Cinco años pasaron desde que estalló en Argentina un escándalo por el presunto pago de millonarios sobornos a senadores. Tres jueces fracasaron en esclarecer la causa, pero el cuarto se apresta a dar pasos decisivos para avanzar en ella.
La acción del juez Daniel Rafecas podría derivar, por primera vez, en el procesamiento de un ex ministro que figura entre los principales implicados.
Para los senadores tengo la Banelco, dijo en enero de 2000 ante sindicalistas el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Con esa referencia a una red de cajeros bancarios automáticos, aludía al plan de sobornar a legisladores reticentes a reformar la legislación laboral.
Flamarique deberá sentarse este lunes por primera vez ante un juez federal para dar su versión de aquellos hechos. Para los días sucesivos están convocados cinco senadores y varios agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El plan de Flamarique se habría concretado en abril de 2000, en pleno debate parlamentario de la ley de reforma del régimen laboral, durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001).
Se estima que fueron 11 los senadores, tanto oficialistas como opositores, que se repartieron 6,5 millones de dólares en efectivo procedentes de fondos de la SIDE.
Cuando esta versión trascendió, se precipitó la crisis política más grave del gobierno de De la Rúa antes de su renuncia a fines de 2001. El vicepresidente y presidente del Senado, Carlos Alvarez, renunció al advertir que el mandatario no apoyaba su voluntad de investigar los sobornos.
De la Rúa debió aceptar, además, la renuncia de Flamarique y del jefe de la SIDE, Fernando de Santibáñez. Ambos han sido implicados en el caso. También pidió la dimisión a su jefe de gabinete, Rodolfo Terragno, y a su ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra.
Terragno se había negado a avalar, como pedía Santibáñez, grandes desvíos de fondos presupuestales hacia la SIDE sin debida justificación y publicidad. Y Gil Lavedra fue reemplazado por Jorge De la Rúa, hermano del presidente, poco después que iniciada la pesquisa judicial.
Los jueces que hasta ahora se habían hecho cargo de la investigación no lograron avances. Sin embargo, existen pruebas de que desde las arcas de la SIDE salió por esas fechas dinero con destino desconocido, como señaló la Sindicatura General de la Nación, órgano de control entonces a cargo del hoy canciller Rafael Bielsa.
El primer juez fue Carlos Liporaci, que en apenas cuatro meses dictó la falta de mérito para el procesamiento de todos los involucrados. Dos meses después, él mismo renunció a su cargo en la justicia federal, acusado de enriquecimiento ilícito.
La renuncia lo libró del juicio político al que se planeaba someterlo en el Congreso legislativo. Liporaci fue acusado de comprar una casa de más de un millón de dólares sin poder justificar ingresos acordes.
Luego, la Cámara Federal (tribunal de apelaciones) ratificó la falta de mérito y la investigación quedó en un punto muerto.
El siguiente juez, Gabriel Cavallo, abandonó el cargo seis meses después, pues había sido propuesto por el entonces ministro de Justicia De la Rúa para ascender a camarista. El Senado aprobó el nombramiento con el voto de legisladores bajo sospecha, y ostenta el cargo aún hoy.
El periodista Juan Gasparini, autor de un libro que aborda el caso y se titula La Injusticia Federal, dijo a IPS que en su investigación constató un pacto de encubrimiento entre el presidente De la Rúa, el jefe de la SIDE Santibáñez y el juez Cavallo para mostrar una investigación que lo era solo en la apariencia.
A su juicio, Cavallo hizo poco para que la SIDE entregara las pruebas contables sobre el uso que se dio al dinero que terminó en el bolsillo de los senadores.
Tampoco se avanzó en la indagación sobre las fortunas que habrían atesorado los legisladores en su paso por la cámara alta, agregó Gasparini, que investigó la acción de la SIDE y el patrimonio de los senadores acusados de recibir sobornos.
El tercer juez a cargo del caso, Rodolfo Canicoba Corral, tampoco logró avances a pesar de que mientras estaba a cargo del caso se presentó un calificado testigo arrepentido, Mario Pontaquarto, secretario de uno de los senadores involucrados, el oficialista José Genoud.
Pontaquarto aseguró haber trasladado dinero de sobornos. En vísperas del debate parlamentario, confesó, el funcionario retiró de la SIDE cinco millones de dólares que trasladó en su automóvil y escondió en su departamento hasta ocho días después, cuando se sancionó la polémica ley laboral.
Entonces, dijo, recibió de Genoud la orden de llevar cuatro millones a la casa del senador opositor Emilio Cantarero y 700.000 dólares a su propio despacho. Genoud compartiría esa parte del botín con el ministro Flamarique, según asegura el testigo que le informó el propio senador.
Pontaquarto guardó además un papel que le entregó Cantarero con nombres de otros senadores que cobrarían parte del soborno. Pocos días después, Cantarero admitió haber cobrado ése y otros sobornos ante una periodista del rotativo La Nación, fuera de grabadores.
La periodista conservó el nombre de la fuente hasta que se supo por otras vías que el informante era Cantarero, pero el senador negó esa versión ante el juez Canicoba Corral, quien consideró que el testimonio de Pontaquarto permitía procesar por cohecho a los senadores.
Sin embargo, la Cámara Federal dio otra marcha atrás. En julio de 2004, desprocesó a todos los encausados y ordenó una treintena de medidas de prueba para corroborar la versión del testigo y sustentar mejor la decisión.
Fue entonces, en diciembre, que se hizo cargo de la causa el juez Rafecas, quien realizó nuevos procedimientos, recogió más testimonios y ahora comienza a citar a los involucrados y a otros sospechosos que nunca habían sido llamados a declaración indagatoria, como Flamarique.
Gasparini cree que sólo ahora, con el juez Rafecas a cargo del caso, se están realizando todas las medidas de prueba podrían sostener el procesamiento por cohecho de los implicados.
El cohecho es un delito difícil de probar. Los senadores sospechosos acumularon enormes patrimonios en su paso por la legislatura, pero en esta causa se requiere demostrar qué destino le dieron específicamente al dinero de los sobornos recibidos para aprobar la ley de reforma laboral.
Gasparini, que sigue de cerca el caso, cree que con los nuevos elementos en poder del juez y la orden presidencial de liberar del compromiso del secreto de Estado a agentes de la SIDE, se podrá avanzar en el caso, aunque con algunos límites.
El periodista sostiene que De la Rúa no podía desconocer lo que ocurría en la SIDE. De hecho, Pontaquarto relata la existencia de una reunión en el despacho presidencial en vísperas del pago de sobornos, en la que participaron Flamarique y algunos de los senadores implicados en la maniobra.
Sin embargo, al menos por el momento, el ex presidente está libre del proceso. De la Rúa ha asegurado una y otra vez que el escándalo de los sobornos fue una gran mentira elucubrada por medios periodísticos para apartarlo del cargo.