La cámara baja del parlamento colombiano se «rebeló» contra el boicot de la bancada oficialista al tratamiento de un estatuto para reglamentar el uso de fondos estatales en la campaña por la reelección presidencial.
El tratamiento de ese estatuto, impulsado por la oposición, era condición para dar luz verde a la reelección presidencial inmediata, aprobada en principio como enmienda constitucional el 30 de noviembre, pero cuyos términos deben ser ajustados por las dos cámaras legislativas que la trataron.
La enmienda deberá ser avalada luego por la Corte Constitucional, que podría tomarse entre seis y ocho meses para decidir.
Legisladores del Partido Conservador, aliados del presidente Alvaro Uribe desde el inicio de gestión en 2002, se unieron el martes por primera vez a liberales e izquierdistas y sumaron 126 representantes (de un total de 166), que abandonaron las sesiones hasta la próxima semana, cuando termine el actual período legislativo.
Los representantes amenazaron así con romper el uribismo, una alianza informal de conservadores, independientes y liberales derechistas que suman las mayorías parlamentarias que Uribe necesita para gobernar.
La enmienda impide que repitan mandato gobernadores de departamentos y alcaldes, y sólo posibilita la reelección inmediata de Uribe en 2006.
Las ciudades más importantes, Bogotá y Medellín, son gobernadas por izquierdistas, así como el departamento del Valle del Cauca, al sur occidente.
Los conservadores, que esperan aportar el compañero de Uribe en la fórmula presidencial, votaron la reelección a condición de obtener garantías electorales para la oposición, mediante un estatuto que reglamente el uso de los recursos estatales en la campaña por la reelección del presidente en funciones.
Pero la mayoría uribista en la comisión donde se tramitaba el proyecto resolvió el lunes archivar el texto del estatuto, un "acto dictatorial", según el conservador Eduardo Henríquez.
Los "rebeldes" reclamaron que la composición de la comisión que debe conciliar los proyectos de ley del Senado y la cámara baja no fue equitativa.
"Si el presidente en ejercicio puede ser elegido sin tener que renunciar al cargo, ¿por qué los otros no? Ahí hay una violación del principio de igualdad", dijo a IPS Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales Plural.
Novoa fue presidente del llamado "Congresito", un ente legislativo que funcionó seis meses tras la disolución del parlamento por la Asamblea Constituyente en 1991. El Centro de Estudios Constitucionales Plural agrupa a la mayoría de los 72 constituyentes de entonces.
Para Novoa, la reelección "es la contrarreforma de la Constitución de 1991 más importante de todas las que se han intentado, porque implica una concentración desmedida de poder en el presidente".
El líder de la bancada del opositor Polo Democrático Independiente (PDI), Gustavo Petro, anunció que recurrirá la reelección.
El "fenómeno Uribe" arrasó en la primera vuelta de las presidenciales de 2002, con una campaña electoral que prometía guerra sin cuartel a la guerrilla izquierdista, en armas desde 1964.
En septiembre, según una encuesta telefónica entre mil habitantes de las cuatro ciudades más importantes, el presidente conservaba el mismo grado de popularidad de su segundo mes de mandato, 72 por ciento.
El uribismo sostiene que su líder ha devuelto la confianza al país y es el único capaz de mantener la guerra contrainsurgente, financiada por Estados Unidos a través del Plan Colombia.
Su gobierno recibe la tercera financiación militar estadounidense después de Israel y Egipto, por lo cual Colombia tiene la quinta flota mundial de helicópteros UH-60, el cuerpo de policía más grande de América Latina y un ejército con más efectivos que Brasil, la potencia regional.
Desde que se evidenció la aprobación de la reelección, dos meses atrás, los críticos de Uribe señalan que todos sus actos inciden en la campaña electoral y se financian con dineros públicos.
El 2 de diciembre se lanzó en Bogotá la precandidatura presidencial de Carlos Gaviria, senador por Alternativa Democrática, una de las dos fuerzas izquierdistas minoritarias del parlamento. La otra es el PDI.
Primero en lanzarse al agua, Gaviria es un acatado constitucionalista, ex magistrado y catedrático que prefiere "conversar" con su auditorio y rechaza la retórica.
En el amplio abanico opositor, que incluye el ala socialdemócrata del Partido Liberal, mayoritario pero dividido entre quienes apoyan Uribe y quienes le son adversos, hay consenso en la necesidad de enfrentar al coloso de las encuestas con un solo candidato.
En este polarizado país andino, la consigna de "todos contra Uribe" pretende reeditar la derrota que el presidente sufrió en octubre de 2003, cuando una amplia coalición sepultó un referendo de iniciativa gubernamental.
Pero una cosa fue ponerse de acuerdo en el "no" al referendo, y otra acordar un solo candidato presidencial.
Ante la posibilidad real de que tan diversos sectores no logren ese acuerdo, el ex ministro liberal y ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro, propuso el voto en blanco, que podría obligar a repetir las elecciones.
Uribe guarda silencio públicamente sobre su reelección, pero en foros más cerrados, como gremios de empresarios, manifiesta interés por "los voticos".
En noviembre, el mandatario dijo al periodista Hernando Alvarez, de la cadena británica BBC, que "el problema no es de ambición reeleccionista, el problema es garantizar que este país tenga suficiente tiempo para derrotar el terrorismo".
"Hay que confiar en el buen juicio de la gente", agregó.
Es como si "el presidente (de Estados Unidos, George W.) Bush, para ganar la guerra contra Iraq, en su segundo periodo pidiera que se le permita hacer una reforma constitucional para gobernar por un tercer período", dijo Novoa.
Con la reforma "se están rompiendo los equilibrios constitucionales, tal como lo hicieron (el ex presidente argentino Carlos) Menem (1989-1999) y (el peruano Alberto) Fujimori (1990-2000) en su momento", dijo Novoa.
"Ya no hay necesidad del golpe militar o de Estado, sino de reformas institucionales para la perpetuación en el poder de gobiernos de signo autoritario que conducen a la corrupción", opinó.
Ambos mandatarios promovieron desde el poder reformas que les permitieron la reelección, y salieron triunfantes. Sin embargo, en el caso del peruano, medió un verdadero autogolpe de Estado, con la disolución del parlamento, tras lo cual se redactó y aprobó la nueva Constitución. Varios procesos de corrupción se siguen contra Menem y Fujimori.
Pero la oposición a Uribe no es lo único que impulsa a la unión.
Para poner fin a la atomización de las fuerzas electorales, una reforma política aprobada a mediados de 2003 obliga a la agrupación en partidos y exige para tal categoría un umbral electoral de dos por ciento, equivalente a unos 480.000 sufragios.
En las pasadas elecciones sólo tres senadores actuales superaron los 400.000 votos: Germán Vargas Lleras, Luis Alfredo Ramos (ambos uribistas) y Antonio Navarro (hoy del PDI).
En estas condiciones, "la unidad es ahora una obligación", subrayó Novoa.
El ambiente se enrareció el sábado con la revelación, en el noticiero de televisión Noticias Uno, de una conversación grabada secretamente en Santa Fe de Ralito, donde paramilitares derechistas negocian su desmovilización con el gubernamental alto comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo.
En la grabación, el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, Adolfo Paz ("Don Berna" en el mundo del narcotráfico) y Jorge 40, segundo de Mancuso y acusado de reiterados ataques a los pueblos indígenas kankuamo y wayuú, analizan con Restrepo las condiciones para deponer las armas.
Mancuso, cuya extradición por narcotráfico fue pedida por Estados Unidos pero suspendida por Uribe para obligarlo a acatar los acuerdos de desmovilización, expresa sus dudas sobre las seguridades de que no será extraditado aun después de haber pagado cárcel en Colombia.
Mientras Mancuso exige al respecto "una solución de raíz", Don Berna pide la reforma del artículo 35, que permite la extradición de nacionales.
Restrepo expresa que en la extradición "simplemente se deja el asunto como está, es decir se deja el asunto en manos del Ejecutivo para que el Ejecutivo tome la decisión política. ¿Eso qué implica?", pregunta el comisionado.
"Reelegir al presidente", le replica Jorge 40, según la grabación.
Novoa recordó que estimaciones de la anterior administración colocaban bajo control de los paramilitares 30 por ciento del Congreso legislativo. Posteriormente, Mancuso habló de 35 por ciento.
"No estamos en un proceso de desmovilización del paramilitarismo, sino de su transformación en un fenómeno político y social que mantiene el control en sus zonas de influencia. Ahora el paramilitarismo copó el Estado por dentro, a través de la negociación de Santa Fe de Ralito", opinó Novoa.
El jurista cree que las próximas elecciones, que deberán realizarse en 16 meses, estarán "paramilitarizadas", pero por "una fuerza cuyo poderío no va a estar ya en las armas, sino en su copamiento de la institucionalidad local y regional", sostuvo. (FIN/IPS/cv/dcl/ip cb/04)
