La interminable guerra entre el gobierno de México y narcotraficantes dejó en los primeros 20 días del año un reguero de muertos y vienen muchos más, según advirtieron de diversas formas ambos bandos, que ahora se retan de igual a igual.
La cifra de homicidios relacionados al tráfico de drogas llegó este mes a un promedio diario de 3,3 casos, todas personas ejecutadas a balazos, indicaron a IPS fuentes de la secretaría (ministerio) de Seguridad Pública.
El gobierno de Vicente Fox ordenó este viernes ampliar las guardias de las cárceles de máxima seguridad, como ya lo había hecho una semana atrás en La Palma, vecina a la capital mexicana, enviando a cientos de militares fuertemente pertrechados.
Los cuerpos de seis trabajadores de una cárcel de alta seguridad en Matamoros, ciudad cercana a la frontera con Estados Unidos, fueron hallados en la víspera a menos de 800 metros del recinto, y las evidencias indican que habían sido torturados y luego ejecutados.
También el mismo día fue asesinado cerca de la ciudad de México un abogado de narcotraficantes y se suicidó el director de una cárcel de la central ciudad de Puebla, aparentemente presionado por las mafias.
Ambos equipos, los del gobierno y de los narcotraficantes, se han prometido dar guerra y ahí están. Podemos esperar que seguirán en lo mismo con el consiguiente aumento de víctimas, dijo a IPS Rosario Torreblanca, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En México operan al menos siete bandas de narcotraficantes, que según reconoce el gobierno, cuentan con ingentes recursos económicos, armas poderosas y complejas estructuras en las que participan algunos policías y miembros del ejército. Son esas bandas las que abastecen más de 70 por ciento de la cocaína que demanda el mercado estadounidense.
Según indicó un comunicado de la Secretaría de Seguridad, la delincuencia organizada pretende enfrentar al Estado y lo está haciendo de la forma más baja (asesinando), característica de su condición. Atacaron a ciudadanos de forma artera. Al hacerlo intenta retar al gobierno, al país y a la sociedad.
La actual ola de violencia comenzó los últimos días del año pasado, cuando en la cárcel de alta seguridad de La Palma, vecina a la capital, un interno asesinó con varios disparos a otro, hermano de un narcotraficante prófugo.
El gobierno endureció entonces los controles en las cárceles y el trato a los jefes de los traficantes de drogas que allí están recluidos y desde donde, según reconocieron autoridades, seguían controlando sus negocios ilícitos y ordenado crímenes.
Además, el gobierno envió a La Palma a cientos de militares con llamativos pertrechos y acompañados de tanques de guerra, medida que este viernes comenzó a extenderse a las otras cárceles de alta seguridad, como son las prisiones de Puente Grande y Matamoros.
La respuesta de los narcotraficantes no se hizo esperar. La ejecución de seis trabajadores de la cárcel de Matamoros es un mensaje muy claro para el gobierno y el presidente, opinó Torreblanca.
Le han perdido el respeto (al gobierno) y le dicen que ellos (los narcotraficantes) pueden hacer una guerra de iguales y que no les tiembla la mano, sostuvo la analista, que es una especialista en temas de delincuencia organizada.
El presidente Fox reunió la noche del jueves a su equipo de seguridad y lo declaró en alerta máxima ante los últimos ataques del narcotráfico.
Los mexicanos deben tener la certeza de que en esta guerra contra el crimen organizado, que habremos de ganar con el concurso de todos, el gobierno no se detendrá y seguirá demostrando su firmeza y unidad, declaró Fox.
La declaración fue casi una copia de otras anteriores hechas por el mismo Fox, el primero que no pertenece al Partido Revolucionario Institucional en 70 años, y también a la contenida en diversos discursos de sus antecesores Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000).
Con los hechos de enero vinculados al narcotráfico, lo que queda claro es que el crimen organizado está rebasando a las instituciones y eso es muy grave, opinó el politólogo Alfonso Zárate, director de una empresa de consultoría política.
Zarate sugiere al presidente tomar medidas drásticas para enfrentar a los narcotraficantes, como cambiar a altos funcionarios de seguridad y mejorar sus estrategias de combate, mientras otros como Sergio Sarmiento, columnista del diario Reforma, recomienda legalizar el consumo de algunas drogas.
Los mexicanos tenemos que entender que no sólo estamos siendo derrotados en la guerra contra al narcotráfico sino que lo seguiremos siendo en el futuro. Poco importa quién gobierna a nuestro país o quién es el procurador (fiscal). La ley de la oferta y la demanda es demasiado poderosa para anularla con acciones policíacas, escribió Sarmiento.
Pero las autoridades no quieren ni oír hablar de una posible legalización de algunas drogas y se niegan a cambiar a los funcionarios de seguridad del alto nivel. La respuesta del presidente Fox sigue siendo la promesa de que dará guerra a los narcotraficantes y que triunfará.
En los cuatro años del gobierno de Fox, iniciados a fines de 2000, la policía detuvo a cerca de 3.900 personas relacionadas al narcotráfico, entre ellas a varios jefes. Además, decomisó más de 360 toneladas de marihuana, 11 toneladas de cocaína, 444 kilogramos de heroína y más de siete millones de las llamadas pastillas psicotrópicas.
Se trata de los resultados más importantes logrados en los últimos 14 años en México, afirma el gobierno.
Sin embargo, el negocio del envío de drogas se mantiene y funcionarios estadounidenses reconocen incluso que en su país no se registra ninguna disminución del ingreso de drogas provenientes de México.
Luchar contra los traficantes de drogas es hablar de una guerra interminable. Quizá se ganen algunas batallas o disminuya la violencia por momentos, pero nada más, sentenció Torreblanca.
