¿En Colombia existe un conflicto armado, como sostiene un amplio consenso civil, o un desafío del terrorismo, como afirmó por enésima vez este jueves el presidente Álvaro Uribe?
Los millones de despojados que huyen para salvar la vida, ¿dibujan una crisis humanitaria, como afirman las agencias de la ONU, o el gobierno está logrando controlar la situación?
El aparente debate semántico es clave para definir en qué medida y con qué prioridades el G-24, integrado por agencias de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) la Unión Europea y Japón, entre otros, decidirá complementar la ayuda militar estadounidense a Colombia y paliar aquello que producen todas las guerras: sufrimiento y destrucción.
El G-24 se reúne este jueves y el viernes en la Mesa de Coordinación y Cooperación para Colombia en la septentrional y turística Cartagena de Indias, sobre el Caribe colombiano.
La vara con que este país está siendo medido por los donantes es el cumplimiento o no de las recomendaciones de la ONU en derechos humanos, que en un principio Uribe desestimó pero cuyo acatamiento intenta mostrar en el último año, ante la presión del G-24.
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A primera hora del viernes se conocerá si el intenso cabildeo ejercido por organizaciones civiles y humanitarias colombianas e internacionales consiguió influenciar la Declaración de Cartagena que aprobará el G-24, un grupo informal integrado por 34 países, el Sistema de la ONU y la banca multilateral.
También se sabrá si los donantes continuarán exigiendo unas reglas claras en cuanto a verdad, justicia y reparación para la desmovilización de los derechistas paramilitares, responsables de 80 por ciento de los crímenes que se cometen en el enfrentamiento interno, según el foro mundial.
La entrega parcial de los paramilitares se inició en junio de 2004.
La Declaración de Cartagena será una hoja de ruta para la cooperación con Colombia, como en el último año y medio fue la Declaración de Londres, dada en julio 2003 en un primer encuentro del G-24.
Es grave que se diga que hay un conflicto armado cuando no lo hay, dijo el miércoles Luis Carlos Villegas, presidente del Consejo Nacional Gremial (CNG), que representa al sector privado.
Pero me parece francamente inconcebible que en Colombia se diga que no hay conflicto armado, cuando sí lo hay, agregó.
El CNG es uno de los firmantes de una declaración de inusual consenso, publicada el miércoles y leída oficialmente este jueves en la Mesa de Coordinación.
Algunos de los firmantes son las centrales obreras, el movimiento indígena, organizaciones de mujeres y movimientos de paz, agrupados en la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Iglesia Católica y la Federación Colombiana de Municipios.
El consenso de este amplio arco de la sociedad civil parte de la base de que existe un conflicto armado que precisa una solución política y una negociación de paz integral, pues por ahora Uribe sólo negocia con los paramilitares.
El mandatario continúa considerando a la guerrilla izquierdista como terrorista, si bien aceptó la mediación de México para explorar acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que lleva 40 años en armas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo rebelde del país.
Los representantes de la sociedad civil colombiana establecen como prioridades de la cooperación internacional los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la economía campesina, el apoyo a la población desplazada y a las víctimas de acciones hostiles.
También subrayan la sustitución de cultivos de uso ilícito con programas de desarrollo alternativo, la defensa del desarrollo sostenible, las iniciativas de paz, los planes de vida de las comunidades étnicas y campesinas, acciones humanitarias, el fortalecimiento de la sociedad civil, la superación de la pobreza.
Estos figuran junto a otros Objetivos de Desarrollo del Milenio (adoptados por la comunidad internacional como metas globales a cumplir en 2015) que el consenso ve como verdaderos parámetros para superar la miseria y la corrupción.
El G-24 debe construir sobre la base de la Declaración de Londres y de los compromisos y obligaciones que ella implica para Colombia y para la comunidad internacional, dijo este jueves el funcionario de la ONU Danilo Türk, enviado especial de asuntos políticos y relaciones internacionales del secretario general del foro mundial, Kofi Annan.
Estos compromisos son, según la ONU, el fortalecimiento de las instituciones estatales, el alivio de la crisis humanitaria, la promoción de la protección de los derechos humanos y el apoyo a las actividades ambientales y a alternativas a la producción de drogas ilícitas, añadió.
La Declaración de Londres tuvo el acierto de vincular la política de seguridad del Estado con los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el marco de la cooperación, afirmaron este jueves ante el G-24 entidades humanitarias y no gubernamentales internacionales activas en Colombia.
El pronunciamiento llamó al G-24 a abstenerse de emitir una nueva declaración debilitada que no coincida con la realidad que se está viviendo en el país, y pidió una referencia explícita al conflicto armado interno y la crisis humanitaria y un marco legal en la desmovilización paramilitar acorde con las exigencias internacionales.
Para los firmantes (Human Rights Watch, Misereor, Caritas, Oxfam, Save the Children, Washington Office on Latin America, Diakonia, Brigadas de Paz Internacional y Terre des Hommes), el G-24 debe expresar un firme apoyo a la labor de la ONU en Colombia en materia de derechos humanos y asistencia humanitaria.
