La tesis que propone borrar fronteras entre seguridad y defensa hemisféricas, desempolvada por Washington tras el 11 de septiembre de 2001, mostró sus flaquezas en Argentina, donde la Fuerza Aérea fue incapaz de detectar un gran cargamento de cocaína en un aeropuerto internacional.
La Fuerza Aérea está encargada de la vigilancia de todos los aeropuertos argentinos desde 1977, mediante un cuerpo especial, la Policía Aeronáutica Nacional (PAN), intervenida el martes por orden del gobierno, a raíz de un escandaloso tráfico de drogas hacia España.
Para la justicia, el despacho de 60 kilogramos de cocaína en un vuelo regular de pasajeros —detectado en septiembre por la policía española, pero divulgado esta semana por la prensa argentina—, no fue el único ni el primero.
La PAN tiene entre sus obligaciones fiscalizar el espacio aéreo, mantener la seguridad en las bases aeronáuticas, prevenir, investigar y reprimir delitos, y controlar aviones, pasajeros, tripulantes y cargas.
Pero su presencia no logró evitar que, el 16 de septiembre de 2004, cuatro valijas con cocaína fueran despachadas a Madrid en un vuelo de la aerolínea Southern Winds desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, violando un precepto básico de la seguridad aérea: no embarcar equipaje sin pasajero.
Nadie retiró las maletas en el madrileño aeropuerto de Barajas, y su presencia solitaria en la cinta de la terminal aérea alertó a la policía española.
El entonces jefe aeronáutico de Ezeiza, comodoro Alberto Beltrame, fue separado de su cargo cinco meses después de aquel incidente, el viernes 11, por el jefe de la Fuerza Aérea, Carlos Rohde.
El hijo del comodoro, Walter Beltrame, resultó uno de los principales sospechosos de la investigación sobre el narcotráfico, era empleado de Southern Winds y estuvo prófugo dos meses, hasta que se entregó a la justicia este jueves.
Pero no es Walter Beltrame el único implicado. Hay más empleados y ejecutivos de Southern Winds, algunos de ellos también detenidos, y las responsabilidades alcanzan a personal aeronáutico que falló en su obligación de controlar la salida del equipaje.
La PAN adujo en su descargo que cada aerolínea contrata su propia empresa de seguridad, y que su función se limita a inspecciones sorpresivas en algunos vuelos.
En el aeropuerto de Ezeiza, la PAN cuenta con un sofisticado sistema de 160 cámaras de vídeo, ubicadas estratégicamente para controlar todo movimiento de personas y cargas.
Pero aún con esa tecnología (similar a la del aeropuerto israelí de Ben Gurión e instalada por especialistas de ese país), la PAN alegó que las cintas de vídeo no se almacenan por más de un mes, pues se reutilizan.
Por eso no quedaron registros del ingreso de las maletas, de su despacho por personal de la aerolínea, ni de su pasaje por al menos dos escáneres (registros electrónicos de contenido) antes de ingresar al avión.
El presidente Néstor Kirchner ordenó el miércoles al ministro de Defensa, José Pampuro, la intervención de la PAN, la destitución de su director y una exhaustiva investigación interna para determinar si hubo miembros de la fuerza cómplices del contrabando.
Pampuro reemplazó al jefe de la PAN por el segundo en el mando. Pero horas más tarde fue más a fondo y, por primera vez desde la creación de esa fuerza, designó a un funcionario civil en el puesto, el viceministro Jaime Garreta.
El director general de Aduanas, Ricardo Etchegaray, afirmó el miércoles que la intervención de la PAN fue por "un problema grave, de "responsabilidad directa, y confirmó que se investiga si el comodoro jefe de Ezeiza Beltrame estaba relacionado con el delito por el cual su hijo está detenido.
"Este escándalo, como muchos otros que vinculan a militares con el contrabando de armas, el narcotráfico y otros delitos comunes, demuestra la falsedad del mito de que los militares son más honestos que la policía, dijo a IPS el experto en seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, Gustavo Palmieri.
Palmieri se refería a la participación de militares en el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, operado desde el gobierno en los años 90, al estallido intencional de una fábrica de armas en la central provincia de Córdoba, y a recientes delitos de corrupción en la administración de gastos del avión y la custodia del presidente de la República.
Tal como establece la Ley de Defensa, los militares no deben intervenir en asuntos de seguridad interna sino en la protección del país ante una amenaza externa, dijo Palmieri.
No obstante, hay resabios de la influencia castrense en asuntos de seguridad interior que subsisten desde la última dictadura militar (1976-1983).
De hecho, la Policía Aeronáutica fue creada por el ex dictador Jorge Rafael Videla. Estas rémoras "provocan una gran descoordinación entre las fuerzas de seguridad que dependen del Ministerio del Interior, y las que aún dependen de las Fuerzas Armadas, como es el caso de la PAN, y por lo tanto del Ministerio de Defensa, sostuvo.
"En algunos espacios, las distintas fuerzas de seguridad compiten por su accionar y en otras se generan agujeros donde nadie controla, advirtió Palmieri.
Elsa Bruzzone, especialista en defensa, geopolítica y estrategia del Centro de Militares para la Democracia, dijo a IPS que la Fuerza Aérea no debería custodiar los aeropuertos ni brindar servicios como la hora oficial o el pronóstico meteorológico. "Son resabios de otras épocas, justificó.
Para Bruzzone no hay dudas de que la PAN estuvo involucrada en el envío de drogas, en parte por "la impunidad de la que gozaron los militares tras la dictadura, pese a haber cometido graves violaciones a los derechos humanos y delitos comunes contra la propiedad de las víctimas.
"Estos escándalos son producto de la tremenda degradación moral que se produjo en las Fuerzas Armadas durante el régimen, remarcó.
La especialista admitió que este caso muestra la vulnerabilidad de la propuesta de Washington, reiterada en las últimas conferencias hemisféricas, de borrar las fronteras entre seguridad y defensa y dar participación a los militares en la represión del terrorismo, el narcotráfico, el contrabando y el tráfico de personas.
Esta iniciativa fue muy resistida por muchos funcionarios sudamericanos en la VI Conferencia Hemisférica de Ministros de Defensa, celebrada en Quito, Ecuador, en noviembre del año pasado.
Varios ministros, encabezados por el argentino Pampuro, rechazaron la iniciativa de otorgar facultades policiales a las Fuerzas Armadas, lanzada por el secretario estadounidense de Defensa, Donald Rumsfeld, y secundada por la delegación colombiana.
De hecho, en Argentina, con una larga historia de gobiernos militares, está ocurriendo un incipiente proceso de "desmilitarización de áreas antes en manos castrenses.
Kirchner dispuso que fuera un piloto civil el comandante del avión presidencial, y que los gastos de su seguridad fueron controlados por la Secretaría de la Presidencia.
Las medidas fueron tomadas luego de que se detectaron sobreprecios en las facturas de gastos y reiteradas fallas de seguridad en la custodia presidencial y en el funcionamiento de su aeronave, que pusieron en riesgo al mandatario más de una vez.
Ahora que el gobierno coloca a un funcionario civil a comandar la PAN, algunos ven en el gesto otra señal de repliegue militar.
