La Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático demostró en su décima edición su vigor como herramienta para empujar la reducción de emisiones de gases invernadero, pero también dejó en evidencia que el tiempo político va mucho más lento que el recalentamiento global a combatir.
¿Cuántas más inundaciones, huracanes o sequías se registrarán hasta que los acuerdos de reducción de emisiones o de adaptación al aumento de la temperatura global sean tan ambiciosos como para disminuir los impactos devastadores que recaen en primer lugar sobre el mundo en desarrollo? ¿Cuántas islas tendrán que desaparecer del mapamundi hasta tanto?
A 10 años de la entrada en vigencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la incertidumbre científica sobre el impacto de las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero sobre la atmósfera se redujo de modo considerable y creció, a su vez, el saber sobre los daños que causarán las alteraciones climáticas en los países más vulnerables.
No obstante, el proceso burocrático, cada vez más pesado en instituciones y normas, sigue muy rezagado a la hora de la acción preventiva.
Promesas varias dejó como saldo la X Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, más conocida como COP-10, que convocó a Buenos Aires del 6 a la madrugada del sábado 18 de este mes a más de 6.000 participantes, entre delegados de gobiernos y sociedad civil, ambientalistas y empresarios.
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A poco de comenzar la COP-10 se diluyó el optimismo surgido con la decisión de Rusia de ratificar el Protocolo de Kyoto, firmado en 1997 en esa ciudad japonesa y que obliga a los países industrializados a reducir 5,2 por ciento sus emisiones de gases invernadero, en especial el dióxido de carbono, respecto de los volúmenes emitidos en 1990, meta a cumplirse antes 2012.
Esa ratificación por el parlamento ruso permitirá que el 16 de febrero entre en vigor el acuerdo mundial que incentiva a cumplirlo directamente o a través de los denominados mecanismos de flexibilización, que son el comercio de derechos de emisión, la implementación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio.
El Protocolo fue ratificado por todos los países industrializados menos por Australia y por Estados Unidos, que, además, tras la llegada al gobierno de George W. Bush retiró la firma estampada por su antecesor Bill Clinton.
Las grandes empresas deberán ahora mostrar si son capaces de presentar proyectos de reducción de emisiones que contribuyan a limpiar la atmósfera y no sólo se dediquen a hacer buenos negocios con el carbono, el nuevo bien de mercado creado por el Protocolo de Kyoto.
Los delegados de 170 países que asistieron a la COP-10 consiguieron dos resultados claves, según resumieron en el plenario de cierre de la reunión. Aprobaron una iniciativa argentina para volver a sentar a Estados Unidos alrededor de la mesa de diálogo sobre mitigación, y acordaron un plan de acción sobre adaptación.
La cosecha fue magra si se la compara con los informes académicos y de organismos ambientalistas difundidos ampliamente durante la reunión, en los que se alerta sobre los graves efectos del cambio climático que ya se observan en muchos países y las proyecciones sobre lo que vendrá.
La Unión Europea (UE), a la que se le reconoce un cierto liderazgo gubernamental en estas negociaciones, propuso trabajar para obtener el compromiso de evitar que la temperatura suba más de dos grados en este siglo, pero este llamado resulta ya tardío. Los expertos estiman que aún con ese aumento gradual del calor los daños serían fatales en 100 años.
Los países más vulnerables insistieron con el argumento de que el cambio climático resulta para ellos mucho más catastrófico que el terrorismo internacional, una apelación directa a Estados Unidos y a la UE para generar conciencia de la necesidad y la urgencia de poner este problema en los primeros puestos de la agenda mundial.
En ese sentido, la idea de un seminario en 2005 en el que los gobiernos intercambien puntos de vista sobre modos de mitigar el recalentamiento de la atmósfera es un paso, pero para aprobar la propuesta se debió dejar en claro que por ahora no se exigirán compromisos de reducción de emisiones ni a Estados Unidos ni a los grandes países en desarrollo.
Respecto del "Programa de Trabajo de Buenos Aires sobre Adaptación y Medidas de Respuesta", se trata apenas de una agenda de asuntos que requieren atención de los donadores para avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos con los países en desarrollo a fin de adoptar medidas de prevención frente al cambio climático.
Pero no se logró arrancar más que un compromiso muy modesto por parte de la UE, que comenzará a alimentar en 2005 un fondo anual de 420 millones de dólares para esos fines. Esos recursos deberán repartirse entre los países en desarrollo en los que el costo de cada catástrofe provocada por el cambio de clima es superior a varios miles de millones.
La Conferencia se mostró una vez más como un foro de debate abierto y democrático en el que los países tienen representación equitativa más allá de las reales posibilidades de participación. Algunos países enviaron a un solo representante, como Bahamas, mientras que otros gobiernos se hicieron presente con 100, como Estados Unidos, y hasta con 200 delegados, como Brasil.
"Esto no es el Consejo de Seguridad", le espetó un representante argentino a su par estadounidense en una de las sesiones, en alusión a la capacidad de los países más poderosos para aprobar o vetar decisiones que afectan al resto del mundo en el organismo máximo de ejecución de la Organización de las Naciones Unidas o en otros foros.
No obstante, se perdió la oportunidad de ejercer mayor presión política sobre Washington y se cedió a sus pretensiones. Los delegados se justificaron en la necesidad de tener de vuelta en la mesa de diálogo al principal responsable de las emisiones de gases invernadero, producto de la quema de combustible fósil, como el carbón o el petróleo. Pero se pudo haber logrado mucho más.
La idea de realizar por primera vez paneles temáticos de discusión entre ministros, en lugar de la tradicional sucesión de discursos ante un público que se va extinguiendo, no fue una herramienta utilizada a favor de presionar públicamente a los países industrializados para obtener resultados favorables al mundo en desarrollo.
En los encuentros de ministros estuvieron representantes de potencias como Estados Unidos y China junto a delegados de países de vulnerabilidad crítica como Tuvalu o Kiribati, dos archipiélagos del océano Pacífico que podrían desaparecer con el aumento del nivel del mar.
Sin embargo no se concretó el debate esperado porque los funcionarios se aferraron a discursos preparados antes de salir de casa, y eludieron el cruce de ideas o de principios.
En tanto, las organizaciones ambientalistas lamentaron que, pese al clima esperanzador que precedió a la reunión, las conclusiones hayan sido tan pobres.
El Foro del Buen Ayre, que agrupa a más de un centenar de organizaciones no gubernamentales de Argentina y de algunos otros países de América Latina, expresó su "profunda decepción" por la falta de avances y sobre todo por la ausencia de apoyo financiero al programa sobre adaptación, que prometía ser el tema principal de esta Conferencia.
Para el colectivo de organismos los resultados de la reunión "dan a entender que existe una actitud de oídos sordos a las evidencias científicas y técnicas de expertos que han presentado durante esta reunión dramáticos resultados actuales y futuros con pérdidas sociales, económicas y ambientales cuantiosas", remarcaron.
Roque Pedace, de la no gubernamental Amigos de la Tierra Internacional, señaló a IPS que, aun cuando pueda resultar positivo avanzar en un seminario con Estados Unidos, en la mesa de debate "se observa poco interés de los negociadores en reconocer la urgencia" que existe en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
"Tenemos poco tiempo y las medidas que están tomando son dilatorias, quisiéramos decisiones más rápidas, que nos digan quién va a financiar la adaptación", exhortó.
En este marco, Pedace rescató como "novedad" el concepto de "deudores ambientales" que lanzó en la conferencia un orador inesperado, como fue el propio presidente argentino Néstor Kirchner. Si bien su administración ambiental es blanco de severas críticas por parte de organizaciones no gubernamentales, su discurso causó un fuerte impacto.
El argentino identificó a los acreedores de la deuda externa de los países en desarrollo como los deudores ambientales de los países más pobres, dueños de una biodiversidad devastada por la demanda creciente y voraz de consumo en el Norte.
El argumento fue recogido por los ministros latinoamericanos de Ambiente en una declaración en favor de acelerar los esfuerzos para la adaptación a la alteración del clima, un aval que podría marcar el eje de futuros reclamos para dar mayor impulso a una negociación que debería avanzar más rápido que lo que marca el termómetro.
