El asesinato en Brasil de la monja Dorothy Stang, una muerte anunciada con repercusión internacional, exige del gobierno una política efectiva para abatir la violencia en los conflictos por la tierra, especialmente en el septentrional estado de Pará.
De ese modo se pronunció el secretario nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), Antonio Canuto, quien agregó a IPS que la simple captura y condena de los asesinos, tratando el caso como un hecho aislado, no alterará la realidad de los focos de violencia por donde avanza el negocio agrícola.
La hermana Dorothy, como se conocía a la misionera de 73 años asesinada en el municipio de Anapú, en el centro de Pará, era de origen estadounidense, pero se había naturalizado brasileña. Actuaba en favor de poblaciones pobres de la Amazonia oriental hacía 40 años.
Vinculada a la CPT desde la fundación en 1975 de esta organización de la Iglesia Católica, comenzó a sufrir amenazas de muerte de los hacendados a partir de 1999 por su acción en favor de los campesinos. Pero la religiosa decía no temer la muerte, reafirmando la decisión de mantenerse al lado del pueblo humilde.
Los pistoleros no tendrían coraje de matar una mujer anciana como yo, sostuvo en una de sus últimas entrevistas, otorgada al diario Estado de Sao Paulo. Pero añadió que, en caso contrario, le gustaría ser sepultada en Anapú, deseo que se concretará en la tarde de este martes.
Dos sicarios mataron a la hermana Dorothy la mañana del sábado de seis balazos disparados de dos armas distintas, según testigos y el examen forense practicado a su cuerpo. La policía local ya identificó a los supuestos asesinos y a un posible autor intelectual del crimen y los está buscando.
La gran repercusión del hecho afectará la imagen del gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, elegido en 2002 como un aliado de los movimientos sociales, incluyendo los campesinos pobres y sin tierra.
La semana pasada la misionera había pedido protección a su vida al secretario especial de Derechos Humanos, Nilmario Miranda, quien viajó a Anapú el mismo sábado.
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, también concurrió al local, comparando la misionera con Francisco Alves Mendes, el mártir de la lucha ambiental y social en la Amazonia más conocido como Chico Mendes, cuyo asesinato en diciembre de1988 también provocó conmoción nacional e internacional.
El gobierno es consciente de la gravedad del caso. El ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, anunció una reunión de siete u ocho ministros este martes para discutir el asunto, la repercusión negativa y la necesidad de reprimir ese tipo de violencia.
Pará es el estado donde ocurre la mayor cantidad de asesinatos a causa de conflictos por la tierra, según datos de la CPT, que hacen un seguimiento de la violencia en el campo brasileño desde los años 80.
Los datos de la organización católica indican que 33 de las 73 muertes registradas en 2003 fueron en Pará. En el año pasado, aún sin cifras definitivas, y en años anteriores, el estado siempre respondió por casi la mitad de los asesinatos.
En abril de 1996 en el sur de Pará se recuerda la masacre de Eldorado de Carajás, cometida por la policía al disparar sobre campesinos que marchaban por una carretera en esa zona y que dejó como saldo 19 personas muertas.
Mato Grosso y Rondonia, estados que ocupan los bordes meridionales de la Amazonia, también presentan altos índices de asesinatos. Son las fronteras agrícolas, por donde avanza el negocio de la agricultura invadiendo de modo ilegal tierras públicas como principal fuente de violencia, según Canuto.
En su evaluación, sólo un cambio de la política económica, dejando de estimular el avance de los hacendados y la extracción ilegal de maderas, podrá poner fin a esa dinámica de eliminación física de los campesinos, sus líderes y defensores.
Las amenazas de los hacendados contra la hermana Dorothy se intensificaron por su dedicación al denominado Proyecto de Desarrollo Sustentable, constituido de áreas donde 600 familias se dedican a la extracción de productos forestales y pequeña agricultura sin deforestación.
El programa, iniciado exactamente en 1999, ocupa parte de la zona que en 1970 el gobierno de entonces concedió a hacendados, pero a condición de que promovieran la producción agrícola dentro de los cinco años siguientes. Sin eso, las tierras volverían a la propiedad del Estado, explicó Canuto.
Pero muchos de ellos sólo sacaron maderas de valor y vendieron a otros la tierra de la que no tenían la propiedad legal. Estos compradores son los que ahora se oponen al asentamiento de extractores y campesinos en esas tierras, generando el conflicto.
La oferta de créditos por parte de organismos oficiales de fomento a proyectos agrícolas en la región también atrajo muchos interesados, agravando el proceso de expulsión de campesinos pobres y la tensión local, acotó el secretario de la CPT.
El caos sobre la propiedad de tierras en los bordes amazónicos, con los llamados grileiros adueñándose de grandes áreas, está en el origen de los conflictos y la destrucción incontrolada de bosques, según ambientalistas y movimientos sociales.
El gobierno adoptó medidas administrativas para intentar una solución, pero parece lejana la perspectiva de evitar nuevos mártires de la tierra, según denominación de la CPT, especialmente en Pará.
