La reanudación de la ayuda militar estadounidense a Guatemala, suspendida durante 15 años por violaciones de los derechos humanos, fue criticada duramente por organizaciones humanitarias que la consideran prematura.
En una visita a Guatemala el jueves, el secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, anunció la decisión de entregar 3,2 millones de dólares de asistencia al gobierno del presidente guatemalteco Oscar Berger, como recompensa por una reforma de las Fuerzas Armadas, cuyos abusos en los años 80 fueron considerados los peores en el continente americano.
La mayor parte de ese dinero será empleado en el combate al narcotráfico que emplea Guatemala como escala hacia Estados Unidos.
Rumsfeld dijo a periodistas que estaba impresionado por la reforma que ha realizado Berger, quien gobierna desde enero de 2004. Sé que fue difícil, pero se ha realizado con profesionalismo y transparencia, opinó.
Organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos discreparon de esa evaluación, aunque piensan que los esfuerzos de Berger van en la dirección correcta.
Pese a su compromiso con el cese de la impunidad y el combate a grupos (armados) clandestinos, la administración Berger no ha mostrado la voluntad política y la capacidad necesarias para establecer un mecanismo capaz de investigarlos y desmantelarlos, sostuvieron en una declaración conjunta la Oficina de Washington para América Latina, el Centro Memorial Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y otros grupos humanitarios.
Esas organizaciones destacaron que, aunque los grupos clandestinos armados debieron ser desmantelados en cumplimiento de los históricos acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla que se firmaron en 1996, se cree que mantienen vínculos con el aparato de inteligencia militar guatemalteco, también de acusado de creciente actividad relacionada con el narcotráfico y otras formas del crimen organizado.
Los grupos firmantes, entre ellos la Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala, añadieron que este año por lo menos 26 activistas humanitarios han sido amenazados o atacados, presumiblemente por esos grupos armados ilegales o a instancias de los mismos, tras 122 ataques denunciados en 2004.
Los grupos clandestinos deben ser detenidos, porque se han vuelto un grave obstáculo al proceso de paz, el estado de derecho, la democracia y el respeto por los derechos humanos, alegaron.
Pese a que la suma anunciada por Rumsfeld es relativamente pequeña, la reanudación de la asistencia marca un hito en las relaciones de Washington con las Fuerzas Armadas guatemaltecas, a las que de hecho llevó al poder en 1954, mediante un golpe de Estado dirigido por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) contra el presidente Jacobo Arbenz.
El registro de la complicidad estadounidense, desde entonces, con una sucesión de gobiernos militares guatemaltecos es bastante completo, debido a la desclasificación de miles de documentos oficiales lograda por el Archivo de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) para auxiliar a la guatemalteca Comisión de Clarificación Histórica, que realizó una investigación en gran escala en los años 90 con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas.
Esa Comisión, creada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996 (que se alcanzaron con mediación del foro mundial) halló a las Fuerzas Armadas culpables de actos de genocidio contra la población indígena guatemalteca en los 36 años que duró el conflicto armado, y de 93 por ciento de las muertes causadas por éste, que fueron unas 200.000.
También constató que Washington prestó apoyo directo e indirecto a algunas operaciones ilegales del Estado guatemalteco, en especial mediante agencias de espionaje.
La documentación en la materia fue tan contundente que el entonces presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001) se sintió obligado a pedir perdón en 1999, durante una reunión informal con líderes de organizaciones civiles guatemaltecas, en el marco de una gira de cuatro días por América Central.
Para Estados Unidos es importante que yo diga con claridad que fue un error apoyar a fuerzas militares o unidades de inteligencia que se involucraron en violenta y extendida represión, del tipo descrito en el informe (de la Comisión de Clarificación). Estados Unidos no debe repetir ese error, afirmó.
Un informe de 1966 obtenido por el NSA reveló el modo en que funcionarios estadounidenses asistieron a la inteligencia militar guatemalteca para instalar en el palacio presidencial una coordinadora de operaciones contrainsurgentes.
Esa oficina, en la que trabajó un agente de la CIA hasta mediados de los años 70, se transformó en el cuartel general de los asesinatos políticos en Guatemala, según denunció la ONG humanitaria Amnistía Internacional en 1980, y fue disuelta hace sólo dos años.
Funcionarios del Departamento de Estado, la CIA y Agencia de Inteligencia de Defensa informaron con detalle a sus superiores sobre operaciones de secuestro, tortura y asesinato llevadas a cabo por el ejército guatemalteco y sus auxiliares paramilitares durante más de 30 años.
Los documentos que logró el NSA también mostraron que agencias de inteligencia estadounidenses sabían sobre masacres cometidas por los militares guatemaltecos a comienzos de los años 80, aunque altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan (1981-1989) aseguraron al Congreso que los informes sobre esas atrocidades eran falsedades divulgadas por Amnistía Internacional y grupos de solidaridad con el pueblo guatemalteco.
El Congreso prohibió la mayor parte de la asistencia militar al gobierno guatemalteco en ese periodo, pero al mismo tiempo el Poder Ejecutivo gastó millones de dólares en apoyo encubierto al ejército de Guatemala.
Tal apoyo cesó recién en 1990, cuando se reveló que un coronel de esa fuerza, a sueldo de la CIA, había sido responsable del asesinato de un posadero estadounidense, y del asesinato y tortura de un líder guerrillero casado con una abogada estadounidense.
Tras los acuerdos de paz, las violaciones de los derechos humanos disminuyeron, pero fueron frecuentes las amenazas a activistas que investigaban masacres y otros crímenes políticos de los años 80, que en algunos casos fueron atacados e incluso asesinados.
Jueces y fiscales también han sido amenazados por grupos clandestinos.
Según el informe final de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, publicado en enero del año pasado, los intentos de investigar y juzgar a miembros de las fuerzas de seguridad por atrocidades cometidas durante el conflicto en general han fracasado y quienes realizaron esos intentos han sido víctimas de amenazas, violencia y años de obstrucción judicial.
Los grupos humanitarios reconocen algunos avances, especialmente durante el gobierno de Berger, en el que las Fuerzas Armadas se redujeron de 27.000 a 15.000 integrantes, y adoptaron formalmente una nueva doctrina que pone énfasis en la defensa contra ataques externos, más que en la contrainsurgencia.
