La inexistencia del Estado en Haití traba el prometido desembolso de más de 1.000 millones de dólares de ayuda internacional, dijo el canciller Rafael Bielsa, de Argentina, país integrante de una criticada misión de paz a esa nación caribeña.
Haití es un país con enormes carencias y una de ellas es la de un Estado presente, en condiciones de gerenciar los recursos para cubrir las necesidades de su población, dijo en Buenos Aires el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Rafael Bielsa, a corresponsales de la prensa extranjera.
Hay una brecha entre los desembolsos y la posibilidad de administrarlos, remarcó.
El ministro respondió así a una consulta de IPS sobre las demoras de los recursos prometidos por países industrializados y organismos multilaterales para asistir al país más pobre de América, dominado en parte por bandas criminales y cuyo gobierno fue derrocado en febrero de 2004.
Argentina forma parte de una misión multinacional despachada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para pacificar el país, restaurar el imperio de la ley y el orden y asistir al gobierno interino en la celebración de elecciones.
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Como parte de la ayuda de la comunidad internacional, los países desarrollados se comprometieron a enviar fondos para reconstruir la infraestructura haitiana, sobre todo en servicios básicos como transporte, salud y educación, y garantizar la realización de elecciones generales entre octubre y diciembre de este año.
Según Bielsa, no es que no existan los fondos, sino que hay problemas de ejecución para aplicarlos a Haití. El funcionario recordó que en la última reunión de donantes, realizada en marzo en Cayena, Guayana Francesa, América Latina se retiró muy satisfecha con los proyectos de cooperación presentados para Haití.
El vicecanciller argentino Jorge Taiana, presente en Cayena, detalló este miércoles que de los fondos prometidos (de más de 1.000 millones de dólares) 270 millones ya fueron ejecutados, y se han presentado 270 planes que requieren desembolsos por más de 750 millones.
Esos proyectos son para reparar o levantar caminos, puertos, escuelas y centros de salud, y para reforzar la seguridad interna, la impartición de justicia y la celebración de los comicios. El problema es la dificultad de cumplir con todos los procedimientos que requieren estos desembolsos por parte del país receptor, señaló el funcionario.
Haití debería estar en condiciones de realizar de estudios de prefactibilidad, organizar unidades ejecutoras para cada proyecto, y aportar recursos humanos propios.
El viceministro admitió que estos procedimientos (requeridos por los trámites de los países e instituciones donantes) deberían agilitarse mediante mecanismos más sencillos y menos burocráticos. A esas necesidades de justificación de los fondos de los donantes se deben las demoras, explicó.
El presidente constitucional haitiano Jean-Bertrand Aristide dejó el país el 29 de febrero de 2004 a bordo de un avión estadounidense que lo condujo a África. Desde allí denunció haber sido víctima de un moderno golpe de Estado pergeñado por Washington.
Apenas derrocado Aristide, la ONU ordenó la inmediata ocupación del país por una fuerza militar multinacional encabezada por Estados Unidos.
A mediados de 2004 esa fuerza fue reemplazada por la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah, por su nombre en francés), dirigida por el chileno Juan Gabriel Valdez y bajo comando militar brasileño.
El componente principal de los 7.400 efectivos militares y policiales de la Minustah (procedentes de una treintena de países) corresponde a 10 naciones latinoamericanas, inclusive Argentina.
Esta misión ha recibido duras críticas de organizaciones de derechos humanos en las últimas semanas, por el pobre desempeño de su mandato referido a frenar la violencia de bandas armadas, y por su aparente incapacidad para asegurar el respeto de los derechos humanos de la población civil.
Por lo menos 400 personas, entre ellas unos 40 policías haitianos y cuatro integrantes de la Minustah, han muerto en enfrentamientos en los últimos seis meses, la mayoría en la capital.
Gran parte de la violencia se relaciona con demandas de restaurar el ejército (disuelto por Aristide) por parte de ex soldados, y de restituir al ex mandatario por parte de grupos armados que lo apoyan. También se acusa a la policía local de ejecuciones sumarias.
Para Bielsa, la solución de los problemas haitianos requiere cuatro condiciones básicas: fondos, tiempo, políticas estables y normalidad institucional. La Minustah es, por naturaleza, una solución transitoria para ese país, que también necesita financiamiento.
Taiana apuntó que la misión debería recibir unos 40 millones de dólares adicionales de la ONU para permanecer en Haití, 20 de los cuales se destinarían a garantizar el proceso de preparación de las elecciones y el resto para financiar la desmovilización de los grupos armados ilegales.
Bielsa reiteró que el compromiso latinoamericano con Haití es amplio y marcado y se mantiene pese a las dificultades.
Una delegación de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, que concluyó el sábado una visita de cuatro días a Haití, aseguró que se tomarían en cuenta las críticas a la Minustah, y consideró probable que el mes próximo, cuando el Consejo tiene previsto renovar el mandato de esa fuerza, decida también aumentarla.
