Tras gobernar 17 meses, el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, anunció que pondría su renuncia a consideración del Congreso legislativo, agobiado por una ola de conflictos sociales en diferentes puntos del país, pero buscando respaldo popular y un acuerdo multisectorial que le permita seguir gobernando.
Luego de que Mesa anunció su decisión el domingo por la noche en un mensaje por radio y televisión, cientos de personas salieron a manifestarle su apoyo en las ciudades centrales de La Paz, Oruro y Cochabamba, mientras los partidos políticos reaccionaban con cautela.
En los primeros minutos de este lunes, el mandatario abandonó el Palacio de Gobierno en andas de ciudadanos que reclamaban su continuidad en el cargo y que anunciaron una vigilia y marchas hasta obtener del Congreso la ratificación del presidente constitucional.
Durante esta jornada, algunas decenas de personas con banderas bolivianas y blancas seguían ante las puertas de la sede gubernamental.
Este lunes se cumple el octavo día de un paro cívico protagonizado por vecinos de la empobrecida ciudad de El Alto (muy cercana a La Paz), que exigen la rescisión del contrato entre el Estado y el consorcio Aguas del Illimani, propiedad de la francesa Lyonnaise des Eaux.
También este lunes comienza el bloqueo nacional de caminos dispuesto por el diputado del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, líder de los cultivadores de coca.
La semana de protestas coincidió con el desfile de los ex ministros de Sánchez de Lozada ante la Fiscalía de la República, para prestar testimonio sobre sus responsabilidades en las muertes y represión de octubre de 2003.
Mesa se declaró asediado por 820 conflictos y 12.000 pedidos sectoriales durante su mandato de un año y cinco meses. Pero reiteró su mensaje del 13 de octubre de 2003, cuando fuerzas militares reprimieron bloqueos en El Alto: No estoy dispuesto a matar y no sacaré a la policía y Fuerzas Armadas para desbloquear. Soy hombre de palabra y debo cumplirla, dijo el presidente.
Mesa ejercía la vicepresidencia del país y asumió la primera magistratura el 17 de octubre de 2003, tras la renuncia y abrupta salida del país de Gonzalo Sánchez de Lozada, ante una movilización social en la región occidental del país contra el proyecto de exportación de gas natural a Estados Unidos y México, a través de puertos chilenos.
En la protesta denominada guerra del gas murieron 67 personas y 200 fueron heridas, según familiares de las víctimas.
La asunción de Mesa estuvo marcada por su compromiso de llevar adelante los principales puntos de la agenda social y económica planteada por distintos sectores.
Esa plataforma incluía la suspensión del proyecto de exportación de gas, la reformulación de la política energética sobre la base de un referendo, la revisión de los contratos petroleros firmados con empresas extranjeras y una reforma constitucional destinada a otorgar mayor autonomía a las regiones y a reconocer derechos indígenas.
Pero la ejecución de estas medidas se ha visto obstaculizada por diversos factores, como presiones internacionales, el cruce de intereses contrapuestos entre empresarios y sectores pobres de la población y un parlamento dividido y con escaso crédito popular. Además, el presidente no pertenece a ninguna fuerza política y gobierna mediante precarias y cambiantes mayorías.
No seguiré la comedia de bloquear al país, dijo el domingo Mesa en referencia a la presión anunciada por Morales, quien moviliza a sus adherentes luego de que fracasó en la Cámara de Diputados su propuesta de incluir un impuesto de 50 por ciento a las regalías de las empresas petroleras en la nueva ley de hidrocarburos.
El jueves, la Cámara de Diputados aprobó la creación de un Impuesto Directo a la Producción (IPD) de 32 por ciento y la vigencia de una regalía nacional de 18 por ciento para todos los campos petroleros.
Pero la cámara baja descartó el proyecto del Poder Ejecutivo encaminado a crear un impuesto complementario a los hidrocarburos de 32 por ciento, pero con una aplicación progresiva y en función del volumen producido.
Mesa consideró inviable la nueva legislación, por las presiones de compañías internacionales, gobiernos de esos países y organismos de crédito, que reclaman a La Paz garantice las inversiones externas, estimadas en 3.000 millones de dólares desde 1996, en los principales yacimientos petroleros del país.
Bolivia posee la segunda reserva más importante de gas natural de América del Sur, con 53 trillones de pies cúbicos.
No aprobaré una ley que ponga al país de interdicto en la comunidad internacional, dijo el presidente.
En julio de 2004, una consulta popular autorizó al presidente a modificar los términos de los contratos con las empresas petroleras y priorizar la industrialización del gas natural antes de considerar su exportación.
Pero las posiciones que en principio parecían coincidentes entre Mesa y Morales se distanciaron cuando el mandatario sintió la presión externa, que reclama la preservación de las cláusulas de los contratos y amenaza con juicios y arbitrajes internacionales que podrían costar al país 8.000 millones de dólares.
Morales interpretó los resultados del referendo como un mandato popular para la nacionalización de los hidrocarburos y presionó en tal sentido en el Congreso, donde el MAS tiene mayoría, con 27 diputados y ocho senadores en un total de 157 legisladores.
Un número similar de representantes nacionales conformaron un bloque independiente de apoyo a Mesa, restando fuerza a partidos tradicionales muy desprestigiados, como los ex gobernantes Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), de centro y centroizquierda.
Pero a la hora de la votación, las tendencias no responden necesariamente a sus mandos políticos, que han perdido credibilidad desde octubre de 2003.
Hasta el domingo, sólo el MNR había anunciado la posibilidad de aceptar la renuncia de Mesa, mientras el MAS y la derechista Nueva Fuerza Republicana (NFR) anunciaron que reunirán a sus directivas partidarias para tomar posición este martes.
La presidencia del Congreso no ha convocado a reunión extraordinaria, pues la carta de renuncia de Mesa le será remitida este lunes, dijeron fuentes parlamentarias consultadas por IPS.
Luego de que Mesa fue designado presidente por el Congreso, la vicepresidencia quedó acéfala y los interinatos presidenciales estuvieron a cargo del presidente del Senado Hormando Vaca Diez, del MIR.
Según la Constitución, Vaca Diez podría suceder a Mesa por mandato del Congreso, pero la impopularidad y desgaste de su partido le restan posibilidades.
El siguiente en orden de jerarquía es el presidente de la Cámara de Diputados, Mario Cossío, del MNR.
La Constitución también prevé que si los dos anteriores no reunieran los dos tercios de votos del Congreso, el mando de la nación sería ocupado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez.
El ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, dijo que Mesa no descartaba continuar en el cargo hasta agosto de 2007, pero condicionando su permanencia a la suscripción de un acuerdo nacional que le permita gobernar en paz.
Uno de los líderes de la movilización de octubre de 2003 y ahora concejal de El Alto, Roberto de la Cruz, dijo a IPS que la permanencia de Mesa en la presidencia es un mal necesario, si bien cuestionó su falta de decisión para solucionar las demandas de la ciudad de El Alto.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Jaime Solares, consideró el anuncio presidencial una obra teatral y apoyó la conformación de un gobierno transitorio para convocar a elecciones generales en los próximos seis meses.
En opinión del alcalde de La Paz y jefe del Movimiento Sin Miedo, Juan del Granado, Mesa debe reconsiderar su renuncia, mientras el analista político Alvaro García Linera propuso una gran cumbre social que garantice la gobernabilidad.
