Una semana después de su aprobación en India, el texto de la Ley de Derecho a la Información aún no está disponible en Internet, lo que para el activista Parth J. Shah dice mucho sobre la falta de transparencia aún predominante en el aparato estatal.
Shah, director del no gubernamental Centro para la Sociedad Civil —una de las organizaciones que promovió la ley—, lamentó que la norma carezca de cláusulas que obliguen al gobierno a publicar las leyes en la red mundial informática una vez que sean aprobadas.
Es una paradoja que debamos llenar una solicitud para ver la Ley de Derecho a la Información, dijo Shah a IPS.
La norma no prevé la publicación expedita de textos importantes, como contratos públicos, mecanismos para el manejo de catástrofes y gastos de funcionarios en viajes oficiales. Todos estos asuntos son objeto hoy de escrutinio público sólo a través de denuncias en la prensa.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional ubicó el año pasado a India en el puesto 90 entre los 145 países ordenados en orden ascendente por el índice de percepción de corrupción, realizado sobre la base de entrevistas a empresarios, funcionarios y activistas.
Transparencia consideró que los burócratas en India cobran regularmente comisiones ilegales a cambio de la asignación de contratos, y que reclaman sobornos a cambio de la prestación de servicios a los que la ciudadanía tiene pleno derecho.
Shah también destacó que las sanciones previstas por la ley se restringen a multas más que a sentencias de cárcel. No son lo suficientemente duras, consideró: para el activista, lo que impediría a los funcionarios ocultar información sería sólo el temor a la pérdida de la libertad.
La reticencia a compartir la información con el público es, según Shah, legado de la Ley de Secretos de los Funcionarios impuesta en 1935 por las autoridades coloniales británicas y mantenida en vigor luego de 1947 por las autoridades de la India independiente.
La tendencia del burócrata o político promedio es a proteger el sistema en que está inmerso, pues éste funciona fundamentalmente en beneficio de quienes están dentro de él e impide el fortalecimiento de quienes están fuera, dijo Shah.
La ley constituye un intento por desalentar esas tendencias, al garantizar que sus disposiciones serán implementadas por un órgano compuesto no solo por burócratas sino también por personas procedentes de la sociedad civil y de la vida pública.
La norma concuerda con el movimiento mundial por el derecho al acceso a la información, que ha impulsado la aprobación de leyes similares en más de 50 países con el aval de iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre gobernanza.
La liberalización económica iniciada en los años 90 no fue acompañada por una reforma del sistema burocrático de estilo colonial, que persiste al amparo de arcaicas leyes secretistas para protegerlo de acusaciones de ineficacia y, lo que es aun peor, de corrupción, advierten expertos.
Un ejemplo de esta contradicción es Gautam Goswami, burócrata aplaudido el año pasado por la revista estadounidense Time como un salvador de la economía india, acusado ahora de haber desviado unos cinco millones de dólares que se habían destinado originalmente a los damnificados por las inundaciones en el oriental estado de Bihar.
Otro alto funcionario en el ojo de una tormenta es el juez S. N. Phukan, quien presidió una comisión para investigar los contratos asumidos por el Ministerio de Defensa durante la gestión de George Fernandes. Mientras encabezaba la comisión, Phukan y su familia viajaron de vacaciones en aviones de la fuerza aérea, lo que le costó 250.000 dólares al erario público.
Pero el partido de Phukan y de Fernandes, el hinduista y conservador Bharatiya Janata, perdió las elecciones nacionales en mayo de 2004, apenas cuatro meses después de una aventura turística que sembró dudas sobre la imparcialidad de la investigación.
La semana pasada, el parlamento rechazó el informe del juez, que exoneraba de culpas al ex ministro.
Pero Shah y otros activistas consideran que, mientras el hoy gobernante Partido del Congreso apela a la transparencia para castigar a Bharatiya Janata, el público en general no goza aún del derecho pleno a estar enterado de lo que pasa.
La nueva Ley sobre Derecho a la Información no cuenta con herramientas adecuadas para dar a conocer los gastos de altos funcionarios en sus viajes.
Una buena muestra del funcionamiento del derecho al acceso a la información es la actividad de Mazdoor Kisan Shakti Sanghatan, organización de asistencia a campesinos y trabajadores fundado por la activista Aruna Roy.
La activista, que en los años 70 renunció a un alto cargo en el Estado en protesta por la corrupción que veía medrar en torno suyo, comenzó a trabajar con analfabetos de Rajasthán, engañados durante décadas por funcionarios del gobierno que dirigían programas de alivio a la hambruna.
La mayoría de las personas que trabajaban en el marco de ese programa creían no tener derecho a acceder a los registros de pago de salarios del gobierno. Los recibos que firmaban se referían a proyectos inexistentes, según constató Roy.
La organización alentó a los trabajadores del distrito de Pali, en Rajasthan, a exigir los salarios adeudados. Roy también organizó asambleas públicas para analizar la acción de los funcionarios corruptos.
Nosotros aprendimos de la gente más que ella de nosotros, dijo Roy a IPS. Aprendimos que el debate abierto es una gran fuente de poder, y que la humillación pública puede obligar a los funcionarios a devolver al pueblo el producto de sus acciones corruptas.
Muchos creen que aún falta tiempo y unas cuantas condenas antes de que los burócratas comprendan el alcance del derecho a acceder a la información.
Los funcionarios deberán acostumbrarse a la nueva realidad. Ya no detentan más el poder discrecional sobre la información. El gobierno no puede tratar a los ciudadanos como niños y ocultarles la información, advirtió el diario Indian Express el viernes, dos días después de aprobada la ley. (FIN/IPS/traen-mj/rd/si/hd ci/05)
