China no tiene un magnate del petróleo como Mijail Jodorkovsky, ex presidente de la firma petrolera rusa Yukos, pero está envuelta en una batalla legal similar a la del Kremlin, aunque de menores dimensiones, por el crudo y sus beneficios.
Tras un breve flirteo con los inversores privados, Beijing comenzó a reprimir a los actores independientes del sector petrolero. Uno de los ejemplos más claros fue la confiscación de miles de pozos privados en el noroeste del país, como parte de una campaña de limpieza ambiental y reforma de la industria.
Pero en un giro legal imprevisto, quienes invirtieron en los pozos —miles de empresarios privados de la zona central del país— se preparan para demandar al gobierno.
Los pozos abarcan un área que se extiende por 15 condados en la noroccidental provincia de Shannxi, y valen unos 7.000 millones de yuan (845 millones de dólares), según los inversores.
El experimento de Shaanxi nunca tuvo publicidad oficial, pero estos pozos han generado mucho dinero. Lo tomamos como una señal de que se permitiría una privatización moderada en el sector, declaró un ejecutivo extranjero de la industria.
La demanda colectiva podría transformarse en la mayor acción de ese tipo contra el gobierno, según expertos legales.
El caso ha generado tanta atención en círculos académicos chinos que se creó un foro de debate en línea, y un sitio web independiente (http://www.sbmysyw.com) ofrece documentos relacionados con el caso.
Para el jurista Jiang Ping, esta situación ilustra los peligros de conducir una empresa privada en China, cuya Constitución ofrece escasa protección contra la inconducta administrativa.
Pese a las últimas reformas legales, que fortalecieron la protección constitucional de la propiedad privada, muchas empresas privadas de China tienen serias dificultades para obtener compensación si sus derechos son infringidos.
Desde el comienzo de la confiscación de los pozos petroleros, el año pasado, se registraron violentos choques entre la policía local y los empresarios. En los últimos meses, los sitios web de las empresas afectadas han sido clausurados.
La inquietud de las autoridades por la escasez de energía se suma a la preocupación de los inversores. Tanto el presidente Hu Jintao como el primer ministro Wen Jiabao otorgan gran importancia a la seguridad de las fuentes de energía.
La enorme demanda de energía de la pujante economía china contribuyó al aumento de los precios del petróleo este año.
Los últimos pronósticos de la Comisión Estatal de Reforma y Desarrollo señalan que China seguirá padeciendo escasez de energía este invierno boreal.
La renacionalización de Shaanxi se asemeja en menor escala a una dura batalla del gobierno de Rusia para recobrar el poder estatal sobre las estratégicas reservas de petróleo.
La batalla del Kremlin con la gigantesca empresa petrolera Yukos permitió a Beijing apreciar los riesgos políticos y económicos del desvío de recursos energéticos del Estado.
Yukos produce cerca de dos por ciento del petróleo mundial, y su caso judicial creó temores a interrupciones en el suministro que contribuyeron a que los precios del petróleo alcanzaran techos históricos.
Beijing, comprador de Yukos, sintió de primera mano la amenaza de esa interrupción cuando la empresa advirtió en septiembre que podría suspender los embarques a China debido a sus dificultades financieras.
A diferencia de Rusia, que comenzó a privatizar la industria petrolera en 1992, China nunca permitió formalmente la actividad de actores privados en el sector, pero por un breve período, a mediados y fines de los años 90, Beijing toleró el experimento de Shaanxi porque sirvió financieramente a gobiernos locales y ofreció un sustento a miles de chinos de las áreas más pobres del país.
Los yacimientos de crudo en las prefecturas de Yulin y Yanan se cuentan entre las reservas probadas más antiguas del país. Pero debido a lo escabroso del terreno y al alto costo de la explotación, los depósitos no se han desarrollado lo suficiente.
En 1994, el Consejo de Estado firmó un acuerdo por el que otorgó a los gobiernos locales los derechos de explotación de los yacimientos de Shaanxi, entonces en manos de la estatal Corporación Nacional Petrolera de China.
Con escasos fondos para emprender la explotación por sí mismas, las autoridades locales atrajeron a miles de inversores privados con la promesa de un alto retorno. Así, se formaron empresas conjuntas y el dinero comenzó a fluir junto con el petróleo.
Cerca de 100.000 personas invirtieron en los proyectos. Las inversiones variaron entre unos pocos miles y cientos de miles de yuan.
Zhu Jiuhu, abogado representante de los inversores, anunció que unas 10.000 personas reclamarán sus pozos ante la justicia. El caso será presentado el mes próximo en la Corte Provincial Suprema del Pueblo, en Shaanxi.
No vamos a luchar por una mejor compensación, dijo Zhu a IPS. Los inversores sólo quieren recuperar sus pozos. (
