Con la férrea oposición de los empresarios, comenzó este martes en el Congreso de Chile la tramitación de un proyecto del gobierno de Ricardo Lagos para cobrar un impuesto a las utilidades de las empresas privadas que explotan las ricas reservas de cobre y de otros minerales.
No vamos a adoptar una actitud pasiva y no vamos a quedarnos de brazos cruzados frente a esta amenaza que consideramos muy grave para el sector, dijo Alfredo Ovalle, presidente de la empresarial Sociedad Nacional de Minería (Sonami).
La ley para aplicar un impuesto entre tres y cinco por ciento a las utilidades operativas de las empresas mineras fue concebida por el gobierno de Lagos luego de que el 10 de agosto fracasara su intento de instituir el cobro de una regalía (royalty) a esas compañías, al no reunir los votos suficientes en el parlamento.
Los empresarios sostienen que este tributo es anticonstitucional y ahuyentará las inversiones en este sector clave de la economía chilena. En cambio, el ministro de Minería, Alfonso Dulanto, apunta que, más bien, viene a corregir parcialmente la discriminación positiva que ha favorecido a las compañías desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
La minería genera 42 por ciento de los ingresos por exportaciones de Chile, país que con entregas anuales de 4,7 millones de toneladas es el mayor productor mundial de cobre, del cual posee 40 por ciento de las reservas conocidas en el planeta.
Alrededor de 70 por ciento de la producción de cobre en Chile está en manos privadas, debido a las políticas de incentivos a la inversión que Pinochet creó con un nuevo Código Minero expedido en 1983, que reforzó para este sector instrumentos generales de atracción de capitales externos expedidos por la dictadura desde 1974.
El desarrollo de proyectos mineros privados que entraron en producción después de restablecida la democracia, en marzo de 1990, despojó a la estatal Corporación del Cobre (Codelco) de su condición de mayor productor para ir cediendo paulatinamente terreno a compañías particulares tanto transnacionales como locales.
Codelco había asumido el control total de los yacimientos de la llamada Gran Minería del Cobre tras la nacionalización de este recurso en julio de 1971, mediante una reforma constitucional presentada al Poder Legislativo por el entonces presidente Salvador Allende, derrocado el 11 de septiembre de 1973.
El gobierno del socialista Allende se negó a indemnizar a las empresas transnacionales estadounidenses Anaconda y Kennecott Copper por los yacimientos nacionalizados, alegando que habían obtenido utilidades excesivas por su explotación, pero el régimen dictatorial revirtió la medida y les pagó cuantiosas compensaciones.
Pinochet mantuvo el carácter estatal de Codelco, pero dejó sentadas las bases para el auge de la inversión privada, que en los hechos ha significado una desnacionalización a un costo perjudicial para los chilenos, según la Confederación de Trabajadores del Cobre.
Chile es el único país del mundo que regala su cobre, dijo a IPS el senador Jorge Lavandero, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), una de las cuatro agrupaciones de la gobernante coalición de centroizquierda Concertación de Partidos por la Democracia.
En los últimos 14 años (las compañías privadas) han sacado 43.000 millones de dólares sin pagar un centavo de impuesto, agregó Lavandero, quien recordó que estas empresas pagan sólo un tributo marginal vinculado al Decreto Ley 600, sobre inversiones extranjeras, cuyo monto fue rebajado a comienzos de los años 90 de 49 a 42 por ciento.
Esa rebaja se hizo con el propósito de que las compañías no eludieran el pago de ese impuesto, según una práctica generalizada en el sector minero, agregó el senador del PDC. Los tributos que se cobran en Chile a las firmas mineras son 50 por ciento más bajos que en el resto del mundo, como promedio, indicó.
Por eso, a juicio de Lavandero lo que correspondía era la creación del royalty o regalía fija que un Estado cobra a un particular por el derecho a explotar un recurso agotable. El royalty lo cobran 120 países en el mundo y lo colocaron porque (al contrario de los impuestos) es imposible de eludir, explicó el senador.
El gobierno de Lagos acogió en 2004 las demandas de Lavandero y de otros legisladores, así como de sindicalistas, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes y presentó a consideración parlamentaria un proyecto para crear el royalty minero en el país.
Como la propuesta implicaba una reforma al Código Minero de 1983, que la dictadura expidió como ley con rango constitucional, se necesitaba para su aprobación el voto favorable de los cuatro séptimos de los 120 diputados y de los 47 senadores.
La iniciativa fracasó el 10 de agosto, cuando en la votación decisiva en el Senado obtuvo 26 votos a favor y 19 en contra. Entre los diputados tampoco alcanzó los cuatro séptimos, con 61 votos a favor y 36 en contra.
Carlos Vilches, diputado del opositor Partido Renovación Nacional, de la derecha liberal, dijo a IPS que hay una probabilidad alta de que se apruebe este nuevo proyecto, que algunos denominan Royalty II, por el hecho de que la creación de un impuesto requiere mayoría simple en ambas cámaras.
Yo creo que este proyecto va a tener un gran apoyo si los recursos (generados por el impuesto) se llevan a las regiones para ser invertidos donde se explotan los yacimientos, señaló Vilches, quien representa en la Cámara de Diputados a Atacama, una región de grandes recursos mineros, situada unos 1.000 kilómetros al norte de Santiago.
En la idea original del royalty se planteaba destinar los recursos que generara a un centro de desarrollo científico y tecnológico, que permitiera desarrollar la exportación de productos mineros con mayor valor agregado.
En declaraciones publicadas este martes por el diario El Mercurio, en Santiago, el presidente de Sonami dijo que el nuevo proyecto es un royalty disfrazado de impuesto a la renta, que afectará de manera directa la competitividad del sector minero en Chile, con relación a los incentivos a la inversión que existen en otros países.
Lavandero y el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, Raimundo Espinoza, sostienen que las compañías quieren seguir gozando de grandes privilegios y rechazan la posición de Sonami, que cuenta en la oposición al impuesto con el apoyo de la Confederación de la Producción y el Comercio, estado mayor de los empresarios de Chile.
Álvaro Bardón, ex presidente del Banco Central y director del Instituto de Políticas Públicas de la privada Universidad Finis Terrae, comentó a IPS que este nuevo proyecto es un error garrafal, ya que rompe reglas claras y parejas y discrimina en contra de un sector.
Sin embargo, la viabilidad legislativa de este proyecto es alta, porque a la gente que se dedica a la política le encanta subir los impuestos y esto se suma a otra característica de este país, donde los extranjeros son siempre un tanto sospechosos, agregó Bardón, quien se precia de su condición de economista neoliberal como discípulo de la Universidad de Chicago.
