«Estados Unidos se ha pronunciado», declaró el presidente George W. Bush al proclamar su reelección. Lo que no está claro es si todos los ciudadanos han sido escuchados.
A diferencia de las elecciones de 2000, que fueron muy reñidas y cuyo resultado debió ser dirimido por la Corte Suprema, el desenlace de los comicios del martes fue contundente, con 51 por ciento de los sufragios para Bush y 48 para el opositor demócrata John Kerry, que reconoció su derrota.
Aun así, algunos grupos sostienen que el resultado no reflejó la voluntad de todos los ciudadanos estadounidenses que votaron o intentaron votar.
Los políticos se preocupan porque Estados Unidos se transforme en un país dividido; nosotros nos preocupamos porque se transforme en una nación privada del derecho al voto, en especial para los afro-estadounidenses, los latinos y los indígenas, declaró George Friday, de la Red Independiente de Política Progresista, en un comunicado de prensa.
Varios votantes tempranos del (sudoriental) estado de Florida tuvieron problemas para emitir su voto por el candidato de su elección, según la National Public Radio y otras fuentes, dice la declaración.
La mayor parte de los problemas del sufragio electrónico sólo se harán evidentes en los próximos días y podrían afectar cientos de miles de votos, desproporcionadamente concentrados en comunidades con alto número de analfabetos y negros, agregó.
Otro grupo, la Coalición de Protección Electoral, afirmó que recibió 70.000 llamadas en la jornada electoral del martes (150.000 si se cuentan los días previos) de ciudadanos que tenían problemas para votar. La mayoría era de personas que habían solicitado papeletas de votación en ausencia y no las recibieron, dijo a IPS una portavoz del grupo.
Otras no estaban seguras de su lugar de votación o de los requisitos de identificación, explicó.
La base de datos de la Coalición registra problemas denunciados en centros locales de votación, incluso del condado de Cuyahoga, en el estado de Ohio, un bastión demócrata con unos 750 votantes.
Tres de nueve máquinas de votación del sitio estaban rotas, lo que causó largas filas y esperas de horas. Más de dos decenas de ciudadanos debieron irse sin votar, se quejó un votante.
Muchos de estos problemas se denunciaron antes de la jornada electoral del martes. En Florida, las elecciones comenzaron dos semanas antes.
En el estado de Ohio, las acciones judiciales comenzaron hace semanas, pues abogados demócratas objetaron los cuestionamientos del gobernante Partido Republicano a la inscripción de decenas de miles de nuevos votantes, con el argumento de que constituían una táctica intimidatoria.
Un tribunal federal de apelaciones sentenció que los cuestionamientos republicanos eran pertinentes.
Una misión observadora de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) que visitó Estados Unidos en septiembre, por invitación del gobierno, informó que escuchó preocupaciones en relación con el derecho al voto y la posibilidad de que este derecho no sea debidamente aplicado ni protegido en todo el país.
La Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, dependiente de la OSCE, manifestó inquietud por el creciente uso de máquinas electrónicas de votación que no permiten un control ni un recuento manual, así como incoherencias en el manejo de las nuevas papeletas provisionales, destinadas a los votantes que no figuran en el padrón electoral.
En la víspera de la elección, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) y otros dos grupos advirtieron que demasiados funcionarios públicos y partidarios intentan desalentar el ejercicio del derecho al voto, en vez de dedicar sus energías a resolver los problemas que privaron a millones de estadounidenses del derecho al sufragio en 2000.
En un informe, la NAACCP denunció problemas sistemáticos con el procedimiento de registro, la identificación de los votantes y los equipos de votación.
Según el documento, copublicado con la fundación People for the American Way y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles según la Ley, clasificó las tácticas intimidatorias en dos: las procedentes de funcionarios electorales y las de activistas partidarios.
Un ejemplo de intimidación oficial, según el informe, fue una orden de la secretaria de Estado de Florida, Glenda Hood, quien dijo que los supervisores electorales locales deberían descartar las tarjetas de votación si los votantes no marcaban un cuadro para declarar que eran ciudadanos estadounidenses.
El informe señaló que nuevos incidentes salen a la luz cada día, mientras otros permanecen ocultos de la luz pública.
El Proyecto por los Derechos Humanos Económicos, una coalición de grupos, urgió el miércoles a la Organización de las Naciones Unidas a enviar observadores para vigilar el escrutinio (que continúa en varios estados) y a comprometerse a realizar una audiencia si las denuncias de violaciones al derecho al sufragio son muy numerosas.
