Muchos opinan en Argentina que el incendio en la discoteca, donde murieron casi 190 personas, expuso graves fallas del Estado en materia de control y prevención. Empero, también antes y en medio del drama se observó el cabal funcionamiento de varias instituciones públicas.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pidió en mayo de 2004 a la Subsecretaría de Control Comunal no esperar a que suceda una catástrofe para reaccionar ante las irregularidades en locales bailables. Solo falta un siniestro, el resto serán explicaciones, procesos judiciales y muertos, vaticinó entonces un portavoz de esa repartición.
La oficina de los defensores del pueblo había calculado en ese estudio que unos 400.000 jóvenes concurren cada fin de semana a centros de diversión nocturna de la capital argentina que no están habilitados. Son locales sin normas de seguridad adecuadas, sin prevención contra incendios o salidas de emergencia, determinó.
Iniciamos esa investigación hace un año por denuncias de vecinos que nos decían que no se estaba cumpliendo con las normas de prevención en discotecas, ni con las normas de evacuación, ventilación, capacidad permitida, es decir, todo lo que falló ahora en el local llamado República Cromagnon, explicó a IPS el arquitecto Atilio Alimena, autor de aquel informe.
Alimena es defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y se especializa en el tema de espacios públicos. En febrero solicitamos a los bomberos nos informen qué locales tenían la certificación requerida para evitar la clausura, y respondieron que sólo 20 estaban en regla y 16 tenían el expediente en trámite, precisó.
Luego pedimos a la Subsecretaría de Control Comunal que nos informara de la cantidad de locales bailables existentes en la ciudad y nos respondieron que había 258. Después corrigieron a 220, pero, aún en el mejor de los casos, ese dato reveló que había 180 discotecas sin control que debían estar clausuradas, relató el funcionario.
La dependencia se comprometió a trabajar en el tema y en un año clausuró 80 locales. En agosto, la Defensoría pidió al gobierno le indicara que medidas había tomado ante su reclamo y nadie respondió. La legislatura hizo lo propio en octubre, pero tampoco hubo respuestas. Hubo impericia y falta de voluntad en el gobierno, acusó.
Del mismo modo, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires había advertido el año pasado un total desmanejo en el área de control, verificaciones y habilitaciones del gobierno comunal, que se observaba en el déficit de inspecciones en centros geriátricos, guarderías para niños y niñas, hoteles y locales bailables, entre otras áreas críticas por su vulnerabilidad.
La Subsecretaría de Control Comunal registra 183 guarderías en Buenos Aires a las que debe supervisar. Pero el monitoreo de la Auditoría advirtió que hay más de 500 en funcionamiento. Incluso personal de esa oficina de contralor llevaba a sus hijos a locales que no estaban habilitados ni eran objetos de control alguno.
La Defensoría es un organismo autónomo e independiente, integrado por cinco miembros titulares con sus equipos, que debe proteger y defender los derechos humanos de los vecinos, así como supervisar y garantizar que las instituciones y los funcionarios cumplan con sus deberes y con las leyes vigentes.
Por su parte, la auditoría también es autónoma, sus integrantes, todos profesionales, son propuestos por la Legislatura de la Ciudad y su función es la de controlar al sector público en aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad. Y esa tarea la realizó con eficiencia en 2004.
No obstante, el gobierno desoyó las alarmas y el 30 de diciembre ocurrió la tragedia anunciada. En la discoteca República Cromagnon, ubicada en un barrio cercano al centro de Buenos Aires, una bengala provocó que los materiales altamente inflamables existentes especialmente en el techo tomaran fuego y causaran una gran cantidad de muertes por intoxicación.
El siniestro reveló la total negligencia del responsable del local y la falta de control municipal. Esa noche el centro nocturno estaba desbordado de asistentes, al punto de que algunos testimonios ubican en 4.000 y otros hasta en 6.000, cuando estaba habilitado para sólo 1.037 personas como máximo.
Si bien las normas de habilitación del local lo impiden, actuaba el grupo de rock Callejeros, cuyos seguidores suelen utilizar bengalas para celebrar el espectáculo musical, lanzamiento de pirotecnia también prohibido en lugares cerrados.
Entre los 188 muertos en la tragedia desatada ya en la madrugada, se cuentan 64 menores de 18 años. En el lugar, además, había hasta niños y bebés, pese a que se permite ingresar a este tipo de centros bailables a menores de entre 15 y 18 años sólo los sábados y domingos en el horario de 16 a 22 horas.
Las puertas de emergencia del local eran amplias, pero estaban trabadas con candados y alambres. Por eso muchos jóvenes perecieron sobre estos portones debido a la falta de oxigeno al no poder salir al exterior.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires trató de justificar las fallas en los controles en que hay más de 200.000 establecimientos a supervisar en su distrito, pero el defensor adjunto Alimena aclaró a IPS que la mayoría son comercios que no reportan peligro alguno.
En cambio, existe un puñado de shoppings (centro comerciales), gasolineras y discotecas sobre las que habría que reforzar el control, apuntó.
Una vez que el desastre ocurrió fue difícil observarlo, pero también funcionó muy aceitadamente la red de emergencia. Los bomberos, las ambulancias y médicos junto con psiquiatras y psicólogos preparados para atender catástrofes llegaron hasta el lugar y trabajaron sin descanso durante un día y medio.
Si no fuera por la celeridad con la que actuaron los bomberos, el número de víctimas fatales hubiera sido mucho mayor aun, ya que había miles de personas atrapadas en el local y hubo apenas 188 muertos según el saldo provisorio reportado este jueves, una semana después de la catástrofe.
La psiquiatra Sandra Novas y el médico de emergencias Juan Rodríguez del Sel comentaron a IPS que debieron reportarse inmediatamente después de la tragedia y trabajar sin respiro durante las fiestas de Fin de Año para atender y contener a las víctimas y sus familiares desesperados ante el impacto.
Rodríguez del Sel reveló que los hospitales públicos no colapsaron porque a fin de año muchos pacientes son dados de alta y hay más camas disponibles que en otras fechas.
Hubo camas, oxígeno y medicamentos para todos, incluso en terapia intensiva, detalló. Era tanta la gente en las guardias que hasta se puso alguna mascarilla de más a quien no la requería.
Al ver la magnitud de la tragedia por televisión, muchos médicos y enfermeros que estaban en jornada de descanso corrieron al hospital para apoyar voluntariamente la tarea de sus colegas de guardia, y hasta hubo directivos de los sanatorios poniendo manos a la obra como hacía mucho que no lo hacían.
En definitiva, el Estado evidenció vulnerabilidades y fortalezas ante el desastre, pero además demostró que, si bien está deteriorado, aún está lejos de haber colapsado. Lo que ocurrió es que la impresión más fuerte después de la tragedia fue la de desamparo ante instituciones que en general no cuidan a sus ciudadanos.
Frente a esa desconfianza, madres, padres y tíos se erigieron en estos días en improvisados inspectores de locales bailables para vergüenza de sus protegidos, deseosos a su edad de tener a los adultos lo más lejos posible.
Ya pueden ingresar, gritaron la madre y la tía de dos adolescentes ante una discoteca del balneario de Villa Gesell, en la oriental provincia de Buenos Aires. Con dudosa pericia, las mujeres habían controlado que el sitio tuviera salidas de emergencia, buena ventilación y baños limpios para autorizar el ingreso de sus familiares menores de 18 años.
En otros distritos, los empresarios ofrecen visitas guiadas a los padres para que sean ellos mismos los que verifiquen que las instalaciones tienen todo en orden, pero claro, ninguno está preparado para reemplazar al Estado a la hora de determinar la efectiva seguridad de los locales en caso de una emergencia. (
