Los periodistas de investigación de Estados Unidos pasan por dificultades parecidas a las que deben superar sus colegas de Africa, América Latina y Rusia, donde suele creerse que el Estado es menos transparente que la burocracia de Washington.
Cuando los investigadores del no gubernamental Centro para la Integridad Pública trataron de analizar los contratos del gobierno de Estados Unidos en Iraq y en Afganistán, chocaron con un silencio sepulcral.
Aunque esos convenios fueron pagados con el dinero de los contribuyentes, el Departamento de Defensa y el de Estado (cancillería) se niegan a revelar detalles.
A los periodistas de investigación a cargo del caso no les resulta sorprendente, pues uno de cada 10 grandes contratos fueron asignados a compañías que tienen a ex altos funcionarios del gobierno en sus direcciones.
El centro presentó 73 solicitudes de datos al amparo de la Ley de Libertad de Información, y se vieron obligados a entablar varias demandas judiciales por la negativa de los organismos públicos a facilitar sus investigaciones.
Los expertos del Centro también descubrieron que casi un tercio de los integrantes de la Junta de Políticas de Defensa, que reúne a los principales asesores civiles del Pentágono, tuvieron vínculos con contratos por más de 76.000 millones de dólares firmados en 2001 y 2002.
Me choca el nivel de control y creciente secretismo, dijo Charles Lewis, quien hasta el mes pasado fue el director ejecutivo del Centro, una organización con sede en Washington.
No hay disensos respecto de la reserva en el Congreso legislativo, agregó. El mecanismo de supervisión del cumplimiento de la Ley de Libertad de Información no está funcionando porque es el mismo partido el que está al mando, explicó.
El Partido Republicano, al que pertenece el presidente George W. Bush, tiene mayoría en ambas cámaras.
En un artículo sobre los obstáculos que debe superar el periodismo de investigación en Estados Unidos titulado Una cultura de secretismo, Lewis examina la relación cada vez más cómoda entre los medios de comunicación y los funcionarios e instituciones sobre los que informan.
También se refiere a la ascensión de un estado de seguridad nacional desde los atentados terroristas que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001.
Me preocupa que los autodenominados medios de comunicación masiva dependan abiertamente de los funcionarios y no tomen nota de posiciones externas e independientes, dijo Lewis a IPS.
Esto significa que no hay información disonante de la procedente de fuentes oficiales. Y cuando se cubren cuestiones sobre seguridad nacional e inteligencia, la obtención de datos fuera del ámbito oficial es 10 veces más difícil, calculó.
Es un mundo difícil y misterioso. Los mejores informes que veo hoy es de aquellos viejos caballos de guerra que tienen las mismas fuentes desde hace 20 o 30 años, dijo Lewis, él mismo un periodista investigador premiado por su labor.
El artículo de Lewis es parte de una serie de cuatro publicado la semana pasada por el Centro. Periodistas de cuatro países compartieron en ellos sus odiseas para investigar la corrupción estatal.
La serie ayuda a los periodistas a acceder a nueva información sobre los mecanismos para impedir el abuso de poder, dijo Marianne Camerer, organizadora del proyecto. Estos escándalos no salieron de la nada.
En otro artículo de la serie, Yevgenia Albots, periodista free-lance de Rusia —país en que fueron asesinados 15 de sus colegas en los últimos años— describe las tácticas represivas aplicadas por el gobierno del presidente Vladimir Putin para silenciar a los medios privados de comunicación.
El ex jefe de redacción de The Daily News de Zimbabwe, Geoff Nyarota, un férreo crítico del presidente Robert Mugabe, relata en otro artículo un encuentro surrealista con un posible sicario, y cómo lo disuadió siendo gentil en el ascensor en que estaban juntos.
En el último de los informes, El espía que pudo gobernar Perú, Gustavo Gorriti, quien sufrió la cárcel y el exilio en el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000), relata las peripecias de Vladimiro Montesinos, la eminencia gris detrás de ese gobierno, luego enjuiciado por sobornos multimillonarios.
A pesar de que nuestras familias estuvieron vinculados por dos generaciones, nunca lo conocí formalmente, dijo Gorriti a IPS por correo electrónico. Después de su arresto, traté de entrevistarlo, pero las autoridades no me lo permitieron. Sigo intentándolo.
Gorriti cree que, aunque Montesinos podría ser condenado a 30 años de prisión por violaciones de los derechos humanos y tráfico de drogas y de armas, no está acabado.
Él lucha por su vida contra un régimen democrático muy débil. Tiene aliados encubiertos dentro de las fuerzas armadas, la policía y, lo que es más importante, en el sector político y empresarial. También puede contar con su capacidad de extorsión mediante vídeos de personas cuya complicidad con él no ha sido revelada, agregó.
Gorriti mencionó el caso del empresario Ernesto Schutz, que controlaba el canal 5 de televisión. Cuando Schutz se negó a pagar un soborno a Montesinos, el ex hombre fuerte del régimen fujimorista se las arregló desde la cárcel para difundir un vídeo en que el empresario recibía de él varias bolsas con dinero. Schutz insiste en su inocencia.
Hoy al frente del diario La República, Gorriti lamenta no poder investigar casos de corrupción en persona. Pero me aseguro de que el diario cubra enérgicamente todos los asuntos vinculados con Montesinos y su mafia.
