Intoxicación por plaguicidas, ausencia de contratos, trabajo infantil y tratos denigrantes marcan la cotidianidad de cientos de miles de trabajadores agrícolas en Chile, según una campaña local e internacional de denuncias que llevan adelante organizaciones sociales.
Los denunciantes son la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (Rap-Al), la Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y tres organizaciones sindicales.
Según esas instituciones, en los campos chilenos laboran como empleadas unas 800.000 personas, la mitad de ellas temporales de octubre a abril, y del total de trabajadores en ese periodo, 250.000 son mujeres adultas, a las que se suman adolescentes, niñas y niños.
Un 60 por ciento de estos empleados carece de contrato laboral, lo que se presta para innumerables abusos, entre ellos incumplimiento de las fechas o el monto de los pagos prometidos verbalmente, dicen los denunciantes.
El empresariado chileno se aprovecha de la ignorancia, falta de información y escasa capacidad de movilización de la mayoría de los trabajadores agrícolas, dijo a Tierramérica la secretaria general de Anamuri, Alicia Muñoz.
Los sindicalistas denuncian también extenuantes jornadas, de hasta 16 horas, todas pagadas al mismo precio, trabajo infantil encubierto, ya que muchas madres y padres van con sus hijos de hasta siete años a los predios, y proliferación de enganchadores, intermediarios que aportan mano de obra temporal a las grandes empresas agrícolas, generalmente exportadoras.
Ellos reclutan, trasladan y pagan a los trabajadores, obviamente sin contrato laboral. Esto contribuye a diluir las responsabilidades al momento de responder por accidentes del trabajo, acciones ilegales, irregularidades, abusos y daños contra los trabajadores, expresaron en un documento entregado el 20 de enero al director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Juan Somavía, quien es chileno.
En esa carta se afirma que las aberrantes condiciones laborales en el sector incluyen lugares de trabajo que no cumplen con requisitos básicos de sanidad e higiene establecidos en las normas vigentes, esto es baños y duchas para los trabajadores, agua potable, comedores y guarderías infantiles.
También la carta cita cifras del Ministerio de Salud, según las cuales de enero a noviembre de 2004 se notificaron 565 casos de intoxicación aguda por plaguicidas, con un saldo de dos muertos, lo que no ocurría desde 2000.
De noviembre a diciembre del año pasado, los casos se triplicaron en relación con 2003.
La carta destaca que muchos de esos agrotóxicos están en las categorías de extremadamente peligrosos y altamente peligrosos, según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, con comprobados efectos a mediano y largo plazo en la salud de las personas, incluyendo particular propensión a cáncer, daños neurológicos y alteraciones reproductivas.
Después de pasearnos por los organismos nacionales correspondientes, sin lograr que cambie el panorama, recurrimos a la OIT para que se conozcan estos hechos internacionalmente y así evitar que volvamos a la esclavitud, dijo Muñoz.
Los denunciantes solicitan a la OIT que fomente y releve ante el Estado de Chile normativas y prácticas en el trabajo agrícola basadas en la justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos.
Según Muñoz, Somavía se mostró sorprendido por las denuncias y propuso conversar con el gobierno chileno, pero no se comprometió a nada específico.
El jefe de gabinete de la Dirección del Trabajo, Cristián Alviz, dijo por su parte a Tierramérica que las denuncias le llaman poderosamente la atención, pues junto con trasporte y comercio, el trabajo agrícola es el sector más fiscalizado por nuestro organismo.
Durante la temporada agrícola 2003-2004 atendimos denuncias que involucraban a 90 mil trabajadores y esperamos ampliar la cobertura a 100 miel este año, agregó el funcionario, quien consideró imposible fiscalizar cada unidad productiva.
La Dirección del Trabajo tiene muy buenas intenciones, pero no da abasto. Se requieren más recursos para fiscalizar más, porque las leyes que se han hecho hasta ahora para proteger a los trabajadores agrícolas no se cumplen, adujo Rosas.
Según Muñoz, una comisión creada en 2002 para tratar estos temas, que cuenta con representantes del gobierno, los empresarios y los trabajadores, no ha logrado poner fin a la abundante violación de derechos laborales.
Yo me guío por las palabras del propio presidente Ricardo Lagos, quien dijo en mi presencia que no podemos andar con la frente en alto por el mundo a costa del sacrificio de nuestros trabajadores, concluyó.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Publicado originalmente el sábado 12 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
