El gobierno de Colombia prevé reanudar la fumigación con el herbicida glifosato de cultivos de droga en reservas ecológicas, suspendida en marzo de 2004 tras protestas de quienes sostienen que contraviene tratados internacionales, normas nacionales y acuerdos con comunidades indígenas y campesinas.
La reanudación afectaría a los parques naturales (zonas protegidas) de Sierra Nevada de Santa Marta (norte), declarada reserva de la biosfera en 1986 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; La Macarena (centroeste) y Catatumbo (noroeste).
Los defensores del uso del glifosato en la lucha antidrogas alegan que es tan inocuo como la sal común, pero hay estudios y denuncias sobre su carácter perjudicial para pasturas, cultivos, cursos de agua y la salud humana y del ganado.
Además, ambientalistas señalan que el amplio espectro de ese herbicida, producido por la transnacional Monsanto, lo hace especialmente inadecuado en áreas donde se busca preservar especies.
El Congreso de Estados Unidos aprobó en diciembre de 2003 el uso de fondos para fumigar cultivos ilícitos en parques naturales colombianos, y a fines de febrero del año pasado se informó que había comenzado la aspersión con glifosato en los de Sierra Nevada y Chiribiquete (sudeste).
El viceministro del Interior, Mario Iguarán, dijo a Tierramérica que la reanudación, que se hará efectiva en las próximas semanas, está amparada en la resolución número 0013 de 2003, que autorizó al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE, adscrito al Ministerio del Interior) a fumigar áreas de reservas naturales con evidencias de cultivos ilícitos que no fuera posible erradicar manualmente.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) presentaron una demanda de nulidad contra esa resolución ante el Consejo de Estado, máxima instancia jurídica para decisiones administrativas, pero Iguarán arguyó que eso no tiene efecto suspensivo.
Según el funcionario, se tuvieron en cuenta "todos los parámetros dictados por Naciones Unidas y el reciente estudio de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (Cicad) que dice que el glifosato no tiene impactos ambientales significativos".
El estudio de la Cicad, que es parte de la Organización de Estados Americanos, fue realizado, a pedido de Colombia, por un equipo de científicos internacionales, presidido por el canadiense Keith Solomon.
Dichos especialistas indicaron que el herbicida tiene "efectos moderados" sobre organismos acuáticos y que sus riesgos para el ambiente y los animales terrestres "son pocos o casi nulos".
El estudio de la Cicad señala que el riesgo "no es significativo", pero sus autores no aclaran qué consideran "significativo", sostuvo Santiago Salazar Córdova, coordinador de una comisión del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador que asesora a la Cancillería de ese país sobre fumigaciones.
La fumigación con glifosato en áreas de Colombia cercanas a Ecuador fue fuente de conflicto con Quito, y se frenó a su pedido. A fines del mes pasado, el gobierno ecuatoriano reiteró que no permitirá que Colombia fumigue en zonas fronterizas hasta que un estudio científico certifique la inocuidad del procedimiento para la población local.
El estudio de la Cicad se realizó de septiembre a marzo, "demasiado poco tiempo para hablar en términos de carcinogenicidad, por ejemplo, y si son genetistas, deben saber eso", dijo Salazar a Tierramérica.
Iguarán admitió que lo ideal es la erradicación manual, que el gobierno espera desarrollar en unas 3.000 hectáreas de áreas protegidas. Añadió, sin embargo, que es preciso fumigar en unas 75.000 hectáreas, que incluyen parte de los parques nacionales y en las que el conflicto interno o la presencia de narcotraficantes no permite el acceso por tierra.
Una fuente gubernamental dijo a Tierramérica, con reserva de su nombre, que el CNE decidió fumigar áreas protegidas pese a que la Unidad de Parques Nacionales del Ministerio del Medio Ambiente había recomendado no hacerlo.
Según el informe de esa Unidad, en el parque de la Sierra Nevada, de unas 230.000 hectáreas, los cultivos ilícitos aumentaron el año pasado apenas 18 hectáreas, de 212 a 230. En Catatumbo, con un área de 178.000 hectáreas, disminuyeron de 129 hectáreas a 107, y en La Macarena, que tiene una extensión de 630.000 hectáreas, aumentaron de 1.152 a 2.630.
Estos cultivos no comprometen áreas que justifiquen los costos ambientales y sanitarios de la fumigación con glifosato, señala Ricardo Vargas, de la ONG Acción Andina, que investiga el tema del narcotráfico en la subregión.
En 2004 se fumigaron 136.000 hectáreas de coca pero la superficie de cultivos ilegales no disminuyó, y sólo 6.000 hectáreas de esos cultivos están en áreas protegidas, una proporción muy menor del problema, alegó.
Vargas recordó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió a fines de 2003 la suspensión en todo el país de las fumigaciones aéreas con glifosato y otras sustancias hasta que se cumpliera el Plan de Manejo Ambiental establecido en 2001 por el Ministerio del Medio Ambiente, y el Ministerio de Seguridad Social estudiara los efectos de esos químicos en la salud humana.
No se sabe que dichos estudios hayan sido realizados, comentó.
De acuerdo con la Unidad de Parques Nacionales, la fumigación afectaría además acuerdos vigentes con las comunidades indígenas de Sierra Nevada para la erradicación manual. También iría a contramano de proyectos de cooperación como el que se lleva a cabo con Holanda para la sustitución de cultivos ilícitos y el desarrollo social en Sierra Nevada y Catatumbo.
Según informó el 28 de abril el semanario El Espectador, Holanda solicitó a la directora de Parques, Julia Miranda, confirmarle si la decisión de fumigar parques es definitiva, pues de ser así "podría ser motivo para solicitar la suspensión de actividades financiadas por esta embajada".
Otros analistas apuntan que el Código de Recursos Naturales prohíbe expresamente fumigar parques nacionales y reservas indígenas, y que la aspersión con glifosato violaría el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 1994, y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que protege la identidad e integridad de los pueblos indígenas.
Según Juan Mayr, ex ministro de Medio Ambiente, la resolución de 2003 que autorizó la aspersión creó "una de las situaciones más graves que le pueda pasar al tema ambiental en el país" y fue "un atentado contra el patrimonio colectivo de los colombianos".
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Con aportes de Juan Carlos Frías (Ecuador). Publicado originalmente el sábado 14 de mayo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
