Defensores de los derechos civiles de Estados Unidos recopilan evidencia sobre actividades de espionaje policial a organizaciones políticas, ambientalistas y religiosas en nombre de la guerra contra el terrorismo.
Solicitudes enmarcadas en la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) fueron presentados ante las autoridades en 10 estados y en el distrito de Columbia para conocer detalles al respecto.
En esos pedidos, se inquiere sobre el uso de las Fuerzas de Tareas Conjuntas contra el Terrorismo (JTTF) y de los cuerpos policiales locales por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) en operaciones de vigilancia política.
Las JTTF son cuerpos legales de enlace entre el FBI y las policías locales. Según este esquema, agentes locales actúan como si fueran federales y trabajan con el FBI en la identificación y control de grupos e individuos.
Las solicitudes, presentadas por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), la organización más antigua en su clase de Estados Unidos, y el Comité Antidiscriminatorio Árabe-Estadounidense (ADC), inquieren por archivos del FBI sobre grupos o individuos investigados por manifestar o practicar su religión.
También se solicita información para establecer si las políticas, prácticas y estructura de financiamiento de las JTTF alientan tareas de espionaje injustificadas.
Nuestro objetivo es conocer al máximo cómo el FBI usa las JTTF y sus criterios para infiltrarse en esos grupos, dijo a IPS el abogado de ACLU Ben Wizner.
Una de las solicitudes de información identifica organizaciones como la pacifista United for Peace and Justice, la ambientalista Greenpeace, la feminista Code Pink y el ADC.
Según Wizner, el fiscal general John Ashcroft anuló una directiva del FBI, impuesta luego de la infiltración de organizaciones de derechos civiles en los años 60 y 70, que prohibía a los agentes espiar a personas o grupos a menos que se tratara de la investigación de un delito.
La resolución de Ashcroft fue posterior al inicio de la guerra contra el terrorismo declarada por el presidente George W. Bush tras los atentados que el 11 de septiembre de 2001 dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington.
Al eliminar esa política, Ashcroft alentó a los agentes del FBI a salir de pesca por mezquitas y reuniones pacifistas sin ninguna sospecha razonable de que se hubiera cometido un delito, según Wizner.
La presidenta del ADC, Mary Rose Oakar, dijo que su organización apoya todos los esfuerzos para garantizar la seguridad en el país y pretende que las agencias de la ley y el orden protejan a la población de delincuentes y terroristas reales.
Pero apuntar contra árabes y musulmanes sobre la base del origen nacional y la religión, enviar agentes encubiertos a reuniones pacifistas e infiltrar grupos estudiantiles no nos da más seguridad, advirtió.
El FBI no debería malgastar su tiempo y el dinero de nuestros impuestos espiando grupos críticos de ciertas acciones del gobierno, agregó la dirigente.
Este año hubo denuncias de agentes integrantes de JTTF que visitaron a activistas de todo el país para preguntarles sobre sus planes mientras se celebrara en agosto el Comité Nacional del gobernante Partido Republicano en Nueva York, instancia en que se postuló a Bush a la reelección.
Ni siquiera habíamos estado siguiendo las noticias sobre la Convención, ni tampoco que fuera a celebrarse, dijo la activista Sarah Bardwell a IPS luego de recibir la visita de cuatro agentes del FBI y dos agentes de policía en su casa en Denver.
Creo que el FBI está justificando violaciones a los derechos civiles de la primera enmienda de la Constitución, entre ellas la libertad de credo, de expresión y de reunión, agregó Bardwell.
La directora adjunta del FBI Cassandra M. Chandler aseguró en agosto que la agencia no está controlando grupos ni entrevistando a individuos, a menos que reciba (información de) inteligencia en cuanto a que esos individuos o grupos puedan estar planeando violencia y actividad criminal perjudicial o que tengan conocimiento de tales actividades.
El FBI realizó entrevistas, dentro de los límites de la Constitución, para determinar la validez de la información sobre amenazas, añadió.
Desde los atentados de septiembre de 2001, el FBI, parte del Departamento (ministerio) de Justicia, elevó su nivel de control y vigilancia de grupos e individuos a los que considera sospechosos.
Tanto ésta como otras agencias vieron sus facultades muy aumentadas por la Ley Patriota, aprobada de manera acelerada por el Congreso legislativo tras los atentados. La ley permite a esos organismos realizar grabaciones furtivas sin notificar de inmediato al sujeto o sujetos vigilados.
El gobierno asegura estar haciendo los máximos esfuerzos para construir puentes con las comunidades árabe e islámica, pero, al mismo tiempo, continúa practicando la discriminación y el acoso, según las organizaciones que las representan.
También la Comisión de Derechos Civiles, un organismo oficial independiente e integrado por representantes del gobierno y de la oposición, alertó recientemente sobre vigilancia policial generalizada sobre árabes y musulmanes estadounidenses por parte del Departamento (ministerio) de Seguridad Interior o otras agencias.
Pero los organismos acusados afirman que no han realizado redadas ni vigilancias especiales contra ninguna de esas comunidades.
Sin embargo, desde los atentados de 2001 fueron arrestados 5.000 musulmanes y árabes, algunos por largos periodos sin asistencia de un abogado, sin que ninguno fuera acusado por delitos vinculados con el terrorismo.
El ADC y otras 15 organizaciones de derechos humanos y civiles demandaron al Departamento de Seguridad Interior información sobre los arrestados.
(*) Con informes de Marty Logan desde Montreal
