Las mujeres que ejercen poder político en América Latina son pocas. Algunas adoptan prácticas masculinas y otras resisten costumbres machistas, como el lenguaje sexista. Pero varios hechos indican una nueva dinámica.
El acceso femenino a los poderes constitucionales sigue siendo escaso. Son apenas unas pocas aventuradas en un territorio moldeado por y para los hombres.
En Brasil, muchos legisladores aún se dirigen a sus pares mujeres como mi amor o querida, lo que indigna a diputadas y senadoras, relató a IPS la asesora parlamentaria Milena Calazans, de la organización no gubernamental Cfemea, que acompaña proyectos de interés femenino en el Congreso.
Una concejala del Partido Socialista de Argentina, Silvia Augsbeurger, propuso en enero al cuerpo legislativo de su ciudad, Rosario, la elaboración de un manual de lenguaje administrativo no sexista, primera iniciativa en su tipo de ese país. Un periodista radial consideró necesario replicar que lo que Augsbeurger necesitaba era un hombre.
Las legisladoras argentinas se quejaban hasta hace poco porque en sus despachos continuaban identificadas como senador María López, o recibían cartas e invitaciones enviadas a el/la diputado y Señora.
La proporción de parlamentarias en América Latina es de 15 por ciento, y es escasa la presencia de mujeres en cargos políticos no electivos de importancia, según el Índice de Compromiso Cumplido divulgado la semana pasada, que revisó avances y retrocesos de 18 países en la consecución de la plataforma de la IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, realizada en China en 1995.
Las leyes de cuotas, que obligan a incluir un porcentaje mínimo de candidatas en las listas electorales, marcan la diferencia entre buenos y malos resultados, aunque en los países que las tienen son usadas como máximo en lugar de mínimo, afirma el estudio realizado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
Argentina constituye un ejemplo exitoso de aplicación de ley de cuotas, vigente desde 1991. En 71 senadores hay 31 mujeres y 40 hombres, y en la cámara baja hay 131 diputados y 124 diputadas. Además, 22 de las 24 provincias del país adoptaron una legislación similar.
El cambio más significativo se da en las prácticas institucionales, que son ahora más respetuosas con las mujeres, dijo a IPS la directora del Instituto Social y Político de la Mujer, María José Libertino. También en el avance de leyes de violencia contra la mujer y salud sexual y reproductiva, agregó.
Pero en el Poder Ejecutivo argentino hay sólo una ministra, mientras en la Suprema Corte de Justicia, por primera vez en la historia, en 2004 se nombraron dos magistradas.
En Brasil, la ley de cuotas instaurada en 1996 no tuvo el mismo resultado. Los partidos deben presentar por lo menos 30 por ciento de candidatas en sus listas, pero éstas son abiertas y no hay castigos para los partidos que no cumplen con el mínimo de presencia femenina en sus hojas de votación.
De los 513 diputados, 45 son mujeres, y hay nueve senadoras en un cuerpo de 81 miembros.
No hace mucho, las parlamentarias tuvieron que pelear por baños femeninos cerca del plenario, no provistos por la construcción de la sede legislativa en algunas partes, relató a IPS la legisladora del estado de Minas Gerais María do Carmo Lara, del gobernante Partido de los Trabajadores.
En 2003, las bancadas de senadoras y diputadas protestaron por un desagradable incidente.
Cuando se debatía la reducción de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años, el diputado Jair Bolsonaro llamó vagabunda a su par María do Rosario Nunes, y le aseguró que cambiaría su opinión, contraria a la propuesta, si un violador atacara a su hija.
Pero se han procesado avances, como la eliminación del delito de adulterio del Código Penal, aunque continúa vigente la legítima defensa del honor, que permite absolver a hombres que asesinan a sus parejas por celos o infidelidad.
Otros logros fueron la creación de la Secretaría de Políticas para Mujeres, la ampliación de los servicios para mujeres en la salud pública y de las comisarías de la mujer, que ahora existen en menos de 10 por ciento de los 5.560 municipios del país.
En el gabinete de 34 integrantes del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva hay solo cuatro mujeres con rango ministerial.
La incorporación de mujeres en el nuevo gobierno uruguayo constituye un cambio muy importante, que traspasa lo que la ciudadanía tenía planteado en esta materia, dijo a IPS la feminista Cristina Grela, médica, fundadora de Católicas por el Derecho a Decidir en este país y directora del programa Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública.
En la legislatura instalada el 15 de febrero, hay apenas una docena de mujeres en 129 legisladores, a pesar de lo cual es femenina la presidencia de la cámara baja. A juicio de Grela, todo lo que trabajó la sociedad civil por impulsar la agenda de las mujeres no rindió en la puja política, porque ahí se juegan otras cuestiones.
Pero el trabajo del movimiento de mujeres y de la bancada femenina en el parlamento (que coordina acciones sin importar el partido político de pertenencia) tuvo mucho que ver en este cambio que es histórico para el país, sostuvo.
Hay tres ministras en el gabinete (una de ellas al frente de la cartera de Defensa), dos viceministras, varias directoras generales y decenas de directoras, 17 solamente en el Ministerio de Salud Pública.
Además, el recién creado Ministerio de Desarrollo y Participación Social tiene toda su plana mayor acaparada por mujeres. Una mujer comandará el canal de televisión oficial y otra estará al frente de la poderosa compañía estatal de telefonía. Y, por primera vez, la policía de tres departamentos tendrá jefas y no jefes.
En Cuba las mujeres ocupan 36 por ciento de los escaños y 35 por ciento de los puestos de dirección en la economía estatal. Hay seis ministras y 31 viceministras.
Pero la mayoría de los puestos de dirección siguen en manos de hombres y muchas mujeres, cuando asumen algunas de esas tareas, encarnan los métodos masculinos de conducción, que son los que cuentan con aprobación social.
En Venezuela la participación de mujeres en altos cargos públicos no ha variado en los últimos 10 años. En el gabinete del presidente Hugo Chávez hay cuatro ministras (22 ministerios), dos gobernadoras (24 gobernaciones) y 29 alcaldesas (335 distritos).
En la Asamblea Nacional de 165 miembros, hay 19 legisladoras. Y en el máximo tribunal de justicia, hay ocho magistradas en un total de 32.
La nueva Constitución venezolana, en vigor desde 1999, y algunas leyes que la han desarrollado introdujeron el lenguaje de género. Así, en vez de ciudadanos se habla de ciudadanos y ciudadanas, electores y electoras, el presidente o la presidenta de la República.
En las estructuras de poder puede que las mujeres con cargos sostengan una agenda política o ideológica, pero en las bases sociales se impone con perspectiva de género la defensa de los intereses de los hogares pobres y las familias, dijo a IPS Marta Chacón, una de las directoras del estatal Instituto Nacional de la Mujer.
En Chile, las preferencias para la elección presidencial se centran en dos mujeres, la ex ministra de Defensa Michelle Bachelet y la ex canciller Soledad Alvear, ambas de la coalición centroizquierdista en el poder que se medirá en 2006 contra la oposición derechista.
El hecho de que se necesite de una presidenta mujer que pueda poner en jaque el conservadurismo de la derecha chilena me parece un logro para el movimiento de mujeres, para el feminismo, dijo a IPS la presidenta de la organización no gubernamental La Morada, María Pía Matta.
En el Poder Ejecutivo hay sólo tres ministras y ocho subsecretarias, una alcaldesa y 13 gobernadoras. En el parlamento, apenas dos senadoras en un cuerpo de 60 integrantes, y 15 diputadas en la cámara baja, de 120 bancas.
Chile se tomó hasta 2004 para poner en vigor una ley de divorcio.
Las mujeres están en la vida social y en la vida pública, el problema es cómo están. Las nuevas preguntas son por qué a las mujeres nos siguen pegando, por qué permitimos que nos peguen, qué pasa con las mujeres que fueron muertas a manos de sus maridos, parejas o amantes, cuestionó Matta.
En la Cámara de Diputados de México, 22,6 por ciento de los escaños corresponden a mujeres. En el Senado, el porcentaje es 18,8, según el estatal pero autónomo Instituto Nacional de las Mujeres.
La participación femenina en el mundo de la política continúa por debajo de 30 por ciento, a pesar de la ley de cuotas vigente, afirma el Instituto. Sólo 3,7 por ciento de las alcaldías del país están encabezadas por mujeres.
Las mujeres conquistamos espacios que eran imposibles de imaginar hace unos 20 años. Pero lo más grave es lo que sucede con las menos educadas y las más pobres, que por ignorancia y tradición no tienen casi ningún derecho, dijo a IPS la investigadora Carmen Morales.
Las señales del lenguaje oficial son poderosas. En sus discursos, el presidente izquierdista de Uruguay, Tabaré Vázquez, suele decir uruguayas y uruguayos. Del mismo modo, el mandatario mexicano Vicente Fox introdujo frases como las y los mexicanos.
Claro que hay cambios. Las mujeres diputadas, por ejemplo, han entrado hasta los baños de sus colegas hombres, por decirlo en forma figurada, afirmó Morales.
(*) Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Mario Osava (Brasil), Daniela Estrada y María Cecilia Espinosa (Chile), Dalia Acosta (Cuba), Diego Cevallos (México) y Humberto Márquez (Venezuela). (
