Ser campesino pobre y oponerse a la tala de bosque en México pueden ser razones suficientes para terminar en la cárcel. Así lo indican cinco casos desde 1999. El último es el de Felipe Arriaga, detenido en noviembre bajo acusaciones de asesinato, pero pronto podrían sumarse otros 13.
Mi problema es por defender los bosques. No en vano el que me acusa es un 'talamontes', dijo Arriaga a Tierramérica desde una prisión en Guerrero, estado del sureste mexicano donde colabora con la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
El testimonio de Arriaga es una copia casi exacta de los rendidos en su momento por otros cuatro campesinos ambientalistas, pobres y semianalfabetos.
En esos casos, los acusados denunciaron que por combatir la tala fueron víctimas de fabricación de pruebas y torturas por parte de autoridades. Organizaciones de derechos humanos locales e internacionales los consideraron presos de conciencia.
Posteriormente fueron liberados.
En México se usa el sistema judicial para silenciar o desanimar a las voces disidentes y la oposición de la sociedad civil, recurriendo a cargos penales falsos o infundados, sostuvo Amnistía Internacional, con sede en Londres, a propósito de la reiteración de campesinos encarcelados.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, compañeros de Arriaga en la Organización de Campesinos Ecologistas de Guerrero, dejaron la cárcel en 2001 por intervención del presidente Vicente Fox, quien aduciendo que los acusados tenían problemas de salud ordenó el perdón de sus penas, de hasta 10 años de prisión, y el cierre de los procesos en su contra.
Montiel y Cabrera, quienes habían sido detenidos en 1999 acusados de posesión de armas y cultivo de marihuana, demandaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en reclamo de reparación de daños, sanción a los militares que los detuvieron y torturaron, y una declaratoria plena de inocencia.
Hoy, Montiel y Cabrera viven semiclandestinos y lejos de Guerrero, pues temen atentados de los taladores de árboles a los que combatieron.
El caso de Arriaga es muy similar al de Montiel y Cabrera. Se trata de acusaciones sospechosas dirigidas contra quienes se oponen a la tala, dijo a Tierramérica Mario Patrón, coordinador jurídico de Tlachinollan, una organización de derechos humanos de Guerrero.
Patrón fue uno de los abogados de Montiel y Cabrera y es posible que tome el caso de Arriaga, quien está acusado de participación en el asesinato en 1998 de un hijo de Bernardino Batista, líder de organizaciones de taladores. Por ese mismo crimen están pendientes 13 órdenes de detención, todas contra campesinos contrarios a la deforestación en Guerrero.
Te voy a ser claro, uno se mete con ciertos intereses y ese es el problema, por eso estoy aquí (en prisión). Pero tengo la certeza de que me tienen que liberar porque no he hecho nada, al igual que mis compadres Montiel y Cabrera, quienes ya están libres, dijo Arriaga.
Con menos de 28 por ciento de su territorio cubierto de bosques, México pierde cada año más de 500.000 hectáreas de árboles. Gran parte de esa destrucción ocurre a manos de grupos vinculados con la delincuencia organizada.
En prisión, Montiel y Cabrera recibieron de organizaciones estadounidenses el premio Goldman, considerado un Nobel de la ecología y dotado de 125.000 dólares, y el galardón Chico Mendes, en memoria del campesino, sindicalista y ambientalista brasileño asesinado en 1988.
Patrón afirma que la destrucción del bosque en las sierras de Guerrero se detuvo cuando sus clientes estaban presos, pero se reactivó en los últimos dos años.
Cerca de 40 por ciento de los bosques de las sierras de Petetlán y Coyuca de Catalán, en Guerrero, donde Montiel y Cabrera vivían, fue destruido entre 1992 y 2000, asegura la organización no gubernamental ecologista Greenpeace.
Imágenes de satélite prueban que en esas serranías se perdieron en ocho años 86.000 de las 226.203 hectáreas de bosques existentes.
Similar destrucción se registra en Coloradas de la Virgen, zona de más de 50.000 hectáreas ubicada en el septentrional estado de Chihuahua, hogar ancestral de los indígenas rarámuris, donde viven unas 360 familias.
De allí son Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, indígenas que también han combatido la deforestación. Liberados en junio por decisión judicial, permanecieron poco más de dos años confinados bajo cargos de posesión de armas y drogas.
Me comprometí a seguir con la lucha, y ahora me siento aun más comprometido, pues mucha gente y organizaciones apoyaron mi libertad, dijo Baldenegro a Tierramérica vía telefónica desde su comunidad en la Sierra Tarahumara.
Baldenegro, hijo de un dirigente rural asesinado en 1986 aparentemente por enfrentarse a taladores de bosques, cuenta con protección policial, pues se teme que sea asesinado.
No he sentido ahora muy de cerca la presencia del peligro y las amenazas. Pero si finalmente ganamos en los tribunales que se pare la tala, yo creo que sí se sentirían muy ofendidos (los grupos que cortan madera) y tratarían de eliminarnos a algunas personas, dijo el campesino.
Según se supo durante el proceso contra Baldenegro y Rivas, las acusaciones fueron infundadas y varios policías sembraron pruebas en su contra. No obstante, los culpables de esos delitos, al igual que los militares que torturaron y acusaron a Montiel y Cabrera, están libres y nunca fueron sancionados.
* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 11 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
