El presidente Ricardo Lagos quiere convertir a Chile en miembro pleno de la OCDE, el grupo que incluye a todos los países industrializados, pero esa meta tiene como principal obstáculo las evaluaciones de su gestión ambiental, que sólo ahora comienza a mostrar señales de cambio favorable.
Una delegación encabezada por el ministro de la Secretaría General de la Presidencia de Chile, Eduardo Dockendorff, sostuvo reuniones entre el 24 y el 26 de este mes en París con especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que deben entregar en mayo un informe sobre la situación ambiental en este país.
La postulación a miembro pleno de la OCDE implicó rendir examen en áreas como calidad de la educación, transparencia y políticas anticorrupción, además de solvencia macroeconómica, materias en que Chile fue bien evaluado.
La revisión de los tópicos ambientales comenzó en agosto y septiembre con una misión de entidad internacional que visitó este país y se entrevistó con representantes gubernamentales, del empresariado y de organizaciones ecologistas.
Dockendorff, a cuyo ministerio está adscrita la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama), calificó de "positiva" la reunión en París, donde "los expertos de la OCDE destacaron los avances obtenidos por nuestro país en diversos ámbitos de la gestión ambiental y también materias como desarrollo económico y reducción de la pobreza".
Pero más allá de esa versión, contenida en un comunicado oficial, se conoció que la organización formuló críticas tanto a la gestión como la institucionalidad ambiental en Chile y advirtió la degradación de las fuentes de agua y de otros recursos de la biodiversidad en diversas regiones de este país sudamericano.
Chile se convirtió en la década del 90 en observador de la OCDE, gracias a su pujante economía, y a fines de 2003 solicitó su admisión como miembro pleno, estatus al que aspiran también otros nueve países.
La aprobación en el examen ambiental es clave para que Chile pueda sumarse a este grupo de 30 países, entre los que están todas las economías del mundo industrializado, que se fundó en 1961 y que, según sus estatutos, promueve políticas para el crecimiento del producto y el empleo para posibilitar altos estándares de bienestar en todo el mundo.
El gobierno de Lagos se inició en 2000 con la herencia recesiva de la llamada crisis asiática y supo reencauzar el crecimiento económico, al tiempo de profundizar y ampliar la política de apertura al exterior a través de tratados comerciales con la Unión Europea, Estados Unidos y Corea del Sur.
El mandatario aspira a materializar, antes del término de su periodo en marzo de 2006, acuerdos de comercio con los dos países más poblados del mundo, China e India, además de negociar un tratado tripartito con Nueva Zelanda y Singapur.
En este promisorio panorama, el mayor punto en contra para el actual gobernante chileno está en su gestión ambiental, reprobada reiteradamente por las organizaciones ecologistas, que lo acusan de dar prioridad a la inversión privada y al crecimiento y desatender políticas para un desarrollo sostenible.
Las críticas de los ambientalistas se vieron refrendadas por el Índice de Sustentabilidad Ambiental presentado el jueves 27 en el Foro Económico Mundial, que se realiza en su sede anual de la localidad suiza de Davos, y que elaboran las universidades estadounidenses de Yale y Columbia.
En este "ranking" que incluye a 146 países, Chile ocupó el lugar número 42 con 53,6 puntos sobre un máximo de 100 y fue superado en América del Sur por Uruguay, Guyana y Argentina, aunque alcanzó una mejor calificación que Estados Unidos, en el puesto 45.
En el anterior estudio, de 2002, Chile ocupó el lugar 35 con un puntaje de 55,1. Descendió, entonces, siete lugares, lo cual "era totalmente previsible y es preocupante", según dijo a IPS el economista ambientalista Marcel Claude, director ejecutivo de la organización Oceana.
"Chile ha ido desatendiendo todos los aspectos medioambientales. Ninguno de los tres recursos naturales principales, la minería, la pesca y los recursos forestales, cuenta con leyes que permitan regular su explotación", comentó Claude.
El estudio de las universidades estadounidenses considera 75 factores ambientales en un sentido amplio. Observa, por ejemplo, las tasas de fertilidad y a la vez de mortalidad infantil por enfermedades respiratorias, como un indicativo de la calidad del aire.
Los grados de explotación de recursos marítimos y forestales, la calidad del agua, la emisión de gases que causan el llamado efecto invernadero y la eficiencia en la producción y uso de la energía son igualmente considerados en este registro de sustentabilidad ambiental.
A la hora de calificar a Chile, la OCDE considera, además de esos factores, la institucionalidad ambiental que se creó en 1994 con la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y que tiene como eje de la gestión oficial en este campo a la Conama.
El ministro Dockendorff y sus asesores defendieron en París la efectividad de la Conama, en tanto dependencia de la Secretaría General de la Presidencia, un ministerio netamente político. La entidad cuenta en su estructura con 13 comisiones regionales (Coremas) que actúan en nivel local.
Los expertos de la OCDE habían sugerido que Chile cree un Ministerio del Medio Ambiente para dar mayor jerarquía a estos asuntos, en tanto la filial chilena de la organización ambientalista Greenpeace y otros grupos de activistas postulan una Superintendencia Ambiental, como organismo esencialmente técnico que pueda actuar al margen de influencias políticas.
Ariel León, un asesor de Oceana que participó como observador en la reunión de París dijo al diario El Mercurio, de Santiago, que es "terrible" que la OCDE no haya planteado como requerimiento ineludible al gobierno chileno la creación de un Ministerio del Medio Ambiente.
Las críticas a la debilidad de la fiscalización ambiental en Chile fueron replicadas en cierta medida el 18 de este mes con la decisión de la Comisión Regional del Medio Ambiente (Corema) de la región de Los Lagos de cerrar temporalmente una planta de celulosa, posible responsable de la degradación del santuario natural de Río Cruces, 790 kilómetros al sur de la capital chilena.
El 11 de enero, la Corema de la región del Bíobio había ordenado igualmente suspender las obras de construcción de otra planta de celulosa en la localidad de Itata, 480 kilómetros al sur de Santiago, por incumplimiento de disposiciones ambientales.
Ambas medidas afectaron al grupo Angelini, el segundo conglomerado empresarial en importancia de este país, principal exportador de celulosa, uno de los mayores rubros de exportación de la industria forestal chilena.
También este mes el gobierno dio a conocer, a través del ministro de Economía, Jorge Rodríguez, un plan de racionalización del uso de la energía con normas tanto para el sector público como los privados. Otra decisión aplaudida también por los ecologistas.
Sara Larraín, coordinadora del Programa Chile Sustentable, dijo a IPS que el crecimiento del consumo de energía en este país, de siete por ciento anual, duplica la tasa de crecimiento del producto, de 3,5 por ciento en 2004.
Si Chile quiere acercarse a los estándares de la OCDE, debe reducir ese consumo al menos a cinco por ciento, señaló la dirigente ecologista.
