Los países productores de petróleo deben respaldar más los esfuerzos para combatir el recalentamiento del planeta, aunque las mayores obligaciones del recién estrenado Protocolo de Kyoto recaigan en los consumidores industrializados, según expertos venezolanos.
Los estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) deberían sentir vergüenza cuando se quieren presentar como víctimas e incluso aspirar a recibir recursos en el marco del acuerdo de Kyoto, comentó a IPS el ambientalista y profesor de economía petrolera Francisco Mieres.
No sólo contribuyen al calentamiento con la combustión de gas en procesos de producción, y de crudo en los de refinación, sino que algunos de ellos, como Indonesia, han permitido una salvaje destrucción de sus bosques, añadió.
La OPEP, conformada por Arabia Saudita, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Iraq (suspendida), Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela, produce 35 por ciento del crudo utilizado en el mundo y obtiene ingresos por más de 200.000 millones de dólares anuales.
Son los nuevos ricos del Sur, y en el marco de Kyoto deberían ayudar a un gran fondo de reforestación en países pobres víctimas de la desertificación, para que tengan bosques y cuerpos de agua que sirvan de sumidero a gases tóxicos y, así, puedan obtener recursos para combatir la pobreza y buscar el desarrollo, postuló Mieres.
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El Protocolo de Kyoto entró en vigor en la víspera, 90 días después que lo ratificaran países industrializados responsables de 61,6 por ciento de los gases causantes del recalentamiento de la Tierra, y obliga a 35 de esas naciones a reducir a volúmenes 5,2 por ciento promedio inferiores a los de 1990, meta a cumplirse entre 2008 y 2012.
Los integrantes de la OPEP que han ratificado o adhieren al acuerdo son Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Nigeria, Qatar y Venezuela.
La mayor cantidad de gases invernadero (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, entre otros) se generan fundamentalmente por el transporte, asociado al consumo de combustibles fósiles, y a la generación de energía, lo que hace partícipes a los productores de petróleo, recordó a IPS Diego Díaz, presidente de la organización no gubernamental ambientalista Vitalis.
Es difícil pedirle a países como los de la OPEP que consideren el cambio climático como un asunto meramente ambiental, porque el petróleo es su principal producto de exportación y sustento de su economía, admitió el activista.
Venezuela, por ejemplo, que tiene en la exportación petrolera su mayor fuente de ingresos, es responsable de 0,48 por ciento de la emisión de gases invernaderos, según dijo en diciembre la ex ministra del Ambiente, Ana Osorio. La causa de ello en buena medida son las actividades de producción y refinación de crudo.
Los países petroleros pueden identificar sectores donde existen oportunidades para la reducción de emisiones, las cuales en su mayoría derivan de la obsolescencia de las tecnologías y prácticas utilizadas en los sectores energía y transporte, puntualizó Díaz.
Mieres lamentó que Venezuela todavía desdeñe métodos de producción diseñados por técnicos de este país, como el titulado Smart-Tech, que aumentan la cantidad del producto, suman valor agregado y son más amigables con el ambiente.
Pero nada comparable al efecto conjunto de la bestial destrucción de bosques más la producción petrolera en Indonesia, o a la catástrofe ambiental producida en Rusia por décadas de extracción petrolera con técnicas dañinas, que afectaron la atmósfera, tierras y ríos, apuntó Mieres, quien también fue embajador de Venezuela en Moscú.
La tesis dominante entre los países productores de petróleo sigue siendo que el problema concierne sobre todo a los consumidores.
Somos vendedores y no compradores. No contaminamos igual en Venezuela al consumir 400.000 barriles diarios que Estados Unidos, que quema 15 o 20 millones de unidades por día, señaló a IPS, en esa dirección, Alberto Quirós, ex presidente de la filial venezolana de la firma trasnacional angloholandesa Shell.
Sin embargo, Venezuela, en el marco del Protocolo, se compromete a ayudar a que los mecanismos de reducción establecidos sean realmente efectivos, al ejecutar proyectos forestales, energéticos y de transporte para disminuir la polución, sostuvo Gerardo Carrillo, responsable de planificación en el Ministerio del Ambiente.
El apoyo de Venezuela lanza a la comunidad ambiental internacional una señal importante, porque es miembro de la OPEP y algunos de sus miembros rechazan el Protocolo, por la vulnerabilidad económica que podría provocarles, precisó.
Carrillo agregó que la adopción del Protocolo de Kyoto es un triunfo de América Latina, por las alianzas estratégicas que hicieron los países de la región, unos más que otros, a lo largo de las arduas negociaciones que se dieron durante 12 años.
Todos coinciden en que la responsabilidad número uno de provocar el llamado efecto invernadero es de Estados Unidos, porque es el mayor emisor de gases que causan el recalentamiento y, a la vez, rechaza el Protocolo de Kyoto.
Además, es el baluarte de la civilización urbanístico-automovilística, ejemplificada con su gigantesco parque de vehículos todoterreno, deteriorando el ambiente de un modo que se revertirá contra ellos como una serpiente que se muerde la cola, concluyó Mieres.
