Mientras aún sigue el debate sobre la muerte de la estadounidense Terri Schiavo, en España concita la atención el severo conflicto entre el personal del Hospital Severo Ochoa y el gobierno de la Comunidad de Madrid, provocado por la aplicación de sedantes a enfermos terminales.
La atención despertada por este enfrentamiento puso sobre el tapete no solamente el tema de los sedantes sino también el de la eutanasia, lo que llevó al consejero (ministro) de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, del centroderechista Partido Popular (PP), a hablar de 400 homicidios.
Lamela destituyó al gerente del hospital, Adolfo Bermúdez de Castro, a su director técnico, Joaquín Insausti, y a su jefe de Urgencias, Luis Montes, después de recibir dos denuncias anónimas, afirmando que en ese servicio se aplicaron sedaciones de manera irregular, lo que provocó una fuerte reacción de todo el personal del mismo y despertó la solidaridad de los partidos de izquierda y de todos los sindicatos.
Algunas de esas sedaciones, según las denuncias respaldadas por Lamela, habrían provocado la muerte anticipada de enfermos atendidos en Severo Ochoa.
Además de la huelga de 24 horas del personal, que suma 1.400 funcionarios, y de masivas manifestaciones de los vecinos de Leganés, la localidad de 180.000 habitantes de los alrededores de Madrid en la que está ubicado este centro de salud, en los próximos días se producirán nuevas acciones de solidaridad con los médicos sancionados.
El hospital funcionó el viernes, debido a la huelga, como si fuera un día feriado, o sea atendiendo nada más que a las urgencias y a los internados.
La presidenta de la Junta de Personal del hospital, Isabel Serrano Gil, informó a IPS que este martes se reunirán en Leganés los representantes de todos los comités de empresas y juntas de funcionarios de los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid, para acordar las acciones que emprenderán.
Porque todos, sin excepción, se han solidarizado con nosotros, subrayó.
Además, en esa instancia coordinarán una concentración que se realizará el jueves próximo frente a la Asamblea (parlamento) de la Comunidad de Madrid, para exigir la renuncia o destitución de Lamela.
Este consejero justificó haber hecho caso a las denuncias anónimas, porque en ellas hay mucha información del hospital, ya que se facilitan datos concretos como apellidos, historias clínicas o fechas y habla de 400 presuntos homicidios.
El médico Alberto Tuca, del Instituto Catalán de Oncología, de Barcelona, la ciudad ubicada a 600 kilómetros al nordeste de Madrid, precisó a IPS que no se debe confundir la sedación a un enfermo, terminal o no, con la eutanasia.
La dosificación del sedante es intencionada en la eutanasia para acelerar la muerte, pero en los demás casos se trata de evitar el sufrimiento, sea físico o mental. Lo que diferencia a una cosa de la otra es el objetivo que se persigue, explicó.
En términos similares se pronunció Xavier Gómez Batiste, presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Para este médico, aplicar la sedación a enfermos terminales que están en agonía durante un coma, es una práctica de libro.
Al respecto, Ángel López Varas, uno de los médicos del Severo Ochoa, se pregunta qué debe hacerse cuando una persona está en coma sufriendo ahogos o con un alzheimer avanzado. Él responde que es preferible que se le apliquen sedantes y acabe su vida con tranquilidad, sin provocar la muerte pero al mismo tiempo evitando el sufrimiento.
Refiriéndose a este asunto, la escritora Cristina Peri Rossi escribió en el diario español El Mundo que llega un momento en la vida en que el dolor es inútil cuando nos abocamos al final inevitable (à), el bien morir necesita la asistencia de sedantes, calmantes, todos esos instrumentos paliativos que ayuden al moribundo y a quienes lo rodean a pasar el difícil trance.
Reconociendo que hay una diferencia radical entre sedación paliativa y eutanasia, Peri Rossi reclama que ambas deberían ser reconocidas como derechos de los enfermos que hayan expresado su voluntad de manera verbal o escrita.
En cuanto a que la sedación pueda crear un hábito o acelerar la muerte de un terminal, recordó irónicamente la resolución del Penal de Alabama (Estados Unidos) que decidió suprimir el último cigarrillo de los condenados a muerte, para preservar su salud.
Mientras, la Fiscalía de Madrid emitió un comunicado indicando que no encuentra infracción penal imputable a nadie en los dos informes que le ha enviado la Consejería de Sanidad, dirigida por Lamela, y basados en las denuncias anónimas.
Luis Montes, el destituido jefe de Urgencias, replicó a Lamela que volvería a proceder de la misma forma en que lo hizo mientras ocupó ese cargo.
Por su parte, Insausti, médico jefe de la Unidad del Dolor, subrayó que en todo momento se procedió correctamente y que lo hecho por Lamela es un atropello.
Insausti destacó que en el Severo Ochoa se atiende a la población de Leganés y de otros municipios cercanos, que suman más de 400.000 personas, disponiendo para ello sólo de 400 camas. Tanto Montes como Insausti negaron rotundamente que se hubiese practicado la eutanasia.
Los destituidos recibieron también el apoyo del Colegio de Médicos de Madrid, cuya presidenta, Juliana Fariñas, reclamó que no se juzgue a nadie sin pruebas y sin reconocerle el derecho a la defensa.
La legislación española establece que para desconectar los aparatos que mantienen con vida a un enfermo terminal éste haya expresado su deseo en un testamento.
No obstante, apuntan fuentes médicas que pidieron mantener en reserva sus nombres, en la práctica no se aplica estrictamente esa ley, pues médicos y familiares en muchos casos llegan a un acuerdo para no prolongar el sufrimiento cuando hay certeza de que el enfermo no tiene posibilidad de recuperarse
En contra se manifiesta la organización Muerte Digna, la indicar que para un católico no hay dudas: la eutanasia no es aceptable, tratándose de matar a un inocente. Un cristiano coherente se sabe hijo de Dios y en Él confía también para la hora de la muerte.
