El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela cambió radicalmente este miércoles, cuando 17 abogados se juramentaron como nuevos miembros de la cúpula del poder judicial, ahora un cuerpo de 32 magistrados.
Los nuevos jueces fueron escogidos por la Asamblea Nacional unicameral, pero sólo con los votos del oficialismo, que ocupa 87 de las 165 bancas en el parlamento, y bajo el rechazo de la oposición y la crítica de organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos, temerosas de que la justicia se parcialice.
El presidente de la Asamblea, Francisco Ameliach, pidió atender los reclamos de justicia que hay en la calle, y no repetir burlas como la sentencia del 14 de agosto de 2002, con la que el máximo tribunal desestimó que hubiera habido rebelión militar durante el golpe de Estado de abril de ese año.
Con el aumento de 20 a 32 magistrados —hay doce nuevas plazas, y se cubrieron cinco vacantes— se subsanarán las deficiencias en el trabajo del Tribunal que dirige a 1.700 jueces y 14.000 empleados en todo el país, además de la defensoría pública de presos y otras instancias, dijo el presidente del organismo, Iván Rincón.
El dirigente oficialista William Lara insistió en que descartada la elección por mayoría calificada (dos tercios del parlamento, 110 votos), debido a la obstrucción de la oposición, la mayoría del Bloque del Cambio (oficialismo) cumple con su deber de atender el requerimiento de la sociedad, que quiere una justicia eficiente.
Si el oficialismo apuesta por la eficiencia en la administración de justicia, la oposición considera que se cierra el círculo de la arquitectura constitucional totalitaria, según el jurista socialcristiano Asdrúbal Aguiar, ex magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Juan Caldera, portavoz del partido opositor Primero Justicia (centroderecha), dijo que la mayoría oficialista decidió la toma final y total del Tribunal Supremo, y Jesús Méndez, de la socialdemócrata Acción Democrática, sostuvo que toda esta parafernalia legal consolida el control de la sociedad por parte del gobierno.
La Constitución venezolana de 1999 estableció cinco poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano (defensor del pueblo, contralor y fiscal general). En todos el oficialismo es mayoría o están dirigidos por figuras que en decisiones clave se han inclinado a favor del presidente Hugo Chávez.
El director de la no gubernamental Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Alfredo Ruiz, dijo a IPS que lamentablemente todavía tenemos un sistema de justicia débil, en un país con tendencia tradicional a concentrar demasiado poder en el presidente.
No deben verse las cosas en blanco y negro, porque los seleccionados son profesionales con credenciales ganadas por sus estudios y trayectoria en universidades y en el foro, advirtió a IPS Carlos Escarrá, un jurista que simpatiza con Chávez.
Pero las alarmas se han disparado. Desde Washington, la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) advirtió que la toma política del Tribunal Supremo agravará el daño ya causado al poder judicial por políticas impulsadas por la propia corte, que no ha proporcionado seguridad en el cargo a 80 por ciento de los jueces del país.
Un lunar en la administración de justicia de Venezuela es que ocho de cada diez jueces son provisorios, sujetos a destitución sumaria por parte de una comisión de reforma del poder judicial que lleva cuatro años en funciones.
Entretanto, la situación de las cárceles es penosa, con graves casos de hacinamiento y violencia.
Hace cinco años los partidarios del presidente Chávez ayudaron a consagrar el principio de autonomía del poder judicial en una nueva Constitución democrática (aprobada en referendo el 15 de diciembre de 1999). Ahora, al copar el máximo tribunal, están traicionando ese principio y degradando la democracia, dijo el portavoz HRW, José Miguel Vivanco.
En Caracas, Carlos Correa, coordinador de la organización no gubernamental de derechos humanos Provea, dijo a IPS que lo ideal habría sido garantizar la independencia y estabilidad de los jueces con su designación por una mayoría calificada de dos tercios del parlamento.
Correa también teme una judicialización de la lucha política y del trato a la disidencia en Venezuela, porque junto a la designación del nuevo Tribunal se aprobó una ley que norma los contenidos de la radio y televisión, con penas severas en caso de que se difundan mensajes interpretados como de incitación a delitos comunes o políticos.
También está en marcha una reforma del Código Penal que aumentará los castigos para delitos como difamación, injuria u ofensas a los altos cargos del Estado, así como para manifestaciones que alteren el orden público.
Todos los casos que vayan a la justicia tendrán ahora como última instancia el remozado Tribunal Supremo, que funciona con seis salas: Político-Administrativa, Civil, Penal, Electoral, Social y Constitucional.
Entre los nuevos magistrados figuran los hasta ahora diputados oficialistas Luis Velásquez y Luis Franceschi, el presidente del poder electoral, Francisco Carrasquero, un abogado de la policía política, Fernando Vegas, y, por primera vez, un militar activo, el ex fiscal castrense y coronel Eladio Aponte.
En los pasillos del Tribunal Supremo se comentaba que Rincón, quien es magistrado desde antes de que Chávez llegase al poder en 1999, sería reemplazado en la presidencia por Omar Mora, un abogado laboralista que fue militante de partidos de izquierda.
En Venezuela, donde el salario mínimo es de 160 dólares mensuales, los magistrados del Tribunal Supremo tienen un ingreso de 100.000 dólares anuales.
