El ministro del Interior de Chile, José Miguel Insulza, inició este lunes una breve e intensa visita a Estados Unidos y la Comunidad del Caribe (Caricom) para promover su candidatura a la secretaría general de la OEA, que enfrenta fuerte resistencia fuera y dentro de su propio país.
Insulza, principal figura del gabinete ministerial del presidente Ricardo Lagos, hará una exposición ante el Consejo Permanente de la OEA (Organización de Estados Americanos) este martes, instancia ante la cual se presentó el jueves 27 el ex presidente de El Salvador, Francisco Flores (1999-2004), postulante también a encabezar el organismo hemisférico.
Flores, quien tiene ya asegurado el respaldo del gobierno estadounidense de George W. Bush, e Insulza, con un apoyo importante en América del Sur, son hasta la fecha los candidatos con más posibilidades, superando al tercero en contienda, el canciller mexicano Luis Ernesto Derbez.
En Washington, Insulza planea también reuniones con el secretario adjunto de Estado para Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, así como con otros funcionarios del gobierno de Bush y legisladores del gobernante Partidos Republicano y del opositor Demócrata, además de la ex secretaria de Estado del gobierno de Bill Clinton (1993-2001) Madeleine Albright.
El ministro chileno, que en su viaje a Estados Unidos hizo escala en Ecuador, comenzará en la misma tarde del martes una gira por el Caribe anglófono que se prolongará hasta fines de esta semana, con el fin de visitar al menos dos tercios de los 15 países que forman la Caricom.
Y es que quien consiga el apoyo mayoritario entre las pequeñas naciones caribeñas será a la postre al candidato con más posibilidades de alzarse con el triunfo en la elección del secretario general de la OEA, que los 34 estados miembros activos de la organización deben efectuar en marzo.
En rigor, los países americanos son 35, pero Cuba está suspendida del sistema continental desde 1962.
Tanto Flores, como Insulza y Derbez están lejos de contar con los 18 votos que se requieren para ocupar el cargo que quedó vacante en octubre de 2004, cuando finalizó la efímera gestión al frente de la entidad hemisférica del ex presidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), encarcelado en su país por actos de corrupción.
Flores reúne hasta ahora seis votos, que son los de su propio país, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y República Dominicana. La fortaleza de su candidatura está en los respaldos de Washington y de la mayoría de las naciones de América Central, aunque no ha logrado aún incorporar a Honduras y Panamá.
A su vez, Insulza tiene garantizados hasta ahora los votos de Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, junto al de Uruguay desde el 1 de marzo, cuando asuma la presidencia de ese país el izquierdista Tabaré Vásquez. Estaría también seguro el respaldo de Ecuador, y son muy probables los apoyos de Paraguay y Surinam, con lo cual el ministro chileno completaría ocho adhesiones.
Derbez dispondría hasta la fecha únicamente de los votos del gobierno que integra, de Canadá y de Belice.
Estados Unidos apoyó a Flores con el argumento de que corresponde a un centroamericano encabezar la OEA, pero algunos analistas estiman que Bush está también cobrando cuentas a Chile y México por la negativa de los gobiernos de estos países a respaldar en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas la invasión de marzo de 2003 a Iraq.
En círculos cercanos al gobierno chileno se señaló que el objetivo de la visita de Insulza a Washington es asegurarse de que la Casa Blanca no interfiera eventuales apoyos de otros países al ministro chileno, y, aún más, que Bush considere a Insulza como una buena segunda carta en caso de que Flores no llegue hasta el final en la votación.
Pero hoy por hoy lo fundamental para el gobierno chileno es ganar votos en la Caricom. Por ello, tras la gira de Insulza, el presidente Lagos acudirá el 19 de febrero a la cumbre de la comunidad caribeña en Guyana y hará una visita oficial a Trinidad y Tobago.
Otra apuesta de Santiago es que su candidato cuente con un alto consenso en América del Sur, tarea que se vislumbra difícil en cuanto a obtener apoyos de Colombia, Bolivia y Perú.
El gobierno colombiano, tercer receptor de ayuda de Estados Unidos en el mundo luego de Israel e Iraq, terminaría sumándose a Flores.
Bolivia, en ningún caso va a querer que Chile, país con el cual mantiene un secular conflicto marítimo, dirija la OEA, una visión que comparte con Perú, que no se muestra favorable a dar su apoyo a Insulza. Estos tres países se enfrentaron a fines del siglo XIX en la llamada Guerra del Pacífico, que modificó las fronteras comunes a favor del estado chileno.
La candidatura del socialista Insulza es presentada como una iniciativa del Estado chileno y no del gobierno de turno. Así, el presidente del Senado, Hernán Larraín, una de las principales figuras de la oposición derechista, acompaña a Insulza en su visita a Washington.
La comitiva está integrada también por el presidente de la Cámara de Diputados, Gabriel Ascencio, de la Democracia Cristiana, partido integrante de la gobernante coalición de centroizquierda Concertación por la Democracia junto al Partido Socialista y otros.
La imagen de unidad nacional con que se pretende revestir la candidatura de Insulza a la OEA sufrió, sin embargo, un revés el 26 de este mes, cuando la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD) amenazó con boicotear internacionalmente su postulación.
La AFDD reaccionó así luego de que el gobierno de Lagos anunciara la llamada ley de empalme, una iniciativa con que se busca traspasar al nuevo sistema de procedimiento penal unas 350.000 causas judiciales, entre las que se incluyen 315 juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El nuevo procedimiento, que incorpora la figura del fiscal público y los juicios orales, es considerado más expedito que el anterior, en que los jueces investigan y luego proponen las sentencias tras largas investigaciones en que casi no hay alegatos en los estrados.
Los juicios por desapariciones forzadas y crímenes políticos cometidos durante la dictadura tuvieron avances sustantivos en los dos últimos años a través de jueces con designación exclusiva a estas causas.
Empero, la Corte Suprema de Justicia aprobó el martes 25 una resolución que ordena a todos los jueces a cargo de los 315 procesos por violaciones de derechos humanos cerrar los sumarios (investigaciones) en un plazo de seis meses.
La AFDD y otras agrupaciones humanitarias, como Human Right Watch, con sede en Nueva York, y Amnistía Internacional, con base en Londres, estimaron que esa medida es ilegal y que posibilitaría un punto final para los juicios al impedir investigaciones exhaustivas, dando margen así a la impunidad.
Los familiares de los desaparecidos estimaron que la ley de empalme es un complemento de la decisión de la Corte Suprema, pese a que el ministro de Justicia, Luis Bates, aseguró que el gobierno venía estudiando la iniciativa desde hace mucho tiempo y que en ningún caso esta buscando un punto final para los juicios de derechos humanos.
La AFDD exige que los 315 juicios se excluyan de la ley de empalme y sostiene que, si el gobierno chileno avala este intento de impunidad, resulta contradictorio que Insulza postule a la secretaría general de la OEA, una organización encargada de la justicia y la defensa de los derechos humanos en nivel hemisférico.
Este cuestionamiento de las víctimas de la represión dictatorial remite también al hecho de que, si bien el gobierno de Chile firmó la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas, ésta no es aún ley en este país porque no ha sido ratificada por el Congreso legislativo. (
