Cerrado el proceso de reestructuración de la deuda, Argentina se apresta ahora a enfrentar las millonarias demandas de empresas extranjeras por el presunto perjuicio ocasionado por la devaluación de la moneda nacional de comienzos de 2002.
Se trata de 62 reclamos presentados ante el Centro Internacional de Arreglo de las Disputas sobre Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, la mitad de los cuáles están en pleno proceso y suman 18.000 millones de dólares. Pero esa cifra podría ser muy superior si se incluyen las demandas aún no cuantificadas.
La Procuración del Tesoro de la Nación estimó que las exigencias treparían en ese caso a unos 80.000 millones, un monto similar al de la deuda canjeada semanas atrás y que estaba en cese de pagos desde fines de 2001.
Como la enorme mayoría de las firmas litigantes son las que están a cargo de los servicios públicos, el gobierno argentino del centroizquierdista Néstor Kirchner procura detener estos procesos mientras se renegocian una treintena de contratos, incluyendo el aumento de tarifas.
Empero, senadores propusieron ahora nuevos instrumentos para cerrar los litigios. Una iniciativa prevé que las empresas renuncien a sus reclamos como condición para renegociar contratos con el Estado y nuevas tarifas, y la otra sugiere reafirmar la jurisdicción nacional para los fallos arbitrales internacionales, a fin de que puedan ser apelados en la justicia local.
En diálogo con IPS, el economista Leonardo Stanley, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, sostuvo que la estrategia de las empresas de acudir al Ciadi se presenta como una amenaza para forzar al gobierno a renegociar los contratos.
Por su parte, el gobierno les exige hacer parar los procesos para volver a discutir los nuevo términos contractuales.
Stanley es autor del estudio Acuerdos bilaterales de inversión y demandas ante tribunales internacionales: la experiencia argentina reciente, publicado a fines de 2004 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Su conclusión es que sólo retirarán las demandas las empresas que proyecten seguir en este país.
Hasta ahora, sólo dos firmas anunciaron su decisión de renunciar a las demandas: Gas Natural, del grupo español Repsol YPF y cuyo reclamo no tenía un monto específico, y la empresa petrolera estadounidense Pioneer Natural Resource, que reclamaba 80 millones de dólares.
El consorcio de capitales españoles admitió que desistía de seguir en el tribunal arbitral para arribar en breve a un acuerdo justo y razonable de renegociación de su contrato con el Estado argentino. Pero su socia en la distribución del gas, la firma estadounidense LG&E, mantiene su demanda por 268 millones de dólares.
Otras empresas españolas también sostienen su reclamo, como es el caso de Telefónica, que exige una compensación de casi 3.000 millones de dólares, Endesa, de electricidad, que pide 1.800 millones, y Aguas de Barcelona, accionista de Aguas Argentinas, que solicita 1.700 millones de dólares de indemnización.
La apelación de las empresas al arbitraje internacional del Ciadi es un derecho previsto en los tratados bilaterales de inversiones suscritos en los años 90 por el entonces gobierno de Carlos Menem (1989-1999) para atraer inversiones. Esos acuerdos protegen las inversiones y consagran el sistema de arbitraje internacional para resolver controversias.
Precisamente, la mayoría de las reclamantes son empresas que se hicieron cargo de los servicios públicos y de la producción de energía en el proceso privatizador encarado por Menem, del Partido Justicialista al igual que Kirchner pero ubicado en el otro extremo del marco ideológico.
También, a comienzos de esa década, se puso en marcha el régimen de convertibilidad que mantuvo por ley la paridad un peso argentino un dólar por 11 años, se abrió la economía, se bajaron las trabas arancelarias y se minimizó en los hechos la regulación estatal. En ese marco, Argentina suscribió tratados de inversiones con más de 50 países.
Al finalizar la década del 90, el Ciadi, que apenas recibía una presentación por año desde su creación, comenzó a acoger una por mes. Pero tras la derogación de la ley de convertibilidad, a inicios de 2002 y a instancias del presidente Eduardo Duhalde (2001-2003), las demandas provenientes de Argentina constituyeron una avalancha.
En el marco de la ley de emergencia económica, Argentina dispuso entonces la devaluación de su moneda, a la vez que se transformaron compulsivamente en pesos los depósitos bancarios en dólares y no se habilitó el aumento de tarifas de los servicios como pretendían las firmas privadas a su cargo.
Las firmas telefónicas y de producción y distribución de agua, gas y electricidad habían suscrito con el Estado acuerdos de tarifas en dólares e indexadas por la fluctuación de precios en Estados Unidos. Sin embargo, en un contexto de colapso económico y social y con una depreciación monetaria superior a 70 por ciento, esas condiciones fueron imposibles de mantener.
Entonces los ejecutivos de esos capitales privados acudieron en masa al Ciadi, lo cual llevó a que la mitad de las presentaciones en esta instancia arbitral del Banco Mundial correspondan a demandas en contra del Estado argentino y casi todas por las mismas razones, es decir el supuesto perjuicio por la congelación de tarifas.
Pero la resolución por esta vía tampoco se prevé muy llana. El Ciadi no tiene miembros permanentes, sino que constituye tribunales ad hoc para cada caso, y tampoco prevé la consolidación de causas similares de un mismo país ni acumula jurisprudencia.
Por lo tanto, puede ocurrir que se obtengan fallos contradictorios y simultáneos sobre causas muy similares procedentes del mismo país.
Para Stanley, las señales emitidas por Argentina en los años 90 siguieron un criterio rígido y de corto plazo, por el cual no se analizaban los potenciales costos de los compromisos en caso de una crisis del tenor de la que sobrevino en 2001. Por eso ahora se debería mantener el litigio en un marco de renegociación.
El dilema ahora pasa por encontrar una solución que, considerando la visión legal y económica de las empresas y del Estado resulte viable para ambas partes, sin necesidad de apelar al tribunal arbitral, recomendó el economista. Eso es lo que intenta Argentina y algunas de los consorcios transnacionales en cuestión.
El gobierno de Kirchner, que asumió en mayo de 2003, se abocó primero a estabilizar la economía y luego a renegociar la deuda, declarada en cesación de pagos durante la misma crisis que derivó en la devaluación.. Después de tres años, 76 por ciento de los acreedores aceptaron la propuesta de canje de bonos.
Contra reloj, las autoridades argentinas buscan ahora atender las demandas de las empresas privatizadas antes que el tribunal empiece a fallar. Las propuestas de Kirchner y del Congreso legislativo están este mes en pleno debate, pero para aprobarlas el gobierno necesita mostrar voluntad de negociación con las empresas.
El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, cree que no se necesita una ley que reafirme la jurisdicción nacional.
En cambio, Rosatti se mostró favorable a respaldar la iniciativa que prevé exigir a las firmas que desistan de las demandas como condición para renegociar sus contratos, la cual debió encararse a comienzos de 2002. (
