Si dentro de unos años retornan las dictaduras militares o las guerras sucias a América Latina, algún historiador podrá rastrear pistas de ese proceso en las intervenciones del estadounidense Donald Rumsfeld en la conferencia de ministros de Defensa celebrada en Quito.
Pero los investigadores se enfrentarán con un vacío en la prensa de Estados Unidos y en los archivos de los noticieros televisivos. Para la vasta mayoría de los medios de comunicación, la conferencia fue el equivalente del proverbial árbol talado en un bosque solitario. Nadie lo oyó caer.
Mientras los grandes medios llenaban páginas con especulaciones sobre el futuro de Rumsfeld en la segunda presidencia de George W. Bush, la contribución del secretario de Defensa en la reunión en Quito era ignorada por los periodistas, con un puñado de excepciones.
Por desgracia. Porque, en muchos sentidos, la conferencia confirmó una evolución en la política estadounidense en marcha desde que Bush declaró su "guerra contra el terrorismo" a raíz de los atentados que dejaron 3.000 muertos en Nueva York y en Washington el 11 de septiembre de 2001.
De hecho, el objetivo de la conferencia era construir una "nueva arquitectura" de seguridad continental en que las fuerzas armadas jugarían, según el gobierno de Bush, un papel clave.
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Por casi dos decenios, Estados Unidos ha urgido a los militares latinoamericanos a apartarse de la doctrina de la "seguridad nacional", que sirvió de abono durante la guerra fría a la constitución de numerosas dictaduras militares y a una ola de violaciones de derechos humanos en la región.
Pero la semana pasada, Rumsfeld pareció predicar las virtudes de ese enfoque, tal vez bajo una nueva denominación, como doctrina de la "soberanía nacional". En sus intervenciones ante sus pares americanos, el funcionario estadounidense llegó a sugerir que, dados los desafíos que representan las amenazas del siglo XXI, era tiempo de analizar la conveniencia de separar las fuerzas armadas de la policía
Rumsfeld se refería a una de las reformas más perseguidas por activistas de derechos humanos, tanto de Estados Unidos como de América Latina, como medio para reafirmar el control civil sobre los militares. "Desde el 11 de septiembre de 2001, hemos debido reexaminar en lo esencial la relación entre nuestros militares y nuestras responsabilidades en materia de ley y orden en Estados Unidos", dijo el secretario de Defensa, cuya boca no pronunció en ningún momento el término "derechos humanos".
"Los complejos desafíos de esta nueva era y las amenazas asimétricas con que nos enfrentamos requieren que todos los elementos del Estado y de la sociedad actúen juntos", agregó.
Rumsfeld incluyó entre los "enemigos" a los que las fuerzas armadas de la región deben hacer frente a varios actores que normalmente deberían ser combatidos por las autoridades civiles: "terroristas, narcotraficantes, tomadores de rehenes y pandillas criminales forman una combinación antisocial que procura cada vez más desestabilizar a la sociedad civil", declaró, borroneando la frontera entre militares policías.
Y en el proceso de redacción de la declaración final de Quito, Rumsfeld rechazó una iniciativa de Canadá, apoyada por Brasil y Chile, de equilibrar propuestas antiterroristas con explícitas referencias a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, que protege a los civiles afectados por conflictos y a los prisioneros de guerra, dijo el abogado argentino Gastón Chillier, de la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
"Esencialmente decían: 'El terrorismo es la prioridad de la región, y los derechos humanos no son un requisito para el combate al terrorismo. Ése es un mensaje equivocado para una región en que los militares utilizaron esa filosofía durante la guerra sucia para cometer graves violaciones", dijo Chillier a IPS.
En otra actualización de la doctrina de la seguridad nacional, Rumsfeld también postuló una mayor cooperación entre los militares de la región, en particular en áreas fronterizas donde "los enemigos frecuentemente encuentran refugio".
"Fortalecer la soberanía y garantizar la soberanía efectiva sobre nuestros territorios nacionales debe ser un objetivo fundamental. No hay ninguna nación que pueda cumplir estos desafíos por sí misma: simplemente, no será posible", enfatizó.
A pesar de su importancia para las relaciones entre Washington y América Latina, los grandes medios de comunicación estadounidenses no le dieron mayor importancia a las afirmaciones de Rumsfeld ni a la fuerte resistencia que encontró en la mayoría de sus pares de la región.
Aunque los principales servicios de noticias —Associated Press y Reuters— transmitieron algunos informes desde Quito, apenas un puñado de periódicos los publicaron, en versiones muy abreviadas.
El diario The Washington Post directamente ignoró la reunión, que fue objeto de un breve informe en The New York Times referido al uso que los terroristas podrían darle a las rutas empleados por los traficantes de seres humanos para introducir inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
The Miami Herald, el Denver Post, el Akron Beacon Journal, el San Jose Mercury News y Los Angeles Times publicaron informes más extensos. Pero en virtualmente todos ellos Rumsfeld y otras altas fuentes del Pentágono eran citadas como única fuente, según una búsqueda en el banco de datos Nexis-Lexis.
Los pocos funcionarios latinoamericanos consultados se refirieron sólo al despliegue de la fuerza de paz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Haití y a la voluntad de los militares de la región en cooperar con la lucha contra el narcotráfico.
Sólo el diario The Miami Herald destacó las recomendaciones de Rumsfeld respecto de ampliar el rol de las fuerzas armadas, y citó las opiniones en contrario de los ministros de Defensa José Pampuro, de Argentina, y José Alencar, de Brasil.
Y los diarios de Denver y Akron fueron los únicos que no citaban como fuente predominante a Rumsfeld y que enfatizaban en las diferencias entre el secretario de Defensa estadounidense y sus pares latinoamericanos.
Ese informe fue redactado por el corresponsal del servicio de noticias de The Washington Post, Bruce Finley, y se titulaba "América Latina cautelosa por llamados a ayudar en esfuerzo antiterrorista", y no fue publicado por ese diario de la capital estadounidense. También figuraban entre sus fuentes delegados de organizaciones no gubernamentales.
En la nota aparecían declaraciones del general retirado René Vargas, ex comandante del ejército ecuatoriano, que cuestionaba las intenciones de Estados Unidos en su país y la desconexión entre la estrategia de Washington y las prioridades latinoamericanas.
"En América Latina no hay terroristas, sólo hambre, desempleo y personas que recurren al delito. ¿Qué vamos a hacer, golpearlos con una banana?", se preguntaba Vargas.
En el mismo informe, el brasileño Alencar exhortaba al desarme mundial e insistía en que "la causa del terrorismo no es sólo el fundamentalismo, sino la miseria y el hambre".
