Los tribunales españoles tienen competencia para juzgar al ex capitán de la armada de Argentina Adolfo Scilingo, encausado por genocidio, terrorismo y torturas, dijo a IPS el secretario de Derechos Humanos de ese país, Eduardo Duhalde.
La Audiencia Nacional de España, equivalente a un juzgado federal, dictará sentencia el martes 19 en el caso del ex militar, quien está detenido en una prisión de Madrid y acaba de presentar una apelación impugnando las declaraciones de testigos. Fuentes del tribunal señalaron a IPS que ese recurso no será aceptado.
Duhalde, de visita esta semana en Madrid, aclaró que hubiera sido lógico que Scilingo fuera juzgado en Argentina por delitos cometidos durante la dictadura (1976-1983), pero recordó que en su país han existido y todavía se padecen consecuencias de leyes que garantizaron la impunidad y el no juzgamiento de militares, en referencia a las llamadas de punto final y obediencia debida.
Esas normas fueron aprobadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) tras los juicios que llevaron a la cárcel a los jefes militares de la dictadura, luego indultados por el presidente Carlos Menem (1989-1999). En la actualidad están derogadas y anuladas, pero demandas de inconstitucionalidad al respecto aún esperan el dictamen de la Corte Suprema de Justicia.
El hecho de dejar lejos de los tribunales nacionales a los uniformados acusados puso en funcionamiento los resortes de la justicia universal, y eso dio lugar a juicios como el de Scilingo y de (Ricardo) Cavallo, el otro oficial de la marina de guerra detenido en España, precisó el funcionario.
Mal podría nuestro gobierno (de Néstor Kirchner) rechazar esos juicios, que nacieron por la propia responsabilidad del Estado argentino al no juzgar a autores de crímenes de lesa humanidad, apuntó.
Empero, precisó que las cosas están cambiando en su país, pues hoy se están reabriendo prácticamente todas las causas que quedaron paralizadas por la ley de obediencia debida.
Lo ideal sería que todos los responsables (de la represión ilegal) sean juzgados en el país, porque mal ejemplo se da a la comunidad internacional si no se está en condiciones de administrar justicia contra los violadores de las leyes en su propio país, añadió.
Pero no sólo los militares acusados de los crímenes deben ser juzgados, aseguró ante una pregunta específica.
Lo que aparece más flagrante son los perpetrados por los responsables directos, que generalmente vestían uniformes, pero eso no quita la responsabilidad de quienes fueron jefes civiles de esa dictadura, como es el caso de José Alfredo Martínez de Hoz, (el ministro de Economía de la dictadura) que fue amparado por un indulto de Menem, comentó Duhalde.
En su apelación, Scilingo afirma que las detenciones, secuestros, allanamientos de domicilios, interrogatorios bajo compulsión física o psíquica y la eliminación física o psíquica de los llamados subversivos se hicieron tal y como exigían los reglamentos militares vigentes desde 1968/1969.
Por eso impugna a testigos en su contra que declararon en Madrid, como el ex fiscal Julio César Strassera, acusador de los jefes militares de la dictadura, el fiscal general de la sudoriental ciudad de Bahía Blanca, Hugo Cañón, y la abogada Mirtha Elizabeth Mantaras.
La apelación fue calificada de improcedente y sin sentido por Carlos Slepoy, el abogado argentino de la acusación ante la justicia española.
En primer lugar, señaló, porque en los juicios está el derecho a la contradicción, por el cual cuando declararon los testigos tanto una parte como la otra podían responder y exponer sus argumentos, y no esperar a que el sumario esté cerrado.
En segundo, porque no hay ni puede haber obediencia legítima a las leyes, reglamentos y órdenes derivadas de los mismos, dictados o aplicados por la dictadura, ya que nunca se debe obedecer una disposición que va en contra de los derechos humanos.
Por su parte, Duhalde señaló a IPS que todavía queda mucho por hacer para caminar hacia un mundo en paz, seguridad y respeto por los derechos humanos. En ese camino hay una tarea en la que deben trabajar juntos América Latina y Europa: fortalecer los mecanismos de (la Organización de) las Naciones Unidas para hacer frente a la violencia.
¿A la violencia en general?, preguntó IPS. Hay muchos tipos, está la institucional, la de los estados y también la de grupos que la utilizan como forma de acción política, respondió.
El funcionario y jurista argentino, quien estuvo exiliado en España desde 1976 a 1983, diferencia entre guerrillas y grupos terroristas, aunque a veces los grupos guerrilleros también apelaron a fórmulas terroristas.
Sin embargo, las guerrillas generalmente son fuerzas insurgentes que cuestionan la estructura política de ciertos estados y combaten por la toma del poder, explicó.
También cree que puede haber una violencia contra civiles que no sea una forma de terrorismo y, subrayó, de ninguna manera hago valoración positiva del terrorismo, pero reconozco que en zonas de conflicto, donde la población civil también está involucrada en guerras internas, se dan casos de violencia sin que se las deba calificar como terrorismo.
Al responder a la consulta sobre cuáles son las bases principales que generan esa violencia, sostuvo que sin duda una de las maneras generadoras de violencia en el mundo es la que imponen los detentadores del poder económico concentrado contra las poblaciones a través del hambre.
No hay peor violencia que el hambre, que la marginación social, no hay más terrorismo que condenar a mujeres, niños y ancianos a morir de inanición, enfatizó.
Duhalde, quien llegó en 1976 a España huyendo de la dictadura encabezada entonces por el general Jorge Videla, recuerda la enorme solidaridad recibida al llegar, aunque debimos esforzarnos en explicar nuestro éxodo, porque la imagen que en sus inicios transmitió el régimen militar es que iniciaba un proceso de orden.
Pero una vez aclarada la situación, en lo que cumplió una eficaz tarea la Comisión Argentina por los Derechos Humanos, creada por él y por el también abogado Gustavo Roca, recibimos solidaridad en apoyo de los exiliados, sí, pero fundamentalmente en apoyo a la defensa de las instituciones democráticas avasalladas por la dictadura.
A riesgo de cometer olvidos imperdonables, aceptó mencionar a quienes lideraron ese apoyo, como el periodistas Francisco Cuco Cerecedo, intelectuales como Rafael Alberti o Blas de Otero, políticos desde Dolores Ibarruri (la legendaria Pasionaria) a todo el espectro del arco político.
Y sobre todo al intelectual y jurista Joaquín Ruiz Jiménez, una especie de padre espiritual en la lucha por la restauración de las libertades y derechos humanos en la Argentina, agregó.
Sobre el futuro de la lucha por los derechos humanos, Duhalde comentó que es indispensable a través de la justicia esclarecer, buscar el castigo de los responsables y cumplir con todas las tareas pendientes en relación al pasado.
El presidente Kirchner y quienes lo acompañamos estamos convencidos de que no se puede construir una nueva sociedad sobre los cimientos de la impunidad, la falta de justicia, el dolor no reparado, la verdad no investigada, afirmó.
Pero muy importante, en la actualidad, es garantizar los derechos civiles, políticos y fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales en visión de futuro, de las nuevas generaciones de argentinos.
Debemos pensar en una inserción de Argentina en el mundo moderno como un país de respeto, de dignidad, de solidaridad, donde merezca la pena vivir y sentirse argentinos, puntualizó.
Duhalde, sólo homónimo del presidente que precedió a Kirchner de 2001 a 2003, admitió que a corto plazo no es posible volver a la situación de relativo bienestar económico y social que tuvo Argentina décadas atrás..
Se ha mejorado mucho, hay índices de recuperación notables, pero, como dice el presidente Kirchner, no estábamos tocando fondo, estábamos en el subsuelo, así que todavía queda mucho por hacer y en eso estamos.
