El panorama de las cuestiones de género en América Latina muestra un estancamiento generalizado y avances sólo en algunos países. A este ritmo pasarán por lo menos 50 años antes de que se cumplan metas fijadas en 1995 en Beijing, e incluso se carece de información detallada sobre la situación de las mujeres en la región.
El programa Una estrategia para el control ciudadano de la equidad de género vigiló el cumplimiento de compromisos, de 1995 a 2003, por parte de 18 países de latinoamericanos que asumieron el mandato de la Plataforma de Acción Mundial aprobada en la capital china durante la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en 1995.
Organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela aplicaron la metodología del Índice de Compromiso Cumplido (ICC) para constatar avances o retrocesos en materia de equidad de género y justicia social.
El ICC compara la evolución de indicadores básicos, con el fin de ejercer control ciudadano y sistematizar la información disponible, en forma independiente de los partidos y gobiernos. Fue elaborado por el Grupo Iniciativa Mujeres, formado por organizaciones no gubernamentales (ONG) de mujeres chilenas, a propuesta de la Coordinación Regional de ONG de América Latina y El Caribe.
Se trata de un piso mínimo de lo comprometido por todos los países del mundo, no sólo en 1995 sino desde 20 años antes, cuando las Naciones Unidas plantearon en 1975 el decenio de las mujeres, explicó a IPS la investigadora Ana María Muñoz, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
Los acuerdos de Beijing se amparan en la Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés, aprobada en 1979 y obligatoria para los países firmantes.
Metas como la igualdad de salarios entre hombres y mujeres se establecieron en el Convenio N° 100 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1952, y fueron ratificadas por los países latinoamericanos de 1952 a 1989, con excepción de El Salvador que lo hizo en 2000.
En 1994, el Plan de Acción de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo planteó el pleno ejercicio de los derechos reproductivos mediante el acceso a servicios de salud de calidad.
Según Muñoz, los resultados del ICC son en promedio buenos, pero evidencian que todavía queda mucho camino por recorrer, y que a este ritmo faltan unos 50 años antes de que las mujeres alcancen niveles de vida adecuados en la región.
Se revisaron indicadores de participación y acceso al poder, autonomía económica y pobreza, salud y derechos sexuales y reproductivos.
La evolución general del ICC muestra un avance sostenido, de 61 por ciento de cumplimiento de metas en 1995 a 66 por ciento en 2003. El primer lugar en 2003 fue ocupado por Chile con 75 por ciento, seguida por República Dominicana con 72 por ciento y Panamá con 68,9 por ciento.
Pero el país con mayor avance fue El Salvador, que en los ocho años revisados pasó de 58,4 a 68,2 por ciento.
Sin embargo, la mejoría de la situación de la mujer latinoamericana desde 1995 no ha sido homogénea. La mayoría de los países experimentan una evolución positiva, pero son excepciones México y Nicaragua. El índice nicaragüense de cumplimiento de metas sanitarias disminuyó 13 puntos porcentuales en el periodo.
El más bajo promedio de ICC correspondió al área de participación y acceso al poder de la mujer, con sólo 24,4 por ciento, pese a que todos los Estados de América Latina cuentan formalmente con políticas de equidad para cumplir compromisos nacionales e internacionales en la materia.
Con el paso del tiempo, esas políticas han perdido peso y presupuesto, en lugar de ganarlo , señaló Muñoz.
El promedio de parlamentarias en la región es 15 por ciento, y también es escasa la presencia de mujeres en cargos políticos no electivos de importancia. La investigación de Flacso verificó que las leyes de cuota para mujeres marcan la diferencia entre buenos y malos resultados en esta área, aunque en los países que las tienen son usadas como piso máximo en lugar de mínimo, aclaró.
María Antonieta Saa, diputada del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD) chileno, señaló a IPS que desde 1997 las parlamentarias han insistido sin éxito con un proyecto de ley para establecer cuotas en las candidaturas y lograr que ningún partido lleve más del 60 por ciento de candidatos del mismo sexo.
El ICC de autonomía económica y pobreza expresó un avance de 4,4 por ciento en el periodo, para llegar a un promedio de 76, 3 por ciento de metas cumplidas.
A pesar de la creciente incorporación de la mujer al mercado del trabajo, ellas no han logrado igualar a los hombres en cuanto a ingresos, consiguiendo en el mejor de los casos 87 por ciento (El Salvador) y en el peor 57 por ciento (Guatemala).
En cuanto al nivel de alfabetización, exceptuando Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las jóvenes de América Latina presentan un nivel superior a 90 por ciento. Una señal alentadora para el ejercicio efectivo de los derechos de la mujer y la ruptura del círculo que perpetúa bajos resultados en los hijos.
La falta de información desagregada por sexo y edad sobre problemas y necesidades en materia de salud obstaculizó la investigación en seis países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.
El retroceso en los resultados relacionados con salud y derechos sexuales y reproductivos, del 75,7 por ciento en 1995 a 73,6 por ciento en 2003, se debe según el equipo de investigación a barreras culturales y religiosas, y a deficiencias generales en los servicios de salud, especialmente en materia reproductiva.
Según Adriana Gómez, encargada de comunicaciones de la no gubernamental Red de Salud chilena, hay muchas deudas pendientes en salud sexual y reproductiva, particularmente en relación con el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y en la atención de la adolescencia.
Hemos presentado un proyecto de Ley Marco de Derechos Sexuales y Reproductivos, y hace más de dos años que ni siquiera se considera en la legislatura, dijo a IPS.
Existe lentitud y escasa efectividad de los avances en la aplicación de la legislación sobre derechos de la mujer. Se crece en lo normativo y en el discurso, pero en la práctica la vida de las mujeres sigue teniendo muchas desigualdades, aseguró.
