Colombia comenzará a medir sistemáticamente el impacto del cambio climático sobre este territorio andino, amazónico, caribeño y con costas sobre el océano Pacífico, en cumplimiento del Protocolo de Kyoto que busca reducir la emisión de gases invernadero.
Estimaciones oficiales prevén que en sólo 45 años habrá desaparecido 78 por ciento de los nevados y 56 por ciento de los páramos colombianos.
El proyecto "Piloto de Adaptación Nacional Integrado" (INAP), previsto para cinco años, será diseñado durante 2005 y echará a andar a principios de 2006, según las autoridades.
El gobierno asegura que será el "primer proyecto de adaptación al cambio climático a nivel mundial".
"Todo el mundo va a estar atento a la metodología" del INAP, dijo a IPS la ministra del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Sandra Suárez.
[related_articles]
Se tratará de apoyar la documentación de tendencias e impactos y la evaluación de las consecuencias previsibles del cambio climático, con el fin de afrontar la vulnerabilidad de los páramos, ecosistemas propios de la alta montaña andina, y de los glaciares.
También se definirán medidas de adaptación al aumento del nivel del mar sobre las áreas insulares colombianas en el mar Caribe, así como ante la extensión de la malaria y el dengue a las regiones montañosas templadas y frías, donde vive la mayor parte de la población de este país de 44 millones de habitantes.
Científicos estiman que la acumulación atmosférica de gases producto de la combustión de petróleo, gas y carbón (como el dióxido de carbono) está elevando la temperatura planetaria, que podría subir entre 1,3 y dos grados en 100 años.
Esto derretirá hielos, elevará el nivel de los mares, provocará sequías o lluvias más intensas y modificará hábitat de animales y plantas, además de las áreas afectadas por ciertas plagas.
Una parte de la financiación del INAP provendrá del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), que aprobó recientemente recursos para proyectos que muestren la transición entre la fase de evaluación del impacto del cambio climático, a la fase de formulación y puesta en práctica de medidas para adaptarse al mismo.
Colombia ratificó en 2000 el Protocolo de Kyoto (en vigor desde el 16 de este mes). Según su Primera Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (CN1), publicada en 2001, el país produce 0,25 por ciento de las emisiones globales de dióxido de carbono, uno de los seis gases sujetos a control por el Protocolo.
El impacto más grave del recalentamiento global sobre este país será sobre su sistema hídrico. Expertos afirman que Colombia tiene más ríos que todo el continente africano, y cuenta con reservas hidroeléctricas estimadas en casi 90.000 megavatios.
De continuar la tendencia actual, la temperatura habrá aumentado 1,5 grados en Colombia en 2050. En sólo 45 años habrá desaparecido 78 por ciento de los nevados y 56 por ciento de los páramos, verdaderas "fábricas de agua", afirma el CN1.
Esto no implicará sólo pérdida de biodiversidad para este país que es uno de los más ricos del mundo en fauna y flora.
También se trata "de un problema de seguridad nacional relacionado con la pérdida de buena parte de los bienes y servicios ambientales del país, entre los cuales está principalmente la oferta hídrica", afirma el estatal Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, a cargo del INAP.
De momento, el Protocolo de Kyoto sólo obliga a 35 naciones industriales a reducir sus emisiones de gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990, con plazo en 2015. Pero los científicos alertan que tan modesta meta es insuficiente para mitigar las modificaciones climáticas ya desatadas.
Si las metas de Kyoto no se amplían y profundizan, para mediados de siglo el nivel del mar habrá subido 40 centímetros en el Caribe y afectará con inundaciones a 64 por ciento del litoral caribeño de Colombia, de 1.600 kilómetros.
Los expertos temen por el área turística y comercial y la infraestructura de transporte de la isla caribeña de San Andrés, de 85.500 habitantes.
La elevación del nivel del mar ahogará cayos e islotes que sirven de mojones para establecer los límites del mar territorial y la zona económica exclusiva, poniendo en riesgo la soberanía sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados.
Adicionalmente, se afectará buena parte de los ecosistemas marinos y terrestres del archipiélago sanandresano, "con implicaciones devastadoras para aves migratorias y particularmente para los corales, en los cuales anidan el 65 por ciento de las especies pesqueras del Caribe", recordó el Ideam la semana pasada.
En la costa sobre el Pacífico, de 1.300 kilómetros pero poco poblada, el nivel del mar subirá 60 centímetros, generando riesgo de inundaciones marinas medias y muy altas.
El proyecto INAP, que obtendrá también apoyo monetario del Fondo para el Desarrollo del Recurso Humano y de Política de Japón, tendrá un costo total de 12.250 millones de dólares e involucra a cuatro ministerios.
Además, existen 45 proyectos de origen privado que aspiran a ser aceptados por el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Kyoto, y que según el Ministerio de Ambiente "representan un potencial de reducciones de gases efecto invernadero de 70 millones de toneladas" de dióxido de carbono.
El MDL es un mecanismo que permite a las industrias de los países ricos cumplir parcialmente sus cuotas de reducción de gases financiando proyectos de desarrollo limpio o depósitos o sumideros de carbono en las naciones pobres.
El portafolio incluye sectores como generación y eficiencia energética, sustitución de combustibles, transporte, residuos sólidos y eficiencia forestal.
Aún antes de la entrada en vigor de Kyoto, Colombia había firmado dos acuerdos de compra-venta de reducciones certificadas de emisiones de gases invernadero, ambos con el Fondo Prototipo de Carbono del Banco Mundial.
Se trata del parque eólico Jepirachi en el desierto de la nororiental La Guajira, en funcionamiento desde diciembre de 2003, y de la compra de certificados de la central hidroeléctrica de Amoyá, en el departamento del Tolima, centro del país.
El próximo acuerdo, también con el Banco Mundial, será probablemente un proyecto relacionado de biogás en la planta de tratamiento de aguas residuales de Riofrío, en el nororiental departamento de Santander.
Colombia ha firmado memorandos de entendimiento con Holanda, Canadá, Francia y España, y está próxima a firmar otro con Austria, países comprometidos a reducir emisiones de gases invernadero.
Los memorandos buscan facilitar el encuentro entre quienes formulan proyectos concebidos como MDL y potenciales inversionistas de esos países.
La autoridad nacional designada para negociar los intercambios previstos, según el Protocolo de Kyoto, es la oficina de mitigación del cambio climático del Ministerio de Ambiente.
Además, Juan Pablo Bonilla, ex viceministro colombiano del Ambiente, es miembro de la junta ejecutiva mundial del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).
En el país existen incentivos tributarios para que las industrias inviertan, por ejemplo, en maquinaria para proyectos que se puedan transar en el mercado a través de certificados de reducción de emisiones.
Los sectores más activos para optar por el MDL son minas y energía, transporte masivo, residuos sólidos y algunas actividades agroindustriales.
