Marta Domicó, indígena embera-katío de 20 años de edad, teje collares con cuentas de colores que vende cerca de la puerta de una vieja casona de ladrillos en el centro de Bogotá, que es la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y donde ella vive hacinada, junto unos 450 miembros más de su comunidad, desde el 22 de diciembre.
Domicó y su compañero Francisco Rubiano se vinieron a la capital con sus dos hijos, uno de tres años y el otro de siete meses, a reclamar junto con el resto de su comunidad que el gobierno cumpla acuerdos firmados en 2000 para paliar el impacto ambiental y social de la represa Urrá, en el territorio del norteño departamento de Córdoba que ancestralmente ha habitado esa etnia.
Tengo muchos collares, pulseras y pendientes, pero la gente casi no compra, dijo Domicó a Tierramérica, mientras dejaba a un lado, sobre el piso, la cesta con chaquiras (cuentas de arcilla), hilo y agujas, para abrigar a su hijo menor. Los dos pequeños han padecido varios ataques de gripe, fiebre y diarrea desde que llegaron a la capital.
El frío de Bogotá nos afecta mucho, porque estamos acostumbrados a los 30 grados de temperatura que generalmente tenemos en Córdoba, señaló.
Marta añora la cocina de su casa, con paredes de barro y techo de palma, y su huerta con cultivos de plátano, maíz y arroz, pero asegura que permanecerá en Bogotá hasta que el gobierno responda a las demandas de los embera-katío.
Belisario Domicó, líder de la comunidad, contó a Tierramérica que el grupo, en el que hay 184 niños menores de 16 años, reside en la sede de la Onic tras ser desalojado del edificio del Ministerio del Medio Ambiente, en el que se había instalado sin permiso al llegar a Bogotá.
El gobierno nacional se comprometió en 2000 a llevar a cabo acciones para mitigar el impacto causado por la represa Urrá, construida en los años 90 por la empresa estatal del mismo nombre, pero no ha cumplido ese acuerdo, aseveró.
Otro líder indígena dijo a Tierramérica, con reserva de su identidad, que las medidas tomadas por el gobierno están lejos de haber contribuido a la prevención, mitigación, compensación y reparación de los daños ocasionados a nuestro pueblo.
El 14 de marzo, 72 días después de que el gobierno suspendiera el diálogo con los embera-katío para expresar su rechazo a la toma de la sede del Ministerio de Ambiente, representantes del Ministerio del Interior y de los organismos de control (Defensoría del Pueblo y Procuraduría) volvieron a reunirse con los indígenas para buscar una solución al conflicto.
Las partes acordaron negociar en secreto, pero Tierramérica supo que hay avances hacia una posible solución, que incluiría modificar la licencia ambiental que se le otorgó a Urrá para operar, y realizar un nuevo diagnóstico del impacto ambiental causado por la represa.
Según las fuentes, se acordó llevar a cabo una consulta con las comunidades para facilitar una etapa de transición, y que el gobierno financie el desarrollo de un plan para mejorar la calidad de vida de los indígenas.
Nosotros vamos a hacer una consulta para saber cómo quiere la comunidad que utilicemos los recursos que nos puedan dar como indemnización por los daños ocasionados, confirmó Belisario Domicó.
Los indígenas afirman que con el llenado del embalse y la desviación del río perdieron la pesca que era su principal fuente de subsistencia, y también gran parte de sus cultivos.
El grupo también demanda mayor protección contra grupos armados irregulares que se disputan su territorio, y contra el hostigamiento de poderosos terratenientes interesados en que los indígenas abandonen las fértiles tierras en que viven, para apoderarse de ellas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió en abril de 2000 al gobierno colombiano que concertara con los embera-katío medidas de protección en su territorio, tras conocerse que al menos 300 indígenas de esa comunidad había sido asesinados por grupos armados desde 1995.
Misiones humanitarias de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia registraron que tanto paramilitares derechistas como guerrilleros izquierdistas han torturado y asesinado dirigentes indígenas, acusados por cada bando de colaborar con el otro. Los grupos armados han arrasado casas, destruido canoas y obligado al deslazamiento de unos 800 indígenas.
El Ministerio del Interior dio a conocer su expectativa de que esta semana finalicen las negociaciones y se inicie el retorno de la comunidad hacia su lugar de origen.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Publicado originalmente el 2 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
