Estados Unidos es un mercado vedado al atún pescado por flotas latinoamericanas en el Océano Pacífico, debido a una orden judicial de 2004 que busca proteger a los delfines. Los pescadores de la región consideran, sin embargo, que la medida es una careta ecológica para intereses comerciales.
Ecuador, México y Venezuela capturan cada uno de 130.000 a 160.000 toneladas anuales de atún, y volúmenes menores son pescados por flotas de Bolivia, Colombia y países centroamericanos que también faenan en el Pacífico Oriental.
Los delfines se desplazan en el océano junto a cardúmenes del preciado atún de aleta amarilla (Thunnus albacares), y por eso caen con frecuencia en las redes de pesca, al igual que tortugas y tiburones.
Siete millones de delfines murieron en los últimos 50 años como consecuencia de la pesca de atún, según la organización ambientalista Instituto Isla de la Tierra (EII por las siglas de su nombre en inglés, Earth Island Institute).
Ese grupo admite, sin embargo, que el problema se ha reducido desde hace más de una década, tanto que las muertes de delfines debido a la actividad pesquera decrecieron de 136.000 en 1986 a 4.000 actualmente.
Pese a esa evidencia, EII y otros grupos conservacionistas apelaron una decisión del Departamento de Comercio estadounidense que relajaba los estándares del etiquetado de atún dolphin safe (libre de delfines), para incluir el atún pescado en redes, si observadores certificaban que ningún delfín había sido herido o muerto durante la faena.
La medida abría la puerta para el ingreso al apetecido mercado de Estados Unidos de atún procedente de México, y por extensión de otros exportadores.
Con base en la apelación de los verdes, Thelton Henderson, un juez federal de San Francisco (al sudeste de Estados Unidos), sentenció el 9 de agosto de 2004 en contra la decisión del Departamento de Comercio, por lo que el ingreso de atún latinoamericano sigue vedado.
Pero los industriales del atún en la región aseguran que cumplen con los estándares internacionales para proteger a los delfines.
Las redes como las que utilizan las flotas de México y Venezuela tienen paños protectores para reducir el riesgo de atrapar delfines, y se acatan otras disposiciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), explicó a Tierramérica Ricardo Molinet, director de la Asociación Venezolana de Armadores de Atún.
Una de esas disposiciones establece el respeto a períodos de veda para la pesca, en noviembre y diciembre, pactados por España, Estados Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Vanuatu y Venezuela.
Por otra parte, las flotas deben dar preferencia al trabajo de pesca diurno, colocar un observador del CIAT a bordo de cada buque para dirigir la liberación de delfines atrapados, y emplear lanchas rápidas para desplazar los equipos de rescate.
Los delfines atrapados en las redes pueden ser liberados en menos de una hora tras cada lance sobre los cardúmenes, y el atún capturado sin muerte de delfines es cargado y procesado aparte del resto, para su etiquetado libre de delfines, explicó Molinet.
En su sentencia de 2004, el juez Henderson arguyó que la información científica disponible no permite descartar que los delfines sufran importante estrés debido a la actividad pesquera, y que eso afecte su conservación y reproducción.
La decisión de Henderson fue saludada como una gran victoria por EII, cuyo director David Phillips acusó al gobierno del presidente George W. Bush de hacer trampa para ignorar a sus propios científicos y respaldar el ingreso del atún 'matadelfines' a Estados Unidos mediante una etiqueta fraudulenta.
EII ha sostenido incluso en sus informes que las flotas pesqueras de Colombia y México son empleadas por organizaciones de narcotraficantes como fachada para transportar drogas ilícitas hacia Estados Unidos, y que por ende existe una conexión atún-cocaína.
Pero otras organizaciones ambientalistas, como la venezolana Fundación para la Pesca Responsable de Túnidos, culpan a entidades como la EII de desestimar evidencia científica, los acuerdos de la CIAT y las estadísticas sobre reducción de daños a delfines, para convertirse en una instancia envilecedora de los precios del atún.
Esto sería en beneficio de compañías conserveras estadounidenses, como Starkist, J. Wattie's, Miramonet y Tree of Life, que según esos críticos financian a EII.
Venezuela y México han expresado reiteradamente posiciones contrarias a las decisiones de Henderson, por considerar que disimulan una barrera a la libertad comercial. Algo que el ex subsecretario de pesca de México, Carlos Camacho, llamó una careta ecológica.
Los fallos de jueces federales como Henderson rigen en todo Estados Unidos, pero están en un largo proceso de apelación, y los países afectados podrían presentar también recursos ante la Organización Mundial de Comercio, apuntó Molinet.
Por otra parte, Estados Unidos discute con tres países andinos (Colombia, Ecuador y Perú) un tratado de libre comercio que podría liberar de aranceles a las exportaciones de atún de Ecuador, en el pasado acusado por México de malas prácticas en la captura de ese teleósteo.
La pesca mundial de atún supera los 3,4 millones de toneladas y los gigantes de su producción son Japón, Taiwán, España, Tailandia, Corea del Sur y Estados Unidos.
* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 5 de marzo por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
