. El destino es conocido: juicio, cárcel, azotes y deportación.
Todo fue más difícil para Gurung porque no hablaba malayo, y menos aún inglés.
Traté de explicarles con todo tipo de palabras y gestos que tenía permiso de trabajo y pasaporte válidos, pero nadie quiso escucharme, dijo Gurung a IPS, a través de un intérprete.
Gurung pasó 18 días en un campamento de detención, junto a más de 9.000 trabajadores extranjeros, a la espera de procesamiento por los funcionarios de inmigración, antes de ser llevado ante un tribunal.
Me sentenciaron a 10 meses de cárcel. También me castigaron con una vara, contó.
En 2002, Malasia reformó su Ley de Inmigración para establecer sentencias de hasta cinco años de prisión y seis golpes de vara para cualquier extranjero indocumentado que sea hallado trabajando en este país..
Unos 100.000 nepaleses trabajan en la capital de Malasia y sus alrededores, la gran mayoría en el sector fabril, y el resto empleados como guardias de seguridad o en la construcción y servicios varios.
A Gurung le avergüenza relatar su experiencia en prisión, en especial cuando fue golpeado con la vara en las nalgas. Todavía le duele cuando se sienta, pero el trauma psicológico es aún más profundo, según sus amigos.
Gurung cumplió 51 días de su sentencia hasta que fue liberado la semana pasada gracias a que un amigo pidió ayuda a Tenaganita, un grupo de derechos humanos, que se ocupó activamente de su caso. Un tribunal superior revocó su sentencia y ordenó su liberación inmediata.
El Consejo de Abogados y la Procuraduría General investigan ahora cómo fue que se registró la declaración de culpabilidad de Gurung y se le leyó su sentencia, dado que él no habla ni comprende el idioma malayo y tampoco estaba presente un intérprete.
El caso motivó una columna en el diario New Straits Times. Al final se hizo justicia, pero Mangal (Gurung) llevará el trauma de la prisión y los azotes por el resto de su vida, escribió Kalimullah Hassan, jefe de redacción del periódico.
Existe la obvia necesidad de analizar si prácticas sistémicas contribuyeron a esta indiferencia en la investigación, agregó, y urgió al gobierno a garantizar el acceso a asistencia legal y al debido proceso para los trabajadores extranjeros.
El gobierno reconoce la importante contribución de la mano de obra extranjera para el crecimiento económico de este país de 25 millones de habitantes, en rápido desarrollo.
Inmigrantes de países vecinos más pobres como Filipinas, Indonesia, Bangladesh e India trabajan en sectores que requieren mano de obra no especializada, como la construcción, la agricultura y servicios.
Tras las deportaciones masivas del pasado 1 de marzo, luego de una amnistía de cuatro meses, empresas de construcción, plantaciones de palmeras aceiteras, fábricas y restaurantes se quedaron sin personal.
La redada de trabajadores extranjeros ha causado indescriptibles injusticias y sufrimiento. La historia de Gurung es sólo una en medio de esa tragedia colectiva, dijo Agile Fernández, coordinadora de Tenaganita.
Debemos estar siempre alertas para impedir esos abusos tan graves, exhortó.
La prioridad actual de Gurung es cobrar sus salarios atrasados y volver a Nepal con su familia, a la que no ve desde marzo de 2003. (
