La Comisión de Derechos Humanos de la ONU debe sacudirse con urgencia la inacción que mantiene ante Colombia, pues de lo contrario vamos a tener un país destrozado, advirtieron activistas.
Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos demandan que este año se refuercen los mecanismos de seguimiento de las recomendaciones adoptadas en períodos anteriores por la Comisión para superar la crisis colombiana.
El máximo organismo especializado de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), reunido en sesión anual en Ginebra hasta el 22 de abril, discutirá la semana venidera las violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado que se prolonga desde hace más de medio siglo en Colombia.
Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), estimó que el cuerpo de la ONU debe aprobar este año una decisión sustancialmente distinta y con mayor grado de influencia que las precedentes.
Las recomendaciones no son para ser cumplidas dentro de 20 años, porque en Colombia se está matando gente todos los días, y también de manera cotidiana desaparecen o se detienen personas y eso tiene que cesar, dijo Gallón a IPS.
Las 27 recomendaciones de la Comisión han sido dirigidas a las tres ramas del gobierno, a los organismos de supervisión encargados de la protección y la promoción de los derechos humanos, a la sociedad civil, la comunidad internacional y a los grupos armados ilegales.
Las observaciones comprenden seis aspectos del campo de derechos humanos: prevención y protección, el conflicto armado interno, el imperio del derecho y la impunidad, políticas económicas y sociales, promoción de una cultura de derechos humanos, y servicios de asesoría y cooperación técnica de la Oficina de la ONU en Colombia.
La Oficina establecida en Colombia por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 1996, con finalidades de supervisión y de asistencia técnica, evaluó que durante 2004 la aplicación de las recomendaciones fue menos firme de lo deseado y de lo necesario.
Las recomendaciones efectuadas en 2004 por la Comisión fueron similares a las formuladas en 2003 y años anteriores, dijo el informe de la Oficina. A pesar de eso, el proceso de aplicación se caracterizó por su lentitud y por el desaprovechamiento de las oportunidades, insistió.
Aun más, algunas disposiciones y acciones contrarrestaron las recomendaciones y agravaron los problemas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, dijo el informe que discutirá el martes próximo la Comisión de la ONU.
Si la situación no mejora, no es por culpa de la Oficina establecida en Colombia, sino porque las recomendaciones no son cumplidas ni respetadas por el gobierno colombiano, afirmó Gallón.
La Oficina comprobó que se siguen registrando violaciones de los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad, al debido proceso y a la privacidad, como también a las libertades de movimiento, de residencia, de opinión y de expresión.
La situación continua siendo crítica. Han aumentado los informes de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad y a otros funcionarios públicos, afirma el informe de la Oficina de la ONU.
También persisten grados elevados de aplicación de torturas y de desapariciones forzadas, prosigue el documento.
A su vez, las recomendaciones dirigidas a los grupos armados ilegales fueron totalmente desoídas. En esas agrupaciones se incluyen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, el principal movimiento insurgente del país) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ambas guerrillas izquierdistas.
En el bando de los paramilitares de extrema derecha que combaten contra las guerrillas y dicen estar de parte del Estado, se ubican con preponderancia las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
Los grupos paramilitares continúan su expansión y consolidación a pesar del declarado cese de hostilidades y de la desaparición de su líder, Carlos Castaño, consignó la Oficina.
Según la CCJ, las AUC han cometido 1.889 asesinatos desde que proclamaron un cese unilateral del fuego, en diciembre de 2002, hasta agosto del año pasado.
El afianzamiento de los paramilitares incluye el control social e institucional en niveles locales y regionales, como también en vínculos estrechos con el narcotráfico, aseguró el informe de la Oficina de la ONU.
El documento observó que declaraciones reiteradas de altos funcionarios gubernamentales colombianos han negado la existencia de un conflicto armado interno y afirmado que solo existe una amenaza terrorista.
Esta nueva caracterización de un problema que ha existido durante décadas podría conducir a confusión y dificultades en numerosos campos, desde la información estadística hasta las políticas públicas, incluyendo la aplicación rigurosa del derecho internacional humanitario, advirtió la Oficina.
Gallón dijo a IPS que el último informe de la Oficina de la ONU es, como todos los años, un documento serio y profesional. Y es incluso más intenso al abordar, además del diagnóstico de la situación, ciertos aspectos como el análisis de la información estadística del gobierno, que muestra graves problemas de rigor y de inconsistencias, afirmó.
Durante los últimos meses de 2004 se registró un aumento en la cantidad de asesinatos de dirigentes indígenas, dijo el informe. También se incrementaron las solicitudes de protección de sindicalistas, periodistas, ex alcaldes y miembros de los partidos Unión Patriótica y Comunista.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos denunció esta semana en Ginebra las amenazas de muerte recibidas por miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, de la seccional Barranquilla, un departamento de la zona atlántica del país.
El Observatorio es un programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).
Los 19 trabajadores amenazados pertenecen a la plantilla de la empresa Coca-Cola de Barranquilla y Santa Marta. Estos episodios se produjeron cuando el sindicato de Barranquilla preparaba un pliego de peticiones a las firmas embotelladoras de Coca-Cola de la costa norte de Colombia, dijo a IPS el director de la OMCT, Eric Sottas.
El informe de la ONU contiene también una referencia a las violaciones de los derechos de las mujeres y de las niñas. Esos abusos se perpetran mediante estereotipos sexistas y formas diferentes de discriminación, violencia y exclusión, sostuvo.
En el contexto de la militarización de la sociedad y en situaciones de conflicto armado, los riesgos y la inseguridad aumentan para las mujeres, pues la violencia de género se vuelve más aguda, comentó a IPS Ana Milena González, del grupo de trabajo Mujer y Conflicto Armado, de Colombia.
Las organizaciones no gubernamentales demandan igualmente mayor información sobre el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares.
El gobierno del derechista Álvaro Uribe inició conversaciones secretas con las AUC para obtener su desmovilización y desarme. Desde diciembre de 2003 se han desmovilizado casi 7.000 paramilitares.
Sin embargo, no existe un sistema de verificación, y la inmensa mayoría de los paramilitares desmovilizados continúan armados, usando esas armas para intimidar y extorsionar a la población, dijo a IPS Federico Andreu Guzmán, subsecretario general de la Comisión Internacional de Juristas, con sede en Ginebra.
El parlamento colombiano inició apenas este año la discusión de un proyecto que establezca un marco legal de justicia, reparación y verdad para el proceso de desmovilización paramilitar, que debería aplicarse también en una eventual negociación con las guerrillas.
Con todos esos antecedentes, Gallón estimó que existen motivos sobrados para reclamar mecanismos más efectivos a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Este cuerpo no puede estar adoptando decisiones sin importarle que después se desconozcan, sostuvo.
Los activistas proponen que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Louise Arbour, presente un informe interino de la situación colombiana a la Asamblea General de la ONU. De esa manera, la crisis de ese país sudamericano será motivo de preocupación para la comunidad internacional dos veces al año, arguyó Gallón.
Otro mecanismo sugerido por la sociedad civil es el nombramiento de un relator especial o de un experto que acompañe el trabajo de la Oficina en Colombia en relación con el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión.
La designación de un funcionario para ocuparse de la situación de un país es una de las determinaciones más severas que adopta la Comisión y que los gobiernos procuran evitar pues la consideran infamante.
