El proceso de regularización de inmigrantes iniciado este lunes en España es una manera de abrir las puertas a los que ya están dentro, para cerrárselas mejor a los que intenten entrar a Europa en el futuro.
La iniciación del proceso para otorgar permisos de residencia y de trabajo en España a cientos de miles de extranjeros indocumentados (que concluirá el 7 de mayo) coincide con los ecos del arribo a las Islas Canarias de un barco con 227 pasajeros africanos y sin capitán o personal responsable.
El barco partió el 6 de enero de Costa de Marfil. Desde entonces, los viajeros solo consumieron agua, azúcar y caramelos, según fuentes policiales. Dos personas identificadas por ellos como responsables del navío, lo abandonaron escapando en una lancha poco antes de llegar a costa española.
Aunque el flujo de embarcaciones con migrantes africanos y los frecuentes naufragios y muertes de pasajeros en el mar ocupan grandes espacios en los medios de comunicación, la llegada masiva de inmigrantes sin papeles se efectúa por aire o por tierra, desde otros países europeos.
Ante ello, el gobierno español asume y defiende en primera línea una política común de inmigración de la Unión Europea (UE), sostuvo la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí.
El gobierno español también advirtió que una vez finalizado el proceso de regularización, solamente podrán recibir permiso para trabajar y residir en España quienes hayan sido contratados previamente en su país de origen por empresas españolas.
Mientras, en Londres, el ministro británico del Interior, Charles Clarke, anunció planes para limitar severamente el derecho a residencia permanente en el país.
De acuerdo con los planes gubernamentales, se establecerá un sistema en el que sólo obtengan residencia permanente los trabajadores extranjeros más calificados, que además pasen satisfactoriamente una prueba de dominio de la lengua inglesa.
La reforma del régimen migratorio también incluirá a asilados y refugiados, una condición que no se otorgará de por vida sino por un período de cinco años, tras los cuales se revisaría la situación del país de origen.
El régimen se completaría con la instauración, para 2008, de un sistema de fronteras electrónicas, que incluiría la toma de huellas digitales para el otorgamiento de visas, entre otros controles.
En Francia, una importante puerta de entrada de inmigrantes indocumentados hacia España, el ministro del Interior, Dominique de Villepin, y Nicolas Sarkozy, presidente de la conservadora y gobernante Unión por un Movimiento Popular, se muestran favorables a ajustar las trabas a la inmigración. Pero el presidente Jacques Chirac todavía se opone a ellas.
En Alemania, una ley que entró en vigor el 1 de enero veda el derecho a trabajar de ciudadanos de países ajenos a la UE e incluso los del grupo de 10 naciones recién integradas al bloque de 25 miembros.
Sólo se admiten excepciones mediante acuerdos bilaterales con otros estados y para el ingreso de trabajadores que cumplan labores estacionales, como cosechas.
Tampoco se salva de esa política restrictiva otro de los grandes países europeos, Italia, en el que la ley sólo permite el ingreso de inmigrantes con contratos de trabajo a término, y sólo por el período en cuestión.
Los gobiernos de la UE se debaten entre la necesidad de importar mano de obra para mantener activa su economía y los rechazos que provoca la inmigración en ciertos sectores de sus sociedades, así como el temor a no poder controlar ese flujo.
El proceso iniciado este lunes en España podrá regularizar a unos 800.000 inmigrantes, según estimaciones derivadas de los censados en los ayuntamientos antes del 31 de agosto, que deben acreditar su presencia en el país antes de esa fecha y presentar un contrato de trabajo.
Quienes no reúnan esas condiciones serán expulsados, subrayó Rumí. No deberían permanecer en el país en esa situación, por el riesgo que asumen. No quiero engañar a nadie, ése es el mensaje la expulsión, abundó.
En 2004 fueron deportadas (repatriadas en la jerga oficial), 120.000 personas, 30.000 más que en 2003. Y en lo que va de este año, otras 10.000 siguieron ese camino.
El gobierno señala que cada deportación a Rumania cuesta al Estado un monto equivalente a 2.300 dólares, a Senegal, 2.500, a Ecuador, 4.900 y a China, 8.600. Pero las expulsiones continuarán, dice Madrid.
Para las organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes, lo único que puede frenar el fenómeno es el desarrollo sustentable de los países de origen de la emigración, un extremo imposible a corto plazo.
Por ello, reclaman, los países industriales deben aumentar su ayuda al desarrollo y abrir sus mercados a los productos del Sur.
Un estudio publicado el domingo por el diario madrileño El País señala que si la capital española no contase con los 765.000 inmigrantes empadronados, se paralizaría, pues son ellos (y otros muchos sin papeles) quienes laboran en diversos sectores, en especial en los servicios.
Las trabas fronterizas pueden no ser obstáculo para muchos que están dispuestos a llegar a Europa poniendo en riesgo su vida.
Así lo sostiene Rafael Lara, presidente de la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, una de las regiones que recibe inmigrantes desde el mar.
En 2004, unas quinientas personas murieron o desaparecieron cuando intentaban llegar a las costas españolas, según Lara. Pudieron recuperarse 289 cuerpos. Los demás se perdieron en el mar.
Ese flujo continuará porque hay campamentos de fortuna en países del norte de África, en especial Marruecos y Argelia, en los que miles de personas esperan la posibilidad de cruzar el mar hacia Europa, dijo Lara.
Si eso ocurre por agua, puede inferirse que continuará el menos peligroso viaje por tierra de inmigrantes procedentes de países de Europa oriental.
Rumí advirtió de nuevas medidas contra las mafias que trafican con personas.
El primer ministro británico Tony Blair se pronunció el domingo por una serie de reglas que autoricen la llegada de las personas que necesite el país, pero llevando a cabo controles estrictos que realmente funcionen.
La intención es cerrar las puertas con doble llave ante nuevos inmigrantes.
